sábado, 7 de julio de 2012

Claudia y Marcos


Lo dijo bien clarito, en el programa de Marcelo Longobardi del jueves por la mañana en Radio 10, Daniel Artana, un típico exponente de la ortodoxia neoliberal: "El Gobierno pretende ahora que el ajuste lo hagan los bancos", dijo, a propósito de la decisión de la presidenta CFK de obligar a que los bancos privados a otorgar créditos para inversión por el equivalente al 5 por ciento de sus depósitos.

Habrá que agradecerle, pues, la sinceridad a Artana, uno de tantos corruptos consuetudinarios con que cuenta la derecha financiera en Argentina. Además, no podríamos haberlo dicho mejor que él, creo, quienes abrevamos en el campo popular.

En efecto, una economía, cualquiera ella sea, siempre transcurre por períodos durante los cuales es necesario efectuar ajustes. El ajuste, per se, no es bueno ni malo; no es de derecha ni de izquierda. La palabra, en sí, dice nada.

Lo que califica, sí, a un gobierno, es la discusión política que subyace detrás de la cuestión meramente instrumental --entendiendo por tal cosa al ajuste, mera herramienta a los efectos de operar los objetivos de la política económica que uno se proponga--.

Y lo que define sus posibilidades de éxito, tanto como su capacidad para encarar las tareas pendientes y performance pasada, son los márgenes, en cuanto a tiempo y recursos, con que cuente a tales fines.

Así las cosas, el gobierno actual ha decidido que el ajuste pase por la rentabilidad empresaria. En este caso, por la del sector bancario, que la ha juntado con pala desde 1976, aún cuando su capacidad y peso para influir en los procesos de decisión nacional haya disminuido significativamente desde 2003.

En un post muy viejo en AP se decía, allá por 2008, que “el sector financiero privado, como un todo, se ha reducido por efecto de políticas bien definidas: quita de la deuda, reestatización de las AFJP, para dar sólo dos ejemplos”. Trátase de la desarticulación de rutas a través de las cuales puedan transmitir influencias condicionantes.

Cuestión no contradictoria, la antedicha, con la rentabilidad que han obtenido: por mucha que haya sido, eso no significa que se haya gobernado a su favor ni a partir de sus voluntades, como sí ocurría hasta el derrumbe de 2001.

En esta decisión, tanto como en la de estatizar YPF --declarando, además y ante todo, de interés público la actividad hidrocarburífera toda-- y transferir los subtes y colectivos porteños a la administración de la Ciudad, es cuando, dónde y cómo mejor se expresa la profundización del modelo.

Un nuevo sector de la administración al que el oficialismo decide desacoplar de las lógicas que impone el mercado para someterlo al mandato popular.

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