lunes, 7 de mayo de 2012

La contradicción principal

En lo inmediato, lo más palpable, concreto, tangible que se puede sacar de la cuestión YPF, no pasa por la recuperación de la soberanía hidrocarburífera (ése es un camino que recién comienza y que va a demandar demasiado tiempo, esfuerzo y dolores de cabeza) en sí.

El país ha ganado en punto a profundización de la democracia y de la institucionalidad republicana. Y eso porque la oposición (nótese que esta vez, para sustentar el punto, no hago ninguna acotación cuando la menciono, de ningún tipo) ha decidido abordar fuertemente el recupero de su soberanía táctica y estratégica. Ésa que había concesionado al establishment corporativo, con Héctor Magnetto a la cabeza, al que, ahora, han expropiado.

¿Qué posibilitó todo eso? Varias cuestiones. El discurso de Agustín Rossi (que, simbólicamente, será recordado como apertura de otra etapa, o al menos como parte de ello, creo) las recorrió, un poco, a todas. Nunca son monocausales estos fenómenos. Es difícil precisar un punto de partida y una razón principal. El marco que se abrió definitivamente como capítulo histórico a partir del instante en que Julián Domínguez cantó los 208 votos que acompañaron, en forma trasversal, el proyecto de expropiación de YPF, fue producto, en realidad, de un proceso largo.

Probablemente podría decirse que encuentra sus primeros embriones en la obstinación de Néstor Kirchner que, apelando a la ética de las convicciones, optó, luego de la derrota de 2009, por doblar la apuesta en vez de aceptar el nuevo pliego de condiciones que le ofrecían --similar al de Escribano antes de asumir en 2003-- a cambio de una capitulación (programática) pacífica para él y Cristina, en forma de Pacto de La Moncloa o nuevo Acuerdo de San Nicolás: hablamos de la ley de medios, la AUH, Unasur.

Desde luego, no podemos obviar en todo esto el elemento popular movilizante que se empieza a observar con fuerza a partir del acto del Evita en Ferro en 2010 (que tuvo capítulo II en Huracán ’11 y tercero ahora, en Vélez ’12), va ganando en intensidad muy especialmente durante los fastos del Bicentenario y las exequias del fundador del actual oficialismo y se termina de consolidar en incontables ocasiones del electoral año pasado y se define como sujeto vertebrado en el ya mencionado encuentro en Vélez de hace diez días.

Ello, digo, como elemento aprobatorio del curso de acción adoptado por el Gobierno luego de la reprobación electoral sufrida en 2009, que antes había sido dato sociológico cuando se perdió en las calles durante la sedición agrofinanciera de 2008.

En tanto el kirchnerismo personifica y conduce un nuevo tiempo político, en que la gestión del Estado se entiende ahora en términos de creación/ampliación/recuperación de derechos y/o conquistas materiales concretas, y ello es merecedor de un guiño ciudadano --que se formalizó con dos pronunciamientos populares masivos en las urnas en dos meses el año pasado--, se abre un nuevo espacio para la acción política y la confección programática, una vez que la oposición, aventuro, tomó nota de las enormes distancias que los separó de la triunfadora.

Elementos culturales varios que hablan de lógicas intelectuales y sociales distintas y novedosas --la militancia como dato decisivo, la juvenil sobre todo-- a las que, se ha comprobado, es difícil abordar, interpelar y/o convocar desde las narrativas y cursos de acción sectoriales que guiaron la discusión política hasta el año pasado, y cuya máxima expresión fue el Grupo A en el Congreso, obligan --si se quiere ser exitoso-- a un correlato institucional distinto.

Atento a que la Constitución Nacional promueve, como tutela preferencial del sistema jurídico que bajo su imperio instituya, la plena realización de la ciudadanía, y no de aquello cuya conformación no proviene de la voluntad cívica; tarea, además, que deposita en los representantes legitimados y en nadie ni nada más, no puede menos que llegarse a la conclusión de que, contrariamente a lo que muchos pretenden sostener, la legalidad en Argentina se ha profundizado a través del capítulo YPF.

Esta nueva etapa se abre, también, a partir de la voluntad política de Cristina puesta en función de ello. De convocatoria a juntar fuerza institucional en función de engrosar el sujeto social que sea capaz de actuar la contradicción con lo corporativo y el statu quo ante, a los fines de dar relleno al nuevo programa de gestión del Estado que se viene desplegando como trazo proyectivo alternativo desde 2003. Porque, como venimos diciendo, es necesario abrirle paso a la posibilidad de alumbrar una nueva institucionalidad que termine de blindar todo lo actuado.

El 18 de noviembre de 2010 decíamos, a propósito de la no aprobación del Presupuesto General de la Nación por obra y gracia del accionar del Grupo A en Diputados, que el cachetazo de Graciela Camaño a Kunkel había significado el inicio del fin del ciclo de la antipolítica, y con él del proyecto del bloque de clases dominantes que en ello encontró sustento cultural para expresarse. La trama de intereses que se descubre aprovechándose del Estado en cada decisión es enorme y comlejísima. Y se expresa, claro, mediáticamente, porque hasta allí llegan las derivaciones de sus posesiones mercantiles.

Identificábamos, como responsables de aquel bochorno, a los actores de micro partidos cuya participación institucional estaba sobre representada, como marco de posibilidad, “quizás, el más propicio momento desde la caída de la Alianza para establecer un pacto entre los sectores políticos organizados, a los fines limitar la influencia de aquellos que no son más que monoemprendimientos, partidos vecinales, agrupaciones estudiantiles. No para la cantinela de ‘armar políticas de estado que duren dos mil años’, sino para restablecer las reglas de juego y los códigos que tan bien manejaba el injustamente denostado Jaroslavsky”.

Véase cuáles han sido los espacios que acompañaron la movida del FpV: UCR, FAP, PSur, bloques, todos ellos, con mayor organicidad estructural, histórica y programática --aunque aún en reconstrucción-- que los que repudiaron --excepto PRO, que es el intento concreto del conservadorismo por actuar políticamente dentro de la democracia--. Y que es desde las vocerías del poder fáctico que se denuesta lo que nosotros calificamos de avance democrático. Y cómo lo hacen: ridiculizando las plataformas y tradiciones, o los acuerdos partidarios.

La UCR puso especial énfasis en desmentirle a Morales Solá que no votaron a favor a cambio de la posibilidad de nombramientos en el Congreso. Yo creo, de hecho, que no fue por eso. Pero aún si así hubiese sido, valdría el aplauso: eso es, precisamente, un ejemplo de acuerdo político. Como también lo fue el Pacto de Olivos, al que, al margen de algunos contenidos, también reivindico, en cuanto instrumento de empoderamiento de la clase política significó. Porque, como bien se ha dicho, el poder nunca desaparece, simplemente cambia de manos. Y este firmante, al menos, prefiere que esté en las de aquellos que se someten al escrutinio popular.

Y aún esto es superior, porque la participación popular, se insiste, está mucho más presente. En cualquier caso, ha sido todo ganancia para la representatividad ciudadana. Y eso, como punto de partida de cualquier política que se quiera practicar, siempre es destacable. Se abre, en perspectiva, el horizonte de un juego político más razonable, una disputa más sensata. Entendiendo por razonable y sensato que la cuestión sea disputada entre los partidos haciendo caso omiso de las agendas de sectores privados.

Ya Agustín Rossi puso blanco sobre negro respecto de cuál era, es y sigue y seguirá siendo la contradicción principal de la política argentina.


1 comentario:

  1. Estimados colegas:

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    Pablo Campos
    Director Equipo ANdeNES

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