sábado, 22 de diciembre de 2012

Postales de la impotencia y sus derivaciones: el ocaso de Moyano

Media plaza, y muy raleada. La foto de una derrota histórica.
Provoca tristeza haber comprobado, con el acto del 19 de diciembre último, hasta qué punto de insignificancia se redujo la incidencia de los sectores obreros organizados por obra y gracia del carril de desatino por el que transita la conducción de Hugo Moyano desde que la presidenta CFK fue reelecta en octubre de 2011.

Vale corregirse: la esterilidad política de los trabajadores sindicalizados no es, hay que reconocerlo, entera culpa de Moyano. Nos referíamos, en el párrafo anterior, al sector que él conduce al interior de esa indefinición jurídica en que se ha convertido la CGT una vez que Moyano decidió abandonar el kirchnerismo y se quebró la condición de continuidad de su supremacía en la central obrera histórica.

El resto de los trabajadores, conducidos por los llamados Gordos, por un lado, y por los “Independientes” y “ex moyanistas”, por el otro, arrastran su inexistencia política desde que la complicidad con el desguace ciudadano que operó el neoliberalismo en esos sectores hizo de sus representaciones un mero trámite burocrático: concurrencia a las urnas, en aquellos gremios que aún las conserven, o el método que sea en su defecto para renovar autoridades, y gracias. La derrota de esos espacios ya alcanza edades muy avanzadas.

Ésa es una cuenta que no cabe cargarle a Moyano, cuya trayectoria, hasta estos días, había resultado ser diametralmente opuesta, comenzando por el dato de su digna actuación durante el gobierno del doctor Menem.

Lo interesante de la experiencia del MTA, luego devenida conducción de la CGT --aunque siempre fue minoría al interior de ella-- por el guiño de Néstor Kirchner a su referente máximo, era su capacidad de proyección fronteras afuera del terreno de la mera reivindicación sectorial. Expresado en dirigentes con interesante formación política, como Julio Piumato, Omar Plaini, Juan Carlos Schmidt y, ya más acá en el tiempo, Facundo Moyano, la CGT participó de cuanto debate conoció la sociedad argentina desde 2003.

Sindicatos interviniendo en discusiones como las de matrimonio igualitario y la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual representaron una novedad, y la aparente comprensión por parte del moyanismo de que la pérdida de relevancia de los sindicatos en la lucha política, producto de la previa derrota del factor trabajo formalizado/agremiado en la estructura socioeconómica de los Estados nacionales, requería, imponía nuevas formas de participación ciudadana de los que habían logrado salvarse, siquiera a duras penas, del incendio.

Dicho con sencillez: Moyano representó la posibilidad del renacimiento de los trabajadores como actores con influencia decisiva en el escenario político. Pero ello sólo en tanto y en cuanto se expresaron a través del kirchnerismo, que por otro lado fue el único espacio que quiso darles algún cobijo: incluso los planteos meramente gremiales sólo tienen posibilidad de despliegue si es a través del kirchnerismo. No se trata de preferencia ni de caprichos, sino de describir lo que efectivamente sucedió.

Para muestra, un botón: Hermes Binner, segundo en las últimas elecciones presidenciales, expresó sin vueltas que su programa incluye un congelamiento de las negociaciones colectivas. El FAP, espacio difuso que se referencia en Binner, cuenta con la adhesión del sector de CTA que en una legalidad brumosa --y en ebullición interna constante, tanto que ni toda ATE lo acompaña-- conduce Pablo Micheli, lugarteniente de Víctor De Gennaro, quien liderara las rupturas internas del movimiento obrero organizado durante el menemismo contra la entrega que consentía la denominada burocracia junto a la que ahora marcha repetidamente.

En criollo: cualquier cosa que no sea el kirchnerismo representa regresividad para los trabajadores, que por cierto no lo ignoran y responden en consecuencia. En la hipótesis de un poskirchnerismo, el debate por el impuesto a las ganancias, que en boca de algunos laderos de Moyano suena insultante porque son responsables de una pauperización que hace ilusoria esa discusión en esos sectores, será una utopía cuando la negociación salarial vuelva a ser, más que variable de ajuste, recuerdo histórico.

Todo se rompió fallecido Néstor Kirchner, cuya decisión --se insiste-- sostenía a Moyano en su lugar: el líder camionero equivocó los tantos, se creyó heredero natural en el comando estratégico del espacio cuya permanencia en el poder era, decía el mismo, condición sine qua non de la tranquilidad del descanso del general Perón y de Evita. Cristina no aceptó semejantes planteos durante el proceso de armado del dispositivo hoy gobernante, y a partir de ese saldo el estallido recorrido en estos más de doce meses de pleito.

Negar entidad a las reivindicaciones sectoriales sobre las que cabalga la aventura política de Moyano y compañía sería tan necio como pretender que en nada impacta sobre su legitimidad el hecho de que a ella se suban dos referentes que logran aún superar en rango de impresentabilidad hasta a los Oscar Lescano y Armando Cavallieri, lo que es ya decir mucho: Gerónimo Venegas --que encima aparece junto a uno de los responsables del negreo de sus agremiados, Eduardo Buzzi-- y Luis Barrionuevo. Un trago amargo en el marco de un programa que los necesita como actores de la disputa de la renta: con esa foto, difícil.

El desinterés o desconcierto que expresan los hombres del moyanismo en sus respuestas cuando se les apuntan las dificultades que encontrarán para sintetizar un plexo común dentro de la ensalada que expresaron los distintos palcos que protagonizaron Moyano y Micheli durante 2012 están fuertemente hermanados con la coloratura de los cacerolazos de la clase media urbana. Llamativo cuando se reivindican esos movimientos por parte de discursos pretendidamente institucionalistas que se desprecie la posibilidad de canalizar orgánicamente, y por tanto por los carriles legales establecidos, las diferencias programáticas.

Como decíamos en este mismo espacio el 3 de julio último, Moyano condenó a sus representados a no tener política, justo cuando más parecía querer dar ese salto, porque las contradicciones a que los han conducido son insalvables. Hoy camina en compañía de quienes proponían destinarlo a una prisión casi como parte de sus plataformas de campaña en 2011, lo que otorga una noción bastante contundente de lo que están dispuestos a tragarse las distintas oposiciones con tal de moverle el piso de la gobernabilidad a CFK.

Si en su momento se consideraba que un ataque al conductor era atentar contra la clase obrera por él liderada, y desde acá adherimos a esa tesis, se advierte a las claras qué es lo que ha variado cuando se habla del gobierno que mejor trato ha dado a los asalariados formales desde el primer peronismo como para que la plaza del 19 de diciembre haya evidenciado una testimonialidad raquítica y marginal.

Apuntar todas estas cuestiones en horas en que se producen saqueos, que hasta TN describe como organizados, es tan insuficiente para explicarse la situación como propio de la ceguera política ignorar hasta qué punto puede llegarse cuando se es impotente políticamente en un marco en el que las reglas del trámite de disputas políticas parecen haber quedado de lado, y voluntariamente.

Cuando se está dispuesto a todo contra un gobierno con el que se discute. El caldo en el que se cocina la trama de la irracionalidad que estamos conociendo.

martes, 13 de noviembre de 2012

Callejón cacerolero II: #9N, Constitución bolivariana, a quién corresponde dar respuestas y la mar en coche


Por suerte, de entre lo mejor que se ha podido leer sobre el #8N sobresale lo que se podría denominar como el dilema de la continuidad del plexo aquel día expresado.

Aburriría --a mí, al menos-- discutir acerca de la legitimidad de la propuesta, que no está --ni nunca ha estado-- en discusión, o sus motivaciones o convocantes (esto sería, digamos, el “hasta el #7N), tanto como de la cantidad de asistentes a la protesta, su mayor o menor espontaneidad y demás cuestiones atinentes a la organización, cómo se comportaron o la calidad de sus respectivos soportes argumentativos (esto es, el #8N en sí).

No. Acá lo que interesa, creo, es el #9N y en adelante. La irrupción de algo nuevo, se verá si es o no un actor hasta acá ausente o qué, tanto como de demandas y formas no tradicionales de expresión y armado imposibles de ser abarcadas a través de los esquemas conocidos es un hecho.

No debe extrañar, es la historia, el correr del progreso, incluso hasta los mismos éxitos del gobierno nacional que influyeron, influyen para que el escenario haya mutado; atraviesa, todo eso, a la sociedad, la reconfigura, y llama a pensar respuestas.

La representación política, así como se la conoce por estas horas, tanto como quienes son sus ocasionales intérpretes, están en el banquillo de los acusados, en medio de una deriva contestataria que no reconoce de identidades de ningún tipo.

Nadie está exento: si el oficialismo ha sido y de hecho está siendo severamente cuestionado, la oposición, en muchos casos, si no en la mayoría, “le chupa un huevo” a casi todos los caceroleros que se pudieron oír en los distintos micrófonos que les fueron abiertos; rechazan pertenencias como pieza complementaria de la excéntrica jugada reclamante --cuestión que más bien origina la peculiaridad de la expresión--.

Y no se que es peor: si que te puteen o que directamente ni te registren.

Si todo aquello que se vociferó en las calles, principales o no, de todo el ancho y largo del territorio nacional, pretende someterse a la convivencia del juego político y a la dinámica institucional, siquiera para que se pueda considerar sincera que la verba republicana ha sido conjugada con sinceridad, no debiera descartarse que se llame a reconsiderar los términos del pacto constituyente.

Tranquilos/as: quedando de lado la quimérica re-reelección, ya acá nos hemos pronunciado en contra de ello.

En ese sentido, la Constitución bolivariana impulsada por Hugo Chávez en Venezuela en 1999, ha incorporado mecanismos novedosos de escrutinio y participación popular, más directa e innovadoras en términos de ejercicio temporal de la misma, que convendría no desatender solo por tratarse de una invención chavista.

Ahí tenemos, en el mismo sentido, los presupuestos participativos de gastos y recursos, inventados por el ejemplar PT cuando le tocó gobernar Porto Alegre.

Siempre será bueno recordar que Chávez logro que cabalgara su proyecto constituyente sobre la implosión del sistema político que lo precedió, y que hizo de su país la ruina que era hacia su advenimiento, en el año 1998.

Acá aún transitamos fases irresueltas de la fractura de identidades partidarias de 2001, cuyo inicio en realidad puede rastrearse --aunque a mi criterio es injusto-- en el Pacto de Olivos de 1993 --me suena idiota la crítica a un acuerdo político como marco previo a decidir una reforma constitucional en ámbitos formales, guste o no lo que allí se haya escrito--.

Pero por si fuera poco, y por increíble que suene, existen dirigentes que hasta rehúsan de su rol primario en la vida cívica, esto es, la representación de la ciudadanía. Pretenden hacer, por ridículo que ello suene, virtud de esa debilidad. Justo será decir que ello está en directa relación con el rechazo que siente para con ellos la cuasi totalidad del universo cacerolero.

Carlos Pagni, columnista opositor del diario ídem La Nación, fue quien, la mañana misma del #8N, antes de la marea humana que tapizó la 9 de julio como hace rato no se veía, firmó una columna en la que advertía que se estaba frente a un fenómeno que nace de la anomalía funcional que implican los casi 40 puntos de distancia que la ciudadanía dispuso que separaran a primera de segunda fuerza electoral en 2011.

Muy lejos del verso del supuesto 46%, la disparidad de fuerzas formales se hace sentir más allá de lo que hace al mero control del que gobierna el Estado ocasionalmente.

En cualquier caso, los ingredientes aquí vertidos hablan a las claras de que, si hubo algo ridículo el otro día fueron los carteles y banderas, en sí mismos contradictorios, que rezaban que la Constitución “no se reforma, se cumple”.

En la columna del debe hay, entiende por lo menos un millón de personas, una lista de pendientes; tramitarlos es la cuestión.

domingo, 4 de noviembre de 2012

'Diario' Clarín, confusión y ley de medios

Como nunca están de más las explicaciones, es justo y necesario comentar algo sobre el último spot que realizó el Grupo Clarín para protestar contra la obligación de ajustarse a derecho respecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual a partir del próximo 7 de diciembre, conforme lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia.

El algún momento del mismo, la voz en off que lo habla dice, más o menos, que “si a uno no lo gusta el diario Clarín, puede comprar cualquier otro”. Podríamos comentar los abusos de posición dominante cometidos a partir de la propiedad de Papel Prensa, pero apuntamos a otra cuestión.

Repasemos el artículo 32 de la Constitución Nacional: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.”. El artículo no tiene mucha vuelta, ni posibilidad de segundas lecturas: sobre prensa escrita no está permitido, desde la jurisdicción federal, regular; ni bien, ni mal: nada, lisa y llanamente.

Las razones hay que rastrearlas en el análisis histórico. El artículo fue incorporado a la ley fundamental por la reforma de 1860. En 1859, en Cepeda, el ejército federal al mando del general Urquiza derrotó a las tropas porteñas de Mitre, luego de lo cual Buenos Aires aceptó, Pacto de San José de Flores mediante, reincorporarse a la Confederación Argentina --de la que se había separado seis años antes-- a condición de la posibilidad de sugerir cambios a la Constitución jurada en 1853, que motivara la secesión: entre ellos, la inserción del artículo comentado.

Todo ello --que a mi criterio hace que resulta equivocado hablar de “Constitución de 1853/60”, cual si entre ellas existiera una unidad pacífica, siendo que más bien fue todo lo contrario en tanto hasta medió una guerra para la reforma--, a pesar de que la Constitución originaria había vedado la posibilidad de operar una primera reforma a su texto hasta pasados diez años desde su sanción.

El artículo 32, entonces, fue la respuesta jurídica que encontraron los hombres del poder porteño, casi todos a la vez dueños de diarios --con Sarmiento a la cabeza--, para prevenirse de posibles cuentas que quisiera cobrarse con ellos Justo José de Urquiza --entonces ex presidente y líder absoluto de la Confederación--, cuya persona era denostada constantemente por los jornales porteños con insultos de calibre gigantesco: impedir regulaciones de orden nacional, circunscribir esa posibilidad a las legislaturas locales, siendo que en provincia de Buenos Aires Urquiza no tenía peso alguno.

Durante el debate por la ley de medios, el que era a esa fecha gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, pretendió plantear la nulidad de la discusión a partir, justamente, del artículo 32 de la mal llamada Carta Magna, en defensa, alegaba, de los poderes no delegados por las provincias a Nación.

Apoyado en dicho trámite muy fuertemente por el columnista estrella de La Nación Mariano Grondona, en su caso en repudio al avance de lo que denominó “cultura estatista” sobre ámbitos en los que, a su juicio, “no corresponde, sencillamente, que se meta el Estado”. Lectura a partir de la que solicitó la no existencia de ‘ninguna’ ley de medios, no solo de la actual --que por esas horas era apenas proyecto--, entendiendo que el 32 era hijo de la cultura de Estado ausente que él no se cansa de reclamar y que la concepción liberal del constituyente originario promovió con el texto constitucional que elaboró: falso, en este caso.

Su interpretación, absurda, era que a partir del avance tecnológico debía extenderse lo dispuesto respecto de la libertad de imprenta, según la definición constitucional comentada, al espacio audiovisual.

Dos respuestas sencillas contra dicho planteo:

1. Los servicios de comunicación audiovisual no requieren de ser abordados a través de analogía ninguna, tienen regulación específica en el artículo 75, inciso 19, párrafo cuarto, que establece, como atribución del Congreso, entre muchísimas otras enumeradas en el mismo artículo, la de “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.”

2. Una serie de fallos de Corte Suprema, previos aún a la incorporación de la norma citada en el acápite anterior --que tuvo lugar con la reforma del año 1994--, en casos en los que distintas provincias pretendieron disputar al anterior órgano de aplicación, COMFER, potestades en términos de regulación del espacio audiovisual, determinaron que la competencia en el tema es de orden federal.

Fueron invocados, en dichos pronunciamientos, los actuales artículos 75, inciso 13 (antiguo artículo 64, inciso 12), que dispone como otra facultad del Congreso la de “Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.”, entre lo que se entendió incluida la actividad radiofónica; y la regla general contenida en el primer párrafo del artículo 75, inciso 19 (el viejo 67.13), la llamada “cláusula de progreso”, a los fines de lo cual se otorgan facultades normativas al Congreso.

En dichos fallos hasta se ha ordenado a las provincias abstenerse de aplicar normas locales de radiodifusión que requiriesen conformidad de la autoridad nacional y no contaran con ella.

Cualquiera sea, entonces, el ángulo desde el que se pretenda abordarlo, el planteo de Clarín es absurdo, inconducente, y tiene como único objetivo sumar a la confusión en la discusión que se da por fuera de los foros institucionales, además de no hacer al debate, toda vez que la ley de medios, por enésima vez se insiste con esto, no trata sobre gráfica.

Y lo cierto es que, en realidad, la propia empresa, siempre será bueno repetir esto, alega en las pantallas, sin fundamento alguno, lo que ni siquiera se ocupó de plantear en su demanda judicial --precisamente porque carecería para ello de soporte probatorio--, por medio de la cual reconoce no estar discutiendo otra cosa que hipotéticos y futuros perjuicios económicos en razón de la aplicación de la ley de medios.

Por todo lo expuesto, coincidiendo en lo que acá interesa con la demanda de Clarín, y parafraseando a la Corte, “estando vencido el plazo legal, y por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26.522 y se aplica a la actora (...) con todos sus efectos a partir de la fecha indicada”. Cúmplase.

miércoles, 31 de octubre de 2012

Voto a los 16

La doctora Beatriz Inés Fontana, laboralista de nota, camarista del fuero y destacada doctrinaria en la materia, escribió unos muy bonitos apuntes de cátedra que tituló El conflicto en el origen del Derecho del Trabajo, que este comentarista debió leer cuando cursó la materia Negociación Colectiva en la comisión cuya titularidad ejerce la mencionada.

El texto intenta establecer motivaciones históricas del surgimiento del Derecho del Trabajo. Menciona Fontana entre las razones principales a la conflictividad acelerada por las primeras coaliciones, antecedentes de los gremios, a partir de las reconfiguraciones que en materia productiva produjeran las sucesivas revoluciones industriales en un contexto en el que las llamadas entidades intermedias --los gremios son un ejemplo de ellas-- eran consideradas delictivas, en tanto interferían la dinámica “normal”, “logica” de la ley de oferta y demanda, violando, a la sazón, la regla de oro instituida por la Revolución Francesa: nada entre hombre y Estado.

Influyó sobremanera, también, una necesidad patronal: la de subsanar la deslealtad entre los propios competidores, sujetos de máxima consideración durante la fase liberal clásica del Estado, para con la mencionada normativa fundamental, en tanto los abusos de mano de obra infantil y femenina y la jornada laboral extensa significaban vías para primar sobre el adversario mercantil en base a productividad obtenida en formas non sanctas. No casualmente los primeros convenios de OIT regularon sobre esos aspectos.

Va de suyo que acompañando todo esto tuvieron lugar los cuestionamientos doctrinarios aportados por Carlos Marx, desde un costado más radical, y la doctrina social de la Iglesia pronunciada por la encíclica Rerum Novarum.

Por último, Fontana llama la atención sobre la conquista del sufragio masculino. Una vez que los obreros devinieron sujetos políticos y de derecho, ingresando a la ciudadanía, al menos electoral, y a que con ello hubo el surgimiento de formaciones de izquierda, los dirigentes políticos tradicionales incorporaron a las agendas las demandas de ese nuevo sector de la sociedad, apostando a expresarlos institucionalmente.

Mañana la Cámara de Diputados de la Nación tendrá a consideración el proyecto de ley sancionado por el Senado por el cual se propone otorgar derecho optativo a voto a la franja de ciudadanos/as que cuentan con entre 16 y 18 años de edad.

Desde las tribunas opuestas a dicha posibilidad, como es regla, se ha mentado a la iniciativa como maniobra oscura y perversa que en verdad esconde un propósito meramente electoralista en función de habilitar una hipotética aventura re-reeleccionista de la presidenta CFK bajo el disfraz de una pretendida iniciativa de ampliación de derechos, en este caso políticos.

Así las cosas, el oficialismo pretendería no más que ampliar sus bases de sustentación electoral, hasta ahora insuficientes a los fines de reformar la Constitución --como teóricamente se propondría--, a través de un sector etáreo al interior del cual contaría con altísima adhesión.

Ello, pese a que todo, desde las intenciones continuistas hasta la hegemónica pertenencia kirchnerista del sector adolescente, no supera el rango de supuesto, y que la significación cuantitativa del espacio a incorporar es cuasi ínfimo en relación al padrón habilitado para los comicios de 2011, por lo que aún verificadas las predicciones opositoras al proyecto lejos estaría el oficialismo de bastarse en sus pretensiones “eternizantes”.

Pero son interesantes otras de las cuestiones que se alegan en función de lo que fuera la introducción al presente post. En palabras del columnista de Clarín Osvaldo Pepe, “hay que poner ese derecho que se otorga en el marco de otros que flaquean dentro de esa franja etárea.”. Por cierto,  nadie desde el oficialismo que ello no sea cierto, ni que lo apuntado por Pepe deba subordinarse temporalmente o subjerarquizarse en cuanto a importancia. En efecto, existen, a dichos respectos, cuentas pendientes, y que sería deseable que se atiendan pronto.

Uno no puede evitar reincidir en la perplejidad que provoca el creciente desprecio que se viene observando desde tribunas como la apuntada para con las urnas, que aparentemente no le alcanzan a distintos gobiernos de la región para ser admitidos como democráticos, no casualmente en concomitancia con la impotencia electoral que cada vez con mayor frecuencia vienen evidenciando las opciones electorales a las que apuesta el establishment extrainstitucional.

Lo cierto es que a los fines de la agenda que con acierto levanta Pepe el elemento de la participación democrática ciudadana es, a nuestro criterio, premisa fundamental. Ninguna de dichas demandas puede siquiera pensarse si no es en el contexto de la profundización de la participación democrática. En tiempos en que las capacidades estatales flaquean de poder frente al poder empresarial globalizada, hambrientas como están las instituciones de la república de ampliar sus bases de sustentación ciudadanas como factor de contrapeso frente a actores cuyas facturaciones muchas veces superan el PBI de determinados países.

Tenemos ganas de pensar a la democracia, por una vez al menos, más que como meta, como punto de partida desde la cual abordar la tramitación de los objetivos programáticos a que, según entendemos, podemos y debemos aspirar. Y que aunque más no sea que por hacerse del acompañamiento en las urnas de la pendejada, la agenda pública se decida a incorporarlos con mayor énfasis.

Mañana el Congreso tiene una oportunidad inmejorable de sacudirse, al menos un poco, el lastre nefasto que arrastra desde que otorgó su aprobación al proyecto nefasto de nueva LRT. Desde acá hacemos votos a por ello.

sábado, 27 de octubre de 2012

Dos años del día en que se nos fue un amigo


Dos años sin Néstor. Soy kirchnerista desde el segundo día de mandato de NK, por esto que se ve acá en la foto.

Kirchner viajó, aquel 27 de mayo de 2003, a Entre Ríos para, en persona, destrabar un conflicto sindical docente local, en razón del cual a esa fecha ¡todavía no se habían iniciado las clases en dicha provincia!

Lo vi, nunca me voy a olvidar, en Telenoche. Tenía yo entonces apenas 16 años. Y todavía recuerdo que, cuándo no, fue entonces criticado por "entrometerse en una problemática que no incumbía a sus potestades. El presidente no debe estar en ese nivel de detalle". Cosas por el estilo. Que, también recuerdo, ya por esos tiempos me molestó. Porque noté al toque la mala leche de los comentarios.

Hoy, en cambio, a Cristina la responsabilizan hasta por el último alfiler que se cae en Choele-Choel. Eso de la coherencia.

Ese día, por ese gesto, me di cuenta de que el tipo cuya victoria yo no había deseado tenía algo distinto, y que valía la pena acompañarlo, ilusionarse. El resto fue yapa, y ya lo hemos comentado millones de veces acá, sobra hoy reincidir.

Se lo extraña. Se le agradece.

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El compañero Néstor Kirchner podría estar hoy aún vivo. Se cuidó, desde que supo que su salud era precaria, poco y nada; más nada que poco. Si se hubiese dedicado a cuidarse, si hubiera bajado un par de cambios, si...

¿De qué hubiese servido? No habría sido él mismo. No habría sido el que conocimos, el que nos convenció. 48 horas después de su segundo ataque --del tercero no iba a salir-- estaba en el Luna Park junto a la Juventud Sindical y a La Cámpora para celebrar un acto junto a Cristina. Se lo veía demacrado. Un normal no estaba para ningún acto...

Es decir: tuvo que elegir, entre su vida, su salud, o sus convicciones y las luchas en las que creyó. El resultado fue el infarto de miocardio que hizo trizas la angioplastia que le habían practicado horas antes de aquel acto en el Luna, menos de un mes antes de morir.

En esos últimos casi 30 días de vida, presidió la reunión de Unasur que sentó la posición continental fortísima en defensa de la democracia cuando un golpe de Estado amenazaba al compañero presidente de Ecuador, Rafael Correa. Eso fue a las 21 hs. del 1º de octubre de 2010, en Capital Federal. A las 19 hs., aproximadamente, estaba en un acto del PJ, que también presidía, en... ¡Entre Ríos!

Esa forma de vivir, a mi criterio, hace a los grandes hombres. Néstor, entonces, fue un gigante.

viernes, 26 de octubre de 2012

Menos, un paso atrás (acerca de la nueva ley de riesgos del trabajo)


"Cuando tengo una duda, me acuesto pensando en eso; si cuando me levanto persiste mi duda, leo La Nación y hago exactamente lo contrario”, Arturo Jauretche. (Editorial de La Nación del día 22 de octubre de 2012 en apoyo a la nueva ley de riesgos del trabajo, acá: http://www.lanacion.com.ar/1519416-la-ley-de-riesgos-del-trabajo.)

Aún cuando Hugo Moyano haya sido por demás injusto con Héctor Recalde durante la última reunión de comisiones en Cámara de Diputados durante el debate por la nueva ley de riesgos de trabajo, previo al tratamiento en el pleno del recinto, el hijo del jefe de Camioneros, Facundo, definió la situación con una brillantez tal que este post hará suyo su comentario en Twitter al respecto a modo de apertura: “Si bien no se avanzó todo lo q los trabajadores necesitan en materia d legislación laboral, nunca se había ido en contra d sus intereses.”.

En efecto, la reforma a la ley de riesgos de trabajo, aprobada el pasado 24 de octubre por el Congreso de la Nación, prolonga y aún empeora las disposiciones en la materia respecto de las modificaciones que había operado la ley 24.557, sancionada durante el segundo gobierno del doctor Carlos Menem. Dicha norma concretó acabadamente un viejo anhelo patronal: la constitución de un régimen de responsabilidad específico en materia de accidentes y enfermedades laborales que, además, los eximiese en forma personal (a los empresarios) del sistema de responsabilidad diseñado por el Código Civil entre sus artículos 1109 y 1113. (Salvo el caso de dolo malicioso por parte del empleador, previsto en el artículo 1072 del Código Civil: difícil, de todos modos, que se ocasione, o que dado el caso se lo pueda probar)

La 24.557 pretende un esquema cerrado, autosuficiente, omnicomprensivo de todas las posibilidades siniestrales imaginables --ya que al evitar la fuga del sistema hace previsible su costo--, cuya administración fue conferida a las ART, entidades de derecho privado dedicadas al negocio del seguro, bajo supervisión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación --con más una serie de otros actores dispuestos a diversos fines del procedimiento, en un entramado complejo para el común--.

A tono con la dinámica neoliberal, por entonces en auge, el Estado se desligaba de funciones, en este caso del otorgamiento de prestaciones de seguridad social (artículo 14 bis CN), reservándose, apenas, el control de las operaciones, que pasaban a estar a cargo de particulares. La innovación recogió la técnica del seguro privado, diseñada por el canciller Otto Von Bismarck --en lo que fuera la génesis de la seguridad social, a fines del siglo XIX, en Alemania, en pleno despliegue de la II revolución industrial--, y se la impuso a los empleadores desde el Estado. Contraria, entonces, a la tendencia a la universalización, a la larga generó problemas por los efectos del proceso deslaborizador y de informalización del mercado de trabajo.

Tal cosa solo es posible si se encara el asunto desde una perspectiva que considere al trabajador no más que como otra pieza del proceso productivo, un mero factor de costo del mismo, que requiere de ser enmarcado, en vez de como lo que en verdad es: un ser humano. De allí que las contingencias que generan derecho a indemnización hoy figuren listadas casi a modo de menú, de modo de tener, como también muy bien dijo Facundo Moyano ya en su participación en el recinto durante el debate, previstos los costos de las lesiones de los empleados. 

Por otro lado, la norma está plagada de fallas técnicas inverosímiles y redacciones enrevesadas y por demás confusas, en lo que fuera también una tendencia de época: la doctora Irene Vasilachis de Gialdino escribió, a dicho respecto, un memorable documento --de lectura obligatoria para letrados-- en el que se despachó contra el relato que hizo posible la creación de un clima sociocultural que convalidara el arrase de derechos laborales y sociales, y las construcciones sintácticas/semánticas de dichas reformas, indescifrables para sus destinatarios --complicadas hasta para Horacio González--, no con otro fin que el de hacer más dificultosa la percepción del derecho a cuestionamiento de las mismas.

(Fuera de riesgos del trabajo, puede consultarse la actual redacción del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que originaría el fallo Vizzoti, como ejemplo de sintaxis mala leche)  

Más aún, la 24.557 camina en dirección absolutamente contraria a la moda mundial en la materia, que prescinde de la consideración del nexo causal en el examen del hecho cubierto, toda vez que, en palabras del doctor José Gómez Paz, las nuevas concepciones “tienen en cuenta el análisis global de la totalidad de los factores que conforman el sistema” de trabajo. De otro modo, no podrían ser comprendidas dentro de la ley las llamadas enfermedades profesionales, que no son ocasionadas por un hecho súbito y violento, como es el caso de los accidentes: de ello la 24.557 salió a partir de la elaboración de un plexo taxativo de enfermedades elaborado por el Poder Ejecutivo con participación de las partes de la relación, juzgado con razón insuficiente, aunque sujeto a (próxima) ampliación.

Salvada en una primera oportunidad por la Corte menemista, en una de sus últimas actuaciones --en línea con lo que fuera su trayectoria, de modo regresivo para el trabajador--, en el fallo “Gorosito” agarrados del último recurso del rechazo a la petición abstracta de inconstitucionalidad que sobre el texto entero de la ley efectuaran los letrados del trabajador, en 2004, ya en tránsito a lo que sería la renovación del máximo tribunal dispuesta por Néstor Kirchner --sobrevivían aún Boggiano y Belluscio, y no estaban todavía Lorenzetti ni Argibay-- , el fallo “Aquino” fulminó la pretensión patronal de deslinde de responsabilidades.

Partió la Corte de la obligación general de no dañar, contenida en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que se relaciona íntimamente con el derecho a reparación, en forma íntegra, si la lesión se ocasionara, que fue reglamentado por la normativa civil citada ut supra. A partir de ello, entendió insuficiente el diseño de indemnizaciones previsto por la normativa cuestionada, toda vez que no se considera en él, y en forma por demás tacaña, más que la pérdida de la capacidad laborativa del trabajador, cual si las lesiones irreparables que pudiere sufrir en el desarrollo de la tarea no le ocasionaran más que ese perjuicio a su vida.

Por lo demás, la 24.557 implica una lesión a los derechos de igualdad --porque cualquier otra persona que no sea un empleado que hipotéticamente sufriese lesiones en un establecimiento (por caso, un amigo del dueño que va de visita) puede, a diferencia del operario, reclamar por el derecho de daños-- y de acceso a la justicia para el empleado; además de por supuesto al principio protectorio --que hace del trabajador, habida cuenta de su condición de parte más débil de la relación, sujeto de preferente tutela en el esquema de desequilibrios que se crea a su favor para equiparar términos-- y al de justicia social, implicando, en definitiva, una discriminación negativa en detrimento de su persona, injustificado e injustificable.

En total, la reforma de 1995 acumuló 25 tachas por inconstitucionalidad, entre los que se pueden destacar: los fallos “Milone” y “Aróstegui”, que reprocharon el carácter de absoluto de la tarifación en forma de renta periódica, y no de pago único, de la indemnización, y la sujeción de la determinación de la misma a fórmulas matemáticas predeterminadas; “Torrillo”, que dispuso la posibilidad de citar en garantía como coresponsables de siniestros a las aseguradoras una vez abierta la reclamación personal contra el empleador; “Castillo”, que censuró la tramitación de las causas que origine la LRT por otra vía que no sea la de la justicia ordinaria del trabajo.

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La reforma a la ley 24.557, a instancias de la iniciativa presentada por la presidenta CFK, no solo no aborda ninguna de los cuestionamientos efectuados por la Corte en sucesivos y reiterados fallos --que podría decirse que habían generado un régimen nuevo de hecho, insano institucionalmente pero no para el damnificado--, sino que hasta las empeora, o en el mejor de los casos es más de lo mismo (malo).

El aumento de los montos indemnizatorios, la creación de uno nuevo por daño moral, la reducción de plazos de cobro y la inserción de un índice de actualización es no haber prestado atención a la necesidad de reconfigurar el derecho a reparación desde la óptica integral, lo que en modo alguno es posible si se pretende esquematizar el asunto. La Corte no censura la pretensión de un régimen propio de reparaciones, sí el modo incompleto del actual.

Por caso, ¿es igual la invalidez absoluta de un empleado fuente única de ingresos de su hogar que la de otro que tiene la suerte de compartir costos de vida con un/a esposo/a que también labore? No; y como ésa, mil otras cuestiones pueden imaginarse, solo posibles de ser consideradas en aptitud a través de un proceso judicial en el que se desplieguen en forma amplia debate de hechos y pruebas que permitan ponderar la solución sin ataduras rígidas.

Eso nos lleva a la eliminación de la doble vía, que no soluciona el llamado de atención hecho por la Corte en “Aquino”; y menos aún si se va a tramitar la opción judicial por el fuero civil, en contradicción con “Castillo”. Nótese la incongruencia: el gobierno nacional pleitea, y lo bien que hace en ese caso, contra los magistrados civiles --del fuero federal, pero civilistas al fin-- a propósito de la plena aplicación de la ley de medios. Acierta, allí, porque, efectivamente, se trata, en general, de una banda poco presentable.

Corre por los pasillos de Figueroa Alcorta y Libertador (la sede de UBA-Derecho) un dicho, muy acertado a mi criterio: "El Derecho Civil organiza y legitima el robo de los ricos a los pobres; el Código Penal, en cambio, evita que los pobres puedan impedirlo o que tomen venganza por ello".

Ahora bien, sabiendo que se habla, en el caso de los jueces civiles, de una casta, como bien la denominara Mario Wainfeld, patrones-friendly, ¿cómo es que a esos tipos se ha seleccionado como destino de los juicios que supondrá la nueva LRT? Más cuando ello supone el abandono de los principios elaborados históricamente, y sostenidos, como todo lo aquí dicho, por doctrina, jurisprudencia e instrumentos de derecho internacional con rango constitucional a favor del obrero.

Y más todavía: ¿Por qué si en su momento se cortó el negocio de las AFJP no se hizo lo propio con el de las ART y asociados? ¿Por qué si se logró, con la estatización de YPF, desacoplar al petróleo de las lógicas de mercado no se hizo lo propio con la clase trabajadora, que así sigue siendo variable de una ecuación polinómica?

¿Por qué si se ha otorgado participación a las representaciones obreras en casi todos los nuevos/reformados órganos de aplicación/espacios de consulta o similares que incumben a las distintas leyes elaboradas en casi 10 años --por ejemplo, formarán parte del Consejo Federal de la nueva ley de medios--, no fueron convocadas justo para nada menos que la prevención de los riesgos laborales, de lo que en nada se ocupa la ley, cuando sería deseable que así lo hiciera, en línea con las tendencias doctrinarias mundiales de compresión sistémica del  espacio de trabajo, en vez de poner el foco en el efecto, la supuesta industria del juicio (que con ser tal no tiene por qué avergonzarse, pues persigue fines nobles: la reparación del eslabón más débil de la cadena de producción)?  

Demasiadas preguntas flotan en un vacío que hace demasiado ruido, metaforizado a la perfección por la nula presencia militante en el Congreso el día de aprobación de la ley y por la frase de Agustín Rossi “no somos librepensadores”, valorable política e institucionalmente, pero que puesta como único argumento de defensa de un proyecto indican, juntas, que había nada para celebrar con el paso dado.

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La cita a Jauretche no es zonza. El único lugar de la prensa de cualquier tipo en que se pudo leer algo de oposición a este proyecto fue, paradójicamente, en la prensa oficialista, por Mario Wainfeld y Horacio Verbitsky, las plumas principales de Página/12; y Ana Vainman, que se dedica seguido a temas sindicales en Tiempo Argentino. En el resto, nada y poco, y tercerizado en los propios involucrados del asunto: se comprende, en el caso de Clarín y La Nación ésta es una ley que favorece sus intereses. Víctor Hugo Morales sentenció: “yo, que no entiendo nada de Derecho, miro quiénes están contentos, y comprendo que ha sido un paso errado”.

En este espacio estamos casi convencidos de que se trata de una jugada --inaceptable-- destinada a operar una división del frente empresarial en función del 7D. Esto sería, para evitar solidaridades corporativas cuando toque hacer efectiva la desinversión del Grupo Clarín, se ofrece la zanahoria de la nueva normativa acá comentada. Un precio demasiado alto aún cuando se trata, en el caso de la necesidad de dar cumplimiento a la ley de medios, de un objetivo cuya consecución hace parte imprescindible de la efectiva vigencia de la institucionalidad en el país, como bien viene explicando Alejandro Horowicz.

Los trabajadores formales han sido relegados durante 2012, carentes de toda representación en horas en que un plexo de demandas sectoriales reivindicativas pesa cada vez más. Ya sea porque la nueva conducción cegetista es impresentable, como porque la Presidenta ha entrado en mora para con ellos, en medio, además, de una disputa política con Hugo Moyano, que tampoco da el pine necesario en los días que corren, la discusión transita por un carril distinto al que caminan los trabajadores, que entonces solo la ven pasar.

Las alianzas descuadradas que se observan por estas horas, donde La Nación apoya una ley del oficialismo al que detesta --augurando entonces que nada bueno puede esperarse de ella para la clase trabajadora, por lógica--, y el PRO (votar junto a ¡Pinedo!) da su apoyo a la iniciativa presidencial, y Hugo Moyano ha elegido apoyarse en sectores de los que no podrá esperar nada superador de esto que tiene, ni menos aún de lo que reclama como cuentas pendientes al gobierno nacional, condenando entonces a los suyos a no tener política, dan cuenta del desconcierto de la hora, que es generalizado.

Salvo que alguien crea que algo mejor auguran Jesús Cariglino, José Manuel De La Sota o todo el cuadro de patéticos exponentes del peronismo opositor con el que Moyano compartió un acto en memoria de José Ignacio Rucci, burócrata de calaña similar a la nueva conducción de la CGT a la que con tanta razón Moyano suele vituperar, y muy opuesto a su trayectoria sindical, impecable en cuanto hace a la defensa corporativa.

Encima, tiene al lado a Venegas, el sindicalista que representa a los trabajadores por lejos más pauperizados del país, los peones rurales. El moyanismo, en defensa de la caja de Venegas, no votó el nuevo estatuto del peón de campo, lo cual es incluso peor que haber votado la LRT, porque es la nada total para dichos laburantes. Claro que eso afecta a un número menor de compañeros, el 80% de los cuales o más está en negro, más que duplicando la cifra media nacional (30/35% de informales).

Y todo en un momento por demás especial. El primer aniversario de la partida de Néstor fue celebrado con alegría, porque 4 días antes habíamos ganado la reelección. El segundo es tristísimo, porque la nueva LRT incumple la premisa máxima de la canción que lo homenajea.

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Yo sigo apostando a este gobierno. Esta catarsis es porque la nueva LRT va contra la esencia de lo que me hace pertenecer al oficialismo. Es la propia Presidenta la que se traiciona con este paso. Pero cualquier cosa por fuera de esto es peor. Lo triste es tener que utilizar eso como argumentación, pasar a la defensiva, cuando, hasta la fecha, no existía ninguna ley sancionada por el kirchnerismo de la cual hubiera que avergonzarse. La nueva LRT, en cambio, es un retroceso preocupante, incómodo, vergonzante, indigno.

Nadie fue más peronista que John William Cooke, quien, sin embargo, entre 1952 y 1955 no dejó punto ni coma escrita por el general Perón sin atacar. No obstante lo cual, el 16 junio de 1955, cuando el bombardeo asesino de la marina de guerra se descargó en todo su odio sobre Plaza de Mayo mientras el pueblo la caminaba rumbo al trabajo de cada día, Bebe se apersonó en la escena del crimen para, con una simple calibre 22, disparar contra los aviones golpistas. En defensa de un gobierno al que hacía ya más de tres años fustigaba de modo continuo con sagacidad, talento y audacia. Sabía que lo que fuera que viniese en su reemplazo sería peor. No se equivocó.

Cuando las críticas vengan por derecha, o sea, el 99% de las que se le hacen a este gobierno, ahí estaremos. Que hablen, nomás, de "los planes que fomentan vagancia"; allá ellos, no tienen idea de la senda por la que camina, ya no Sudamérica: el mundo entero; lo actuado en la materia por el kirchnerismo es impecable. Ojalá la AUH se siga expandiendo, hablará muy bien del país.

Entonces, por respeto a ésa y otras conquistas, hay que vomitar rayos y centellas sobre la nueva LRT. Por respeto, en definitiva, a nosotros mismos.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Sabbatella en AFSCA y enredos sucesorios varios II

Con la designación de Martín Sabbatella en AFSCA Cristina pega una carambola a varias bandas.

Vamos por partes. Contábamos en nuestro último post las intenciones de ciertos elementos del establishment de construir una alternativa poskirchnerista en torno de una hipotética candidatura presidencial de Daniel Scioli. Citamos, a dicho respecto, una nota de Horacio Verbitsky en la que el autor mencionaba como sponsors de dicha intentona a Clarín y a Alberto Fernández. Y que todo ello requiere de obturar la posibilidad de Boudou como posible sucesor de Cristina.

Alberto Fernández suele ser bastante duro y despreciativo para con el vicepresidente. La noche del cacerolazo, en TN, en diálogo con Nelson Castro, gorila de pelo en pecho si los hay, se mostró visible y especialmente empecinado en que quedase sentado que todo aquello ocurría debido al affaire Ciccone. Lo cierto es que observando las imágenes de lo acontecido la noche del 13-S uno advierte con facilidad que Boudou fue mencionado muy marginalmente. Volvamos.

Sabbatella llega a AFSCA con un programa claro, conciso y sencillo: hacer cumplir la ley de medios; no hace falta reincidir en las preocupaciones de Clarín sobre ese punto.

Se ha dicho, y es probable que haya mucho de cierto en ello, que Cristina le niega su guiño a Scioli, entre muchas otras razones, porque el gobernador bonaerense no le puso el cuerpo a la ley de medios, y le escapa a todas las demás contradicciones que se suceden en continuado entre el kirchnerismo y el monopolio mediático. Scioli ha navegado siempre a media agua en dicho diferendo.

Al mismo tiempo, colocar a Sabbatella en un cargo nacional lo retira un tanto del escenario bonaerense, allí donde radican las escasas fuerzas propias con que cuenta DOS, que siempre han visto al ahora titular de AFSCA como una molestia --no se entiende por qué, habida cuenta de que los desempeños electorales de Nuevo Encuentro han sido bastante pobres siempre--.

Así las cosas, a Scioli le interesará la permanencia de Sabbatella en un espacio del que Clarín lo quiere ver afuera cuanto antes, toda vez que preanuncia la voluntad del Gobierno de hacer plenamente operativo el artículo 161 de la ley de medios, a partir del 7 de diciembre conforme lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.

Cristina, entonces, mete una cuña entre DOS y Clarín, que le acota, y en mucho, el margen de maniobra al ex vicepresidente si es que acaso éste insiste en privilegiar su pertenencia al kirchnerismo y si su voluntad sigue siendo la de no ser candidato si no es con el concurso de la Presidenta.

Dinamitando ese puente, CFK avanza con su propósito de mantener bajo anestesia total el trámite sucesorio, al tiempo que lo enmarca en los términos que mejor le placen.

Por lo demás, el nombramiento de alguien que carga con fama de honesto --gracias a Clarín, entre otros-- implica también una señal para el resto de los actores del mercado infocomunicacional: no habrá, se está diciendo, tutía para nadie. Por ahí anda Cristobal López con la manguera de su trámite de adquisición de Infobae pisada por AFSCA ya desde antes de la asunción de Sabbatella.

E incluso tipos insospechados de oficialismo, como Jorge Fontevecchia, han dicho que esa operación implica más un movimiento defensivo de López ante lo incierto que es el futuro para cualquier “hombre de negocios” en la presente etapa del desarrollo del modelo.

Cuando se dice que el 7D es el eje que vertebra la disputa política nacional, como se ve, no se trata de la gratuidad del aire.

domingo, 30 de septiembre de 2012

Scioli, Boudou, De La Sota, Ciccone, cacerolazos y enredos sucesorios varios

Resulta por lo menos llamativo que concomitantemente con cierta desaceleración en la manifestación pública de sus aspiraciones presidenciales por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se haya desinflado también un tanto la histeria que se hubiera desatado sobre el escándalo Boldt-Ciccone; más precisamente, sobre el vector que involucraría al vicepresidente Amado Boudou en la trama, por cierto bastante enrevesada, del negocio de la impresión de billetes.

El 8 de abril último, por medio de una nota publicada en Página/12, Horacio Verbitsky enmarcó el asunto Ciccone en la disputa política --desatada muy temprano-- por la sucesión presidencial de 2015. Reforma constitucional para habilitar una tercera candidatura consecutiva de la presidenta CFK y Boudou son dos expedientes que, alternativamente, han meneado, en distintos momentos, diferentes sectores del kirchnerismo sin juego por fuera de la Presidenta, con el objetivo de tener bajo control el trámite sucesorio.

Todavía no había surgido clara en abril la posibilidad de que José Manuel De La Sota, el gobernador de Córdoba, se decidiera a intervenir en la discusión de poder a que aludía Verbitsky en su nota, y que ha puesto (‘Gallego’) de manifiesto recién en el último mes y monedas a partir de varias iniciativas motorizadas de modo forzoso, con el único fin de plantar a nivel nacional su imagen en un escenario de diferendos con el kirchnerismo.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat opinó, al otro día de la nota de Verbitsky, sobre los procesos judiciales abiertos respecto de Ciccone, que "nada en materia de quiebras puede considerarse excepcional". Y, como dato relevante, que ninguno de los restantes acreedores en la quiebra de la imprenta opuso reparos al plan de pagos otorgado por AFIP, cuyo cumplimiento cabal, de verificarse, obturaría la hipótesis del supuesto perjuicio para el erario público, cuya configuración sí complicaría al actual vicepresidente.

De todas formas, los bemoles del expediente judicial se resolverán a su debido tiempo en el ámbito que corresponde, tema que excede por demás el espacio de un post. Lo que acá nos interesa es, apenas, el contexto al interior del cual se despliega una causa judicial fuertemente vinculada con los desplazamientos del tablero político nacional.

En cualquier caso, la posibilidad de jugar la carta Boudou es ya un imposible. Independientemente de lo que puedan decir las encuestas de imagen, incluso. Verbitsky decía en abril que "anular esa hipótesis es vital para el proyecto Scioli 2015" impulsado por distintos sectores del establishment local. Y así ha sido, independientemente de la mayor o menor incidencia que los movimientos que eventualmente hayan desplegado hayan podido tener en el desarrollo del expediente.

Un acuerdo con algún sector del kirchnerismo es la opción más potable para dichas corporaciones, porque sería más barata la instalación de una candidatura a través de las estructuras de la única opción nacional de poder realmente existente, al tiempo que neutralizaría, en gran medida --porque debilitaría la conducción sintetizadora que hace posible la confluencia de espacios que de otro modo se dispersaría--, el énfasis que los sectores más dinámicos del proyecto conducido por CFK destinan a operar contradicciones con determinados integrantes del bloque de clases dominantes reticentes a subordinarse a los mandos institucionales establecidos.

El sociólogo Artemio López advirtió, sin embargo, y en el mismo entendimiento de lo antedicho, que todo cuanto Scioli pueda recoger de positivo en términos del despliegue de su figura a nivel nacional lo es en el marco de un esquema en el que es parte no principal. Y que, por tanto, no puede esperar que las consideraciones de que hoy goza vayan a replicarse en forma idéntica si decide reformular los términos de su participación electoral.

El primero que parece coincidir con eso es el propio Scioli, en tanto no deja pasar oportunidad para mostrarse en plena sintonía con Cristina --hasta anunciando su apoyo a un eventual proyecto rereeleccionista aparentemente repudiado por amplias franjas ciudadanas que al mismo tiempo lo verían a él con buenos ojos--, seguramente en función de hacer méritos para obtener la bendición presidencial como heredero del armado por fuera del cual no luce potable la administración de la gobernabilidad sistémica, como se puso de manifiesto en las inorgánicas manifestaciones de protesta de corte antipolítico del 13 de septiembre último, que simbolizaron el default representativo opositor para enmarcar las posiciones adversas al kirchnerismo.

Scioli no sabe o no puede --descontamos que, querer, quiere-- dibujar una alternativa, y entonces lo que parecía ser una fuerza creciente a mediados de este año, ahora ha quedado en mera anécdota, tanto que hasta se advierte mucho más armoniosa la relación del gobernador con su segundo al mando, Gabriel Mariotto. Calculase que intentará cuanto esté a su alcance para conseguir la designación de Cristina, a quien, definitivamente, y a pesar de que lo incitan a ello, no quiere enfrentar; o a jugar con el tiempo aspirando a su propia re-re local.

En cualquier caso, parecería ser que Verbitsky no deliraba tanto cuando vinculaba ciertos enredos del affaire Ciccone, cuyo competidor opera fuertemente negocios millonarios en la provincia de Buenos Aires ya desde la época en que la gobernaba Eduardo Duhalde, con los elementos que ¿motorizan/motorizaban? una rebeldía de Scioli.

El que ha tomado el lugar de Scioli, al menos a nivel de agenda pública, parece ser De La Sota, que sí ha encarado la construcción de una opción verdaderamente refutadora del actual ciclo histórico. Lo demuestra hasta en los más pequeños gestos, como ser el acto paupérrimo de presión callejera sobre los tribunales federales en que participó junto a diversas expresiones del peronismo opositor para exigir la reapertura del proceso judicial por el asesinato de José Ignacio Rucci a partir de la ridícula pretensión de que todo aquello sea calificado como delito de lesa humanidad, lo que salvaría a la causa de la prescripción que de otro modo la fulminará.

Un argumento fácilmente rebatible para estudiantes de Derecho de nivel inicial que no tiene otro propósito que el de la puesta de relieve de una supuesta contradicción insalvable con el kirchnerismo a partir del tratamiento penal del caso, lo que más que con el oficialismo se da de patadas con la ley.

De cualquier manera, De La Sota, al revés que los derrotados en 2011 o Maurizio Macrì, sí cuenta con fibra combativa, audacia y espesor intelectual como para intentar la posibilidad de capitalizar el sector que se expresó muy fuertemente en los cacerolazos, y articularlo con el peso específico que pudiera arrastrar naturalmente una candidatura que pelease el espacio peronista en alianza con las expresiones conservadoras de la pampa húmeda, en una amalgama capaz de plantarse de forma mucho más presentable que cualquiera del resto de las alternativas que se manejan en el debate público.

De La Sota parece estar dispuesto a raspar en otras ollas, y esa definición política explica muchas cosas que a veces parecen indescifrables de los expedientes judiciales, sin que nada de todo esto que se acaba de decir acá implique en modo alguno aventurar una sola coma del porvenir del que involucra a Amado Boudou.

Las brujas, según se dice, no existen.

jueves, 27 de septiembre de 2012

¿Divididos? ¡Las pelotas!

De entre las muchas cuestiones que se oyeron sobre los cacerolazos del 13-S y expedientes en conexidad, una por sobre todas las demás ha llamado poderosamente la atención de este teclado. Se trata de aquella que expresa preocupación respecto de la supuesta grieta que se estaría abriendo en la sociedad, entre adherentes y adversos al actual programa  oficial de gobierno.

Y que sería promovida, de manera antojadiza y artificial, por el kirchnerismo. Es decir: se pretende que hasta 2003 se vivió en un estado de armonía total, cuya ruptura no se debió a otra cosa que al advenimiento de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación, en tanto optó por la confrontación como método de construcción y acumulación política, sobre la base de una ciudadanía que no advirtió lo perverso de la estrategia y se plegó, a favor o en contra del gobierno nacional, al combate.

De otro modo --esto es: de no haber existido los Kirchner--, se arguye, la paz habría continuado. Y se agrega a todo, finalmente, que dicha gap social trascenderá al período histórico  conducido y protagonizado por la presidenta CFK.

Una versión remozada y potenciada de lo que fuera la crispación período ‘08/’09.

Ante todo, resulta, lo anterior, a nuestro criterio, un tanto despreciativo de la capacidad de raciocinio de la ciudadanía.

Pretender que una cantidad de personas tan grande es incapaz de advertir que está siendo perversamente llevada de las narices a una disputa falsa e innecesaria, en único y exclusivo beneficio de los instigadores, le pasa muy de cerca tanto a aquellos que desprecian la movilización de las clases bajas por supuesto clientelismo, como a los funcionarios y simpatizantes del oficialismo que reprocharon a los cacerolazos bajo el ridículo argumento de que la mejor posición económica que ostentan quienes participaron en ellos invalida su posibilidad de albergar motivos para reclamar.

Pero, además, y fundamentalmente, se trata de una definición que parte de una premisa falsa: la suposición de que previo a 2003 no existían divisiones sociales. Que encierra por tanto conclusiones equivocadas.

En realidad, en el marco de una sociedad que aún alberga profundas desigualdades pese a las continuas mejoras experimentas en la materia en nueve años, y más aún cuando la acción de gobierno se determina no a partir de otra cosa que el intento de corrección en tales aspectos, es de lo más lógico que surjan fracturas como las acá comentadas.

Para peor, acá, se insiste, debe agregarse el elemento de la ausencia de oposición competitiva en aptitud de representar y enmarcar las reivindicaciones. Lo que lleva a preguntarse si más bien no es eso (la ausencia de alternativas con perspectivas de éxito) lo que acelera, profundiza y tiñe de ingobernabilidad el asunto.

Habida cuenta que asumimos como inevitable la existencia de tajos ciudadanos, lo que cabe a las instituciones en ese marco es la tarea de administrarlo para conducirlo dentro de términos racionales y jurídicamente posibles de ser previstos. He ahí, entonces sí, un default del sistema político institucional argentino. Pero no, por decirlo de algún modo, en el qué, sino en el cómo.

Así las cosas, cabe concluir que el kirchnerismo, lejos de ser el artífice de la conflictividad, tal vez lo que no ha hecho es ignorarla como dato de la vida socioeconómica y política del país: las expuso, la politizó y trató en ese marco de elaborar las soluciones. Bien podría decirse que por evitar tal proceder hubo en Argentina un 2001: porque la imposibilidad de expresar las problemáticas por medio del sistema político/institucional devino en estallido por fuera de marcos establecidos.

En cualquier caso, sería tal vez sobreestimar demasiado a una persona tan pequeña que no ha hecho nada, como CFK, en lo que revela una inconsistencia del discurso acá contestado.