lunes, 9 de diciembre de 2013

Cuidado

Si se repasa con un mínimo grado de honestidad intelectual la ley de seguridad interior de la nación, no hay lugar a debate alguno: José Manuel De La Sota no tenía razón en su reclamo por Gendarmería al gobierno federal.

El berretaje siempre tiene a mano el mismo libreto, pobrísimo: a De La Sota le negaron apoyo de fuerzas federales de seguridad para que el conflicto (cuyo copyright delasotista siempre omitirán, convenientemente) se lo devore. Miserabilidad, acusan. El recetario sirve tanto para excusar la incompetencia del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante reclamos gremiales en el servicio de subterráneos, como las, por lo menos, sospechosas conexiones --todas ellas bastante bien documentadas-- que vinculan al gobierno socialista de la provincia de Santa Fe con los negocios narcos de su policía.

El argumento es fácilmente rebatible: aunque con intenciones críticas respecto del oficialismo nacional, el periodista Jonathan Viale leía, en América TV, el miércoles pasado, una serie de otros episodios calientes en los que, requerida que fue, la presidenta CFK acudió en auxilio de opositores iguales a De La Sota, como Maurizio Macrì o Hermes Binner. Viale suponía que con eso se verificaba la animosidad de Cristina para con el jefe de Estado de la provincia mediterránea. Sólo que extravió en el camino consignar el ¿pequeñísimo detalle? del procedimiento que hizo posible todas esas incursiones interestaduales, y al que DLS se negó.

El federalismo, de este modo, reconoce un límite: la responsabilidad política; una cuenta, la de los costos, para cuya cobertura permanentemente se exige la mano de un pedazo de los bolsilos kirchneristas: corresponda (legalmente hablando, claro) o no, vale reiterar.

Lo que sucedió fue bien distinto: el gobernador cordobés pretendió evitar que el gobierno nacional pudiera aparecer habiendo resuelto el desastre que la liviandad inverosímil de su gestión local generó. Sobró y, peor, compadreó a las fuerzas policiales que venían en estado de ebullición creciente. Y más tarde, subestimó las consecuencias de la dinámica que había desatado: su ministra de Seguridad despreció de modo público la variable del requerimiento de colaboración federal, y él mismo eligió intentar el contacto con la presidenta de la Nación… a través de Twitter. 

Una vez que De La Sota tuvo real noción del asunto, tomó la ruta más corta de la política argentina: culpar a Cristina, lo que siempre sale barato; sobre todo, en los litigios interpretativos que se disputan mediáticamente, y que --como bien dice Mariano Grimoldi-- genera hechos políticos.

Y en eso estamos.

Si Gendarmería actuaba en Córdoba por fuera de la legalidad, cual se reclamó, y en medio de las trifulcas bajaba a alguien (lo que era perfectamente posible, dado el tamaño de los desmanes), hoy se estaba en medio de un escándalo de derivaciones mucho más tremendas de las que, de por sí, ya hay que soportar. Ese escenario es despreciado sólo porque no sucedió. Claro: ninguno de los que cacareó carga sobre sus espaldas con el peso de la firma que hubiese habilitado las acciones (mal) exigidas.

Hasta acá, no mucho más que descripción factual. Pero hay que pasar a los sin embargo.

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El amigo editor del excelente Los Huevos y Las Ideas da en la tecla: ‘la gente’ dice “Cristina es la presidenta y no hace nada”. Y aunque no tendría por qué hace algo de la cualquier manera que se pidió, el desgaste se lo come igual. Y lo que le sigue a Córdoba no es moco de pavo.

Cuando se menciona “la posibilidad perdida” para el gobierno nacional de quedar como el solucionador de la cuestión, en realidad se está desmintiendo que es la presidenta de la Nación quien juega en la cancha chiquita del aprovechamiento politiquero. Los cerebros (es un decir) del massismo bloguero así entienden esto: aparte de eso, suelen decir que hay que hacer lo que sea que a uno se le reclame; sin importar qué ni cómo. Es la natural cortedad de miras de la lógica ABL sobre la que pedalea el Frente Renovador (intendentismo, ocupados en la inmediatez y la delgadez conceptual de un semáforo), y que ellos se encargan de teorizar (de nuevo: esto por llamarlo de algún modo).

Con todo, no se puede sino recoger el guante.

El dilema a resolver en adelante es cómo se construye una gobernabilidad de la irracionalidad. De este estado de cosas que se parece bastante a un todo vale. En el que, aparentemente, ya fundamentar, estar a Derecho son cosas que han perdido rango de respetabilidad. Fundamentalmente, se trata de evitar que la cosa no quede en manos de solucionadores de la precariedad de De La Sota. Que pueden hacer mucho daño, independientemente de su buena o mala voluntad, debate en el que es poco interesante ingresar.

No es fácil escribir en medio de la fiebre. Y con tantos otros expedientes que puede disparar todo esto. Es, pues, la única conclusión, ésta, creemos, que se puede extraer en medio de la tristeza por algo que era evitable.   

Y de las urgencias por una trama que puede acarrear consecuencias nefastas para todos.

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