jueves, 25 de junio de 2015

Porque si entre ellos se pelean...

Cuando todavía estábamos envueltos en discusiones de la interna del Frente para la Victoria, derivadas de la modalidad que escogió Florencio Randazzo para mezquinar su colaboración en la carrera sucesoria, que incluso han llevado a resucitar polémicas en torno al Manual de Conducción Política del general Perón, apareció la candidata a vicepresidenta del cambio, Gabriela Michetti, y, con su acostumbrada precariedad discursiva, le regaló a la presidenta CFK el mejor argumento a favor de su decisión de sellar los acuerdos del peronismo antes de las PASO y encarrilar los mayores esfuerzos ya en dirección hacia la polarización con el PRO.

Dijo, la ex vicejefa del gobierno porteño, que Argentina debe pagar la deuda con los fondos buitre según los términos dispuestos por la sentencia de Thomas Griesa a tal efecto: cien por ciento del monto exigido y al contado. Añadió, probablemente para suavizar la primera parte de su alegato --aunque no lo logró--, cierto saraseo de acuerdo con el kirchnerismo acerca del carácter nocivo de las actuales lógicas financieras para las economías soberanas a nivel global.

La compatibilización de ambas declaraciones de Michetti es imposible, por cuanto el acatamiento del fallo en cuestión resulta una posición contradictoria con la voluntad declamada de reconfigurar el orden en que opera el buitrismo.

El cumplimiento del decisorio del magistrado neoyorquino implica, a la vez que un problema en sí mismo --en tanto dispara para otros acreedores del país la posibilidad de reclamar idéntico trato al que ha merecido Paul Singer, como se ha demostrado recientemente con los denominados me too--, derivaciones aún más complicadas, debido a que abriría las puertas a la reinserción nacional en circuitos financieros hostiles: siendo que muy probablemente se podría negociar una extensión en tales pagos, se queda a las puertas del regreso a la praxis de reproducción de endeudamiento como método de financiación de obligaciones. La dinámica neoliberal que gobernó este país entre 1976 y el estallido de 2001.

Es precisamente en función de los compromisos externos que debe organizarse una de las disyuntivas determinantes de la discusión presidencial que se aproxima, en tanto se está todavía en medio de la exploración de vías alternativas de solución a un desafío de complejidad superlativa. Cristina Fernández ha decidido aportar a la construcción de un nuevo polo financiero de relevancia internacional, que se corresponde con el lento pero inexorable apagamiento de la unipolaridad, para reemplazar las divisas que ya no puede proveerse del esquema definido por EEUU, por la sanción a los canjes que supone el dictamen de Griesa. Con lo cual, se abren dos opciones: sometimiento y aceptación de la reprimenda, o bien el egreso emprendido por CFK para saltar por encima de ese laberinto. En ese contexto debe entenderse la profundización de las alianzas con Rusia y China, que salen a la disputa de la hegemonía norteamericana en que alumbró el conflicto con los hold outs.

Ese dilema, que es también el de la asignación de recursos, se proyecta al clivaje político de fondo de que se teñirá la hora de las urnas: la continuidad del modelo estatista/intervencionista en función del empleo, la producción con matriz diversificada y la inclusión social; o el cambio, que es en realidad un retorno al proyecto neoliberal/conservador que al cabo de un cuarto de siglo de vigencia ininterrumpida casi acabó con Argentina en el epílogo de la Alianza, desguace integral mediante.

La nueva corrida contra el dolar ilegal disparada esta semana, al tiempo que confirma la autenticidad de la disyuntiva, desmiente la pertenencia al establishment imputada al postulante oficialista Daniel Scioli, cuyo pronóstico es robusto.

Oportuna y convenientemente, el día posterior al derrape verbal de Michetti no fue noticia eso sino los contratos estatales de los hijos del candidato a vicepresidente del FpV-PJ, Carlos Zannini, y del actor apostol de la mano dura, Ivo Cutzarida, como asesor parlamentario del senador nacional puntano y también candidato a presidente --por un desprendimiento de lo que otrora fuera el peronismo disidente-- Adolfo Rodríguez Saá. En el segundo caso estamos hablando de $13.800 mensuales. La propuesta de la oriunda de Laprida equivale a U$S17 mil millones: lo que es decir 50% de las reservas al día de la fecha en el Banco Central. Uno cree que huelga explicar las distintas relevancias de unos y otros montos dinerarios.

Irrumpe aquí, de inmediato, el concepto de Ignacio Ramonet: instrumentar la información para desinformar. Se trata de una de las mejores demostraciones, por si hiciese falta otra todavía a esta altura de la soirée, de los alineamientos en pugna.

Si aún así no se entiende por qué urge instalar el debate fronteras afuera, pues será que de nada han valido estos doce años.

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