lunes, 4 de febrero de 2013

Reforma constitucional y gobernabilidad 2015-2019

Un planteo de Alberto Dearriba en Tiempo Argentino del último sábado motiva replicar engarzando un par de comentarios más esbozados por otros analistas. Dice Dearriba que el kirchnerismo no apostará, porque es utópica dicha posibilidad, a hacerse de los dos tercios del Congreso por medio de las legislativas 2013, sino a generar un clima social de acuerdo reformista con la oposición, del mismo modo que lo hizo Menem, quien aún luego de vencer en las legislativas 1993 no contaba con los números necesarios para declarar la necesidad de la reforma, con lo que fue necesario el Pacto de Olivos tras amenazar y descartar un plebiscito a tal efecto.

La segunda opción que arriesga el columnista tampoco integra el menú de opciones probables hoy día, por una sencilla razón: el kirchnerismo es la única fuerza política argentina del tablero partidario actual que pertenece al universo de ideas post 2001; la totalidad de sus adversarios, en cambio, cabalga sobre la premisa única de operar la devolución del gobierno del Estado a la gramática de los mercados, un retorno liso y llano a las lógicas 1983/2001.

Es decir: el Pacto de Olivos fue posible porque los actores pertenecían a una identidad social representativa similar, independientemente de quien triunfara en las elecciones el programa de gobierno no se discutía; ahora la alternancia partidaria equivale a cambio de proyecto, ergo no hay posibilidad alguna de establecer ningún marco de coincidencias, sobre todo uno que albergue nada menos que la posibilidad de una reforma constitucional.

Podría apuntársenos una contradicción entre nuestra acusación a la clase política gobernante hasta 2001 de cesión de las potestades institucionales de definir el programa de gobierno del Estado, que a su vez fue capaz de reformar la ley fundamental: ocurre que aquello se limitó a algunos maquillajes --en su mayoría inútiles o insanos-- de ingeniería institucional a cambio del otorgamiento a Menem de la posibilidad de reelección --de hecho, y como se observa en la foto que decora el post, se dejó intacta la denominada parte dogmática del texto--.

Hubo también, por supuesto, la inclusión de los tratados internacionales de DDHH, pero el compromiso de cumplimento de los mismos del sistema político fue nulo hasta que el sistema jurídico argentino no se sacudió sus propias marcas de impunidad para con la violación a los DDHH cometidas en nuestra historia y territorio.

La idea de establecer una reforma constitucional supone la previa de la disposición a construir un nuevo marco acabado de sociedad. Alejandro Horowicz ha dicho que “Desde 1975, el bloque de clases dominantes no contiene un programa para una clase dirigente. Sólo se proponen vivir de rentas externas. No tienen mayores propuestas que hacer caja”. Y los distintos integrantes de lo que fuera el Grupo A, al ser no más que la representación política de ese conjunto de actores, beneficiarios del programa neoliberal 1975/2001, están comprendidos por idénticas limitaciones en su terreno de acción.

En ese sentido, Abel Fernández publicó en su blog, el viernes pasado, un post acerca de lo que implicaría el traslado de la Capital del país a otra ciudad. Y dice algo que viene muy a cuento de lo acá comentado: “(…) el traslado de nuestra Capital a Viedma fue una magnífica idea de Raúl Alfonsín. (…) Fue una muestra de debilidad de su carácter, y de la decadencia del radicalismo como fuerza política, que no tuvo la decisión de imponerla ante las objeciones de hombres pequeños sin imaginación.”

E insta: “Provincianos --incluidos los de la provincia de Buenos Aires--: aquí tienen algo para ponerse de acuerdo y empujar, mucho más fácil que la reforma de la coparticipación.”

La pequeñez reprochada por Abel a los protagonistas políticos de la era alfonsinista es la misma a la que nos referimos cuando decimos que las oposiciones al gobierno nacional sólo se proponen el retroceso a las lógicas de la democracia de la derrota, que prohijaron la impotencia de encarar ideas superadoras, como es ejemplo la del cambio de ciudad capital, bastante más complejo que el debate sobre porcentajes de coparticipación --repensar la viabilidad regional va mucho más allá de eso--, complicado sólo por la fórmula imposible a que se ató la revisión del esquema actual en la Constituyente de 1994.

Y que se parece (el diferendo por la coparticipación) bastante a la falta de imaginación para más que lo imputado por Horowicz al sujeto social cuya gestión institucional de intereses es todo el horizonte de todo aquello que no es kirchnerismo.

En definitiva, no parece a mano ninguna opción de reforma, como no sea que el Frente Para la Victoria supere en las urnas su rendimiento de 2011, bastante improbable sobre todo porque se trata de elecciones legislativas, donde los guarismos de todas las fuerzas descienden ostensiblemente; o bien que la oposición quiebre sus acuerdos de representación con el bloque de clases dominantes: very difficult.

Por entremedio de la intrascendencia opositora y la falta de recambio de que adolece el oficialismo, se abre un sendero en el que no parece avizorarse más que el rol protagónico que desempeñará la presidenta CFK en la definición de futuro, pero sin que éste la incluya a ella como posibilidad, lo que traslada las preguntas a la gobernabilidad de los próximos cuatro años.

Bastante lógico, habida cuenta que, por su carácter disruptivo con el statu quo anterior, el kirchnerismo solucionó, junto a otra buena cantidad de cuestiones, el default de gobernabilidad democrática de que se alimentan los esquemas neoliberales de gobierno, como enseña Europa de un buen rato a esta parte y como enseñó Argentina cuando ese tiempo se hizo materialmente insostenible y voló por los aires.

Bien que cuando el año pasado dijimos que la hipótesis de una segunda reelección de Cristina “decanta, estructuralmente, como una consecuencia sistémica necesaria”, no hacíamos referencia a nuestras preferencias, sino a una mera descripción panorámica.

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