lunes, 28 de enero de 2013

Lo que está en juego en una fractura social III y aclaración final


A partir de un post reciente de Segundas Lecturas, que reprodujimos en Artepolítica, se desató una discusión, que lejos de aclararse como pretendimos se enredó aún más en una segunda versión del mismo, a partir de la mala interpretación que efectuaron algunos comentaristas de la tesis central de los mismos.

Básicamente, han querido entender quienes mostraron su desacuerdo de manera respetuosa y aquellos que no también, que a partir de dichos escritos pretendemos efectuar una especie de persecución de tipo ideológica respecto de quienes sostienen posiciones divergentes de las nuestras sobre política, principalmente económica, a través de la persecución penal, en lo que resultaría una malversación de la lucha por el enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en forma masiva y sistemática durante la última dictadura militar.

Nada más lejos, pero vale la pena aclararlo nuevamente, habida cuenta que parecería ser que no hemos logrado hacernos entender todavía.

Ante todo, la primaria intención que tuvimos fue la de establecer lo que a nuestro juicio fue el ciclo político anterior al kirchnerismo prescindiendo de la rigidez de los términos señalados por los plazos institucionales. Así las cosas, sostuvimos que el programa procesista comenzó antes del 24 de marzo de 1976, fecha del golpe, y se mantuvo inalterado en su esencia hasta mucho después del día en que el último dictador, general Reynaldo Bignone, entregó el bastón de mando al primer presidente de la democracia recuperada, el doctor Raúl Alfonsín; en realidad, se extendió, a nuestro criterio --siguiendo acá a Alejandro Horowicz, mal que a muchos les pese esta cita--, hasta la salida del gobierno de Fernando De La Rúa.

El bloque social que impulso, impuso y sostuvo al gobierno del general Videla fue también el que participó en rol protagónico de la elaboración del plan del ingeniero Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón durante un par de meses de 1975, de corte sustancialmente similar --e idénticos beneficiarios-- a los programas posteriores, Martínez de Hoz, Primavera, Austral, Cavallo I y II, Blindaje y demás.

Es conocido que ante la advertencia del entonces referente cegetista Herminio Iglesias respecto de la inminencia de un golpe, la presidenta Isabelita contestó que no había de que preocuparse, pues, según entendía, “ya les hemos dado todo lo que quieren”. La caracterización que el propio Martínez de Hoz hizo del plan económico menemista exime de mayores comentarios, valoraciones que en absoluto discutían los partidos opositores en la campaña presidencial de 1995 --revísese, a propósito de esto, valga la insistencia, la plataforma del Frepaso o las opiniones del radicalismo sobre el proceso privatizador-- y a caballo de cuya defensa triunfó la Alianza en 1999 e incorporó en dicho tramo el retorno de Cavallo a Economía a principios de 2001.  

Agregábamos luego que en nuestro entendimiento el método asesino escogido por el gobierno del Proceso para operar respondía a la resistencia que contra el despojo que anunciaba el plan Rodrigo “habría opuesto una sociedad acostumbrada entonces a dar pelea por lo suyo, como se había demostrado desde que el general Perón fuera desalojado de la presidencia en 1955”.

En efecto, los días 7 y 8 de julio de 1975 se produjo un paro general contra las consecuencias del Rodrigazo, impulsado desde las bases y al que la conducción de la CGT de entonces debió adherir forzosamente una vez demostrada la irreversibilidad y magnitud de dicho movimiento, que ponía en cuestión su liderazgo sectorial, aunque aclararon que no lo dirigían contra Isabel sino sólo contra su ministro de Economía y su par de Desarrollo Social y protector, José López Rega. Fue el desencadenante de la toma de conciencia de la necesidad del genocidio.

El Cordobazo ya había significado un cimbronazo importante en el bloque de clases dominantes respecto de la capacidad reivindicatoria de la sociedad, tanto que hizo reconsiderar a ciertos sectores de la Iglesia Católica sus posturas respecto de la revisión al apoyo que habían dado al antiperonismo, que la alejaban de los sectores oprimidos de la ciudadanía, y su participación en el proceso histórico de resistencia a la dictadura gorila y promoción del retorno al país del general Perón.

Si merecen prisión o no aquellos a quienes señalamos como beneficiarios de una política que implosionó a fines de 2001 por la esencialidad misma de su diseño, se determinará en cada caso, según lo indiquen los términos del debido proceso judicial, en caso que correspondiere incoarlos. Existen casos alevosos y evidentes de participación personal de distintos empresarios en cuanto al señalamiento y entrega de personas que engrosan las listas de detenidos/desaparecidos: la mayoría de ellos, se sabe, eran delegados sindicales de base --los que militan dentro de los establecimientos laborales--. Pero en cualquier caso, es cierto que en modo alguno puede derivarse de ello una regla general, ni nosotros pretendemos que así sea. 

Hablamos de "la interpelación del elemento dictatorial en su completa dimensión", que según creemos requiere de "la comprensión del proceso histórico en forma unificada, como bloque compacto en cuyo diseño no hubo 'complicidad civil' sino autoría directa, y que la clave en la construcción de una nueva sociedad está no sólo en desentrañar esas responsabilidad en tribunales: también en el desarme lo operado en lo material por aquella operación". Resulta complicado, a partir de esa descripción, atribuirnos intenciones de delación más allá de la voluntad de algunos de tergiversar cualquier discusión siempre.

Muy distinto es que de la verdad establecida en los expedientes judiciales uno pueda después tomar elementos que aporten a la elaboración analítica del período histórico, como hicimos al mencionar el fallo firmado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en marzo de 2012, en los autos “Ingegnieros, María Gimena c/ Techint SA”, en el que además se estipularon reparaciones económicas y no condenas penales a partir de que la conclusión a que en dichas actuaciones se arribó es que hubo una relación de medios a fin entre el genocidio, los beneficios operados por el proyecto económico enunciado el 2 de abril de 1976 y la imposibilidad de dejarlos (a los beneficios) inmunes en esos términos.

En nuestro post del 7 de enero pasado, cerrábamos diciendo “Quebrar los topes que impone el marco de un escenario que a la fuerza es conservador a partir de lo que significó a su estructura el programa del período 1976/2001, la democracia de la derrota que hace de cada mínima salida de (aquel) libreto una conmoción inmensa, con las proyecciones institucionales correspondientes, es la clave para el kirchnerismo en 2013.”

Solicitamos allí vertebrar una nueva programática, sustentada en lógicas exactamente antitéticas con la del ciclo político 1975/2001 reprochada en esta serie, ya no como crítica de aquello sino como formulación de una nueva tesis completa en su reemplazo, siendo que desde el 25 de mayo de 2003 se ha producido, sí, la disrupción que detuvo la repetición ineluctable que se vivió durante más de un cuarto de siglo. Y que ello ha desatado, en consecuencia, una fractura a partir de lecturas irreconciliables que existen sobre aquel drama, cuestión que, en tanto conlleva la discusión de fortísimos intereses contrapuestos a propósito de la salida de un precipicio histórico, no tramita, por cierto y lógicamente, con dulzura.

Intentamos, con eso último y con todo esto, decir que se hace necesario llenar de contenido el clivaje que a nuestro criterio funciona como eje de división organizacional de la disputa política en Argentina, la posición respecto del Proceso de Reorganización Nacional como contradicción esencial de nuestra sociedad, pero no, se reitera, respecto de las implicancias penales que de aquello surjan, sino del sentido que estableció políticamente para Argentina, y de la posibilidad de su pueblo de reconstituirse sobre nuevas bases, reparadoras de las que determinaron la peor crisis de su historia en todos los planos que se consideren.

Habida cuenta de lo acá expuesto, quien quiera embarrar la cancha que divague en paz por la suya, pero no cuenta con este teclado para una polémica inconducente, porque no es la que nos ha interesado instar.     

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