viernes, 26 de junio de 2015

Una cosa no quita la otra

No existe contradicción alguna entre la crítica que dedicó la presidenta CFK al ministro de Economía inaugural de su primer mandato, Martín Lousteau, por el papel que a aquel le cupo en el diseño de la resolución 125 de retenciones a la soja --filosóficamente virtuosa, técnicamente deficiente--, y la defensa enfática que de aquella medida hiciera en su momento la fuerza política que ella conduce.

Esto más allá de las sustanciales ventajas que suponían las modificaciones incorporadas en la versión del proyecto de ley que a los mismos efectos aprobara la Cámara de Diputados de la Nación una vez que el conflicto había escalado de modo irreversible, previo a su naufragio en el Senado por obra y gracia del único desempate legislativo de un vicepresidente en contra de la posición del Poder Ejecutivo que integraba que registra la historia de la política a escala universal.

El lock out jamás tuvo por objeto los detalles que pudieran merecer correcciones de la decisión sino que se aprovechó el espacio que otorgó el error en su aspecto económico en específico, para embestir contra la capacidad operativa de un gobierno, en particular; y, de fondo, contra la potestad del Estado para intervenir en la economía y la idea misma de la redistribución del ingreso que de ello se deriva, según el equilibrio que defina la institucionalidad popularmente elaborada. Así las cosas, una claudicación en cuanto a la vigencia de aquella norma hubiese implicado, a su vez, convalidar la posibilidad de una torcedura en el brazo del poder democrático a través de una acción de fuerza de un sector privilegiado de la sociedad, apalancado para ello en el poder que tal posición significa. Se habría sentado como precedente una distorsión peligrosa.

Resultó preferible agotar las instancias legales correspondientes, y saldar el asunto según los mecanismos estipulados. Los hechos así lo demostraron: en 2011, CFK obtuvo su reelección venciendo aún en las ciudades características del negocio agrario (por caso, Leones, en Córdoba; Gualeguaychú, en Entre Ríos, cuna de uno de los cabecillas de la protesta, el actual senador nacional Alfredo De Angeli; y/o Venado Tuerto, en Santa Fe); y las PyMEs del sector --instrumentadas en función de los intereses de sus pares dominantes, verdaderos antagonistas del caso-- terminaron reconociendo que habrían obtenido mayores beneficios de la media sanción trunca que del statu quo consolidado por el voto no positivo.

En definitiva, aún en la equivocación científica, toda vez que aquello supuso desde el vamos un desafío de mando, no podía el gobierno nacional menos que plantarse en su posición de modo inflexible, aún a costa de una derrota circunstancial.

Nada de todo lo expuesto, sin embargo, quita que los números, efectivamente, estuvieron mal calculados.

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