domingo, 24 de marzo de 2013

Las profundidades del 24 de marzo de 1976 y la muerte de Martínez de Hoz


Por distintos motivos, las últimas recordaciones del 24 de marzo de 1976 han sido especiales. Este año llega muy cerca del fallecimiento de José Alfredo Martínez de Hoz, símbolo máximo de las implicancias civiles en el Proceso de Reorganización Nacional, ocurrido apenas 8 días antes del 37º aniversario del inicio del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.

¿Cómo escribir sobre la dictadura burguesa terrorista abarcando acabadamente el recorrido que desembocó en el último golpe de Estado de la historia argentina?

Nuestros historiadores suelen atarse en demasía a criterios institucionales formales para designar ciclos históricos y políticos; esto es, el inicio o el fin de tal o cual gobierno. Si bien, desde luego, tales son elementos importantes a la hora de la clasificación categorial, pueden, sin embargo, llevar a equívocos importantes si no son debidamente cruzados con diversos auxilios de otro tipo.

Por caso, mal puede hablarse del peronismo si uno apenas considera lo acontecido a partir de la revolución del 4 de junio de 1943, o bien del 17 de octubre de 1945. Mejor se entenderá el asunto si uno rastrea las novedades producidas por el yrigoyenismo durante su tránsito desde el espacio revolucionario abstencionista que representó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX hasta su integración al arco parlamentario en virtud de la ley Saénz Peña de 1914; y la primera construcción orgánica de herramientas de intervención estatal en la economía diseñada por el doctor Federico Pinedo durante el gobierno del general Agustín P. Justo.

Y conste que, arbitrariamente, elegimos en este tramo atender exclusivamente a los sucesos locales que circundaron el surgimiento del movimiento que conduciría el general Perón, dejando de lado lo aportado por el escenario mundial de entonces.

Del mismo modo, pretender la condensación absoluta de la totalidad de los golpes de Estado de nuestra historia en la fórmula de Partido Militar devendría en el error de englobar, sin matices --y he allí el equívoco--, en un mismo espacio al general Alejandro Agustín Lanusse con los integrantes de las distintas juntas militares que condujeron el gobierno del Proceso.

Con ello, quedarían asociados el presidente de facto durante cuyo mandato se esbozaran las primeras líneas del plan Gelbard, que acabaría siendo el programa del gobierno del doctor Héctor J. Cámpora, del interinato presidencial de Raúl Lastiri, del tercer período de Juan D. Perón y de la primera mitad del tramo de María Estela Martínez; junto a sus camaradas de armas que vinieron a completar la demolición de esa última versión del modelo de sustitución de importaciones iniciada, todavía con Isabelita en la presidencia, a partir de la designación del ingeniero Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía.

Es mejor consejera para la confección de definiciones la observación respecto de la composición social de intereses representados que la consideración de los plazos constitucionales.

A caballo de dicha epistemología, por caso, es fácil rebatir la asimilación que se pretende entre fascismo y nazismo, por un lado, y peronismo, por el otro: los primeros fueron fenómenos de clases medias sustentadas por las burguesías nacionales de sus respectivos países, que, al no tener representación política electoral, pues a diferencia de las burguesías revolucionarias francesa e inglesa pactaron con la vieja clase dirigente y no se apoderaron de los canales políticos/institucionales, desdibujaron los contornos del republicanismo liberal. Nada de eso pasó con el peronismo, un instrumento de clases bajas combatido por la burguesía argentina que jamás abandonó el esquema constitucional liberal.

Y nos acercamos, de ese modo, a nuestro propósito: la comprensión de las profundas y complejas significaciones de la interrupción del orden constitucional sucedido hace hoy exactos 37 años a partir de la figura de José Alfredo Martínez de Hoz.

Se reitera, entonces: el peronismo constituyó tanto otro capítulo del ciclo de industrialización nacional que comenzara con el plan Pinedo, aunque con distintas características operativas --así como sería diferente a los dos también la versión desarrollista del dúo Arturo Frondizi/Rogelio Frigerio--, como el ingreso de los sectores desposeídos a la ciudadanía a través de la resolución de la cuestión social argentina que se generara como consecuencia del modelo agroexportador, cuyo drama consta en el informe encargado por el general Julio A. Roca al doctor Bialet Massé durante su segundo gobierno.

En derredor del expediente social circuló la falla política argentina desde que Perón fuera derrocado de la presidencia el 16 de septiembre de 1955. Se inició entonces un ciclo de 18 años de inestabilidad institucional al que se caracterizó como el del empate hegemónico entre una clase dominante que era incapaz de imponerse electoralmente tanto como de revertir las transformaciones producidas y aceleradas por el peronismo, y una amplia masa de sectores populares despojada de herramientas materiales de intervención e impedida de expresarse en las urnas.

En el año 1971 se plantea la opción del acuerdo entre un sector del bloque de clases dominantes y el movimiento obrero organizado en la CGT, que fue inicialmente rechazado por las estructuras políticas mayoritarias del empresariado --porque era, decían, "socializante y estatizante"-- y también por el espectro social peronista, que no aceptaba conciliar por debajo del levantamiento de la prohibición electoral --dispuesta desde el inicio de la Revolución Fusiladora y nunca levantada hasta 1973-- y el retorno de Perón al país.

Concretado que fuera esto último, y luego de la victoria de Cámpora en las elecciones presidenciales, se acercaron posiciones entre los antes refractarios y se decidió la puesta en marcha del programa del ministro de Economía de los gobiernos del tercer peronismo, José Ber Gelbard; el acuerdo CGT/CGE, que se proponía definir la conversión de la economía nacional a un sistema con eje en la industrialización.

La dinámica confrontativa en que derivaron los contratantes desde el fallecimiento del general Perón en 1974, entre sí y al interior de sus propias organizaciones, definió el fracaso del plan Gelbard, y abrió espacio para que en el bloque de clases dominantes ganaran posiciones los sectores que postulaban la necesidad de clausurar lo inaugurado por Federico Pinedo en la década del '30; "el desarrollismo fracasó", decía el referente de la línea, José Alfredo Martínez de Hoz, desde ACIEL, único segmento industrial que no se sumó al Pacto Social gelbardiano y que capitanearía APEGE, la reconfiguración de las clases propietarias que edificó las condiciones necesarias para el clima de golpe con el lock out del verano de 1976.

El bloque social que impulsó, impuso y sostuvo al gobierno del general Videla fue también el que participó en rol protagónico de la elaboración del plan del ingeniero Celestino Rodrigo (el famoso Rodrigazo), ministro de Economía de Isabel Perón durante un par de meses en 1975 --tras el despido de Gelbard--, de corte sustancialmente idéntico --e iguales beneficiarios-- a los programas económicos gobernantes hasta 2001: Martínez de Hoz, Primavera, Austral, Cavallo I y II, Blindaje, López Murphy y demás.

Los días 7 y 8 de julio de 1975 se produjo un paro general contra las consecuencias del Rodrigazo, presionado desde las bases obreras y al que la conducción de la CGT de entonces debió adherir forzosamente una vez demostrada la irreversibilidad y magnitud de dicho movimiento, que ponía en cuestión su liderazgo sectorial, aunque aclararon que no lo dirigían contra Isabel sino sólo contra el ministro de Economía y su par de Desarrollo Social y protector, José López Rega. Fue el desencadenante de la toma de conciencia de la necesidad del genocidio para hacer posible el desarrollo del proyecto económico finalmente anunciado el 2 de abril de 1976.

Es conocido que ante la advertencia del entonces referente cegetista Herminio Iglesias respecto de la inminencia de un golpe, la presidenta Isabelita contestó que no había de que preocuparse, pues, según entendía, “ya les hemos dado todo lo que quieren”. Lo que habla a las claras de las continuidades esenciales que acá pretendemos establecer.

El Cordobazo ya había significado un cimbronazo importante en el bloque de clases dominantes respecto de la capacidad reivindicatoria de la sociedad, tanto que hizo reconsiderar a ciertos sectores de la Iglesia Católica sus posturas respecto de la revisión crítica al apoyo que habían dado al antiperonismo, que la alejaban de los sectores oprimidos de la ciudadanía, y su participación en el proceso histórico de resistencia a la dictadura gorila y promoción del retorno al país del general Perón.

Por razones ajenas a los paupérrimos resultados que arrojaba el plan Martínez de Hoz ya para el año 1983, la vía militar cedió lugar a la democracia de la derrota: hasta diciembre de 2001 hubo, sí, gobiernos elegidos democráticamente, pero no fue sino hasta la consagración de Néstor Kirchner que la ciudadanía votó, además de gobierno, programa --y en realidad debería decirse que ello sucedió con mayor claridad cuando la primera victoria de Cristina Fernández, en el año 2007--.

La trama de intereses vertebrada en siete de años de dictadura condicionó de tal forma al Estado que ninguno de los presidentes que se turnaron en el poder hasta 2003, Alfonsín, Menem y De La Rúa, alteraron el curso dibujado por Martínez de Hoz siquiera en lo más mínimo. No casualmente varios actores del elenco dictatorial desfilaron por los gabinetes de la democracia de la derrota, indistinta e independientemente del color político del partido de gobierno de turno, durante casi 20 años.

Todo lo cual fue graficado a las claras en la columna de José Claudio Escribano con que La Nación editorializó la victoria presidencial de Kirchner en 2003, a través de la cual respondió a la negativa del entonces candidato a someterse al pliego de condiciones que, en tanto representación del establishment, Escribano, director del diario, pretendió imponerle días antes de conocerse el retiro de Carlos Menem de la segunda vuelta electoral a la que debía someterse frente al santacruceño, lo que definió la contienda.

La decisión de detener la investigación judicial que desembocó en el juicio a las juntas militares en el día 24 de marzo de 1976 obedeció a la necesidad --e imposibilidad, dada la correlación de fuerzas señalada-- de ocultar el devenir histórico previo al desplazamiento del gobierno de Isabel Perón, recorrido en este post, que implica un entramado sinuoso de sucesos que resultan imposibles de ser metabolizados por medio de la linealidad de la teoría de los dos demonios, todavía incapaz de explicar la amplitud del espectro represivo, que excedió y en mucho a los integrantes de las organizaciones revolucionarias que caracterizaron el retorno del peronismo al poder en 1973.

Quien quiera oír que oiga. Por las 30 mil almas caídas durante el Proceso, y por otras tantas que murieron a manos de la miserabilización planificada como política de Estado en dicho período, impecable y premonitoriamente advertida por Rodolfo Walsh en la carta abierta a la Junta que le costó la vida, y que sintetiza a la perfección el ciclo histórico que se inició en 1975 y se extendió hasta el 20 de diciembre de 2001, cuando estalló por, sencillamente, imposibilidad material de prolongación.

Y por que Martínez de Hoz nunca descanse en paz.

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