sábado, 24 de diciembre de 2011

Té de tilo --parte III de III-- (sobre Papel Prensa)

Clarín citó, en la tapa de su edición del domingo 18/12 --blanca por segunda vez en un año--, el artículo 32 de la Constitución Nacional. Que reza, textualmente, lo siguiente: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.”. Se mencionó, también, en medio del debate por el proyecto de ley que quiere la declaración de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios, el artículo 13 de la Convención Americana de DDHH: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos (…)”.

Vayamos a los bifes de una: ¿de qué manera algún artículo de la nueva ley colisiona con tales principios? La forma de establecer la inconstitucionalidad de una ley --que no puede declararse sobre un proyecto, sino una vez que sea sancionado y en un caso en concreto con sola validez para tal-- pasa por la comparativa entre el artículo de una ley con alguno de los postulados constitucionales y la colisión que de ello surja. En toda la discusión (que por cierto lleva más de un año, no nació hace cinco minutos), no han podido, ni Clarín, ni quienes acuerdan con su postura; sustentar la postura que se desprende de la tapa del 18/12. Ni lo ha intentado, siquiera. Quizás porque no se trata de ello. No se puede, bajo ningún concepto, establecer como sinónimos “regulación” (lo que pretende el proyecto de ley) y “restricción” (lo que prohíbe la CN). Así de fácil, con la sola literalidad del articulado, podría liquidarse la cuestión. Porque también vale mencionar que si de algún lado provienen restricciones es de los actuales propietarios mayoritarios del paquete accionario de PP: que establecen cupos, cuotas y precios diferenciados sobre los consumidores que son, además, sus competidores en otros mercados. Cubre los costos de su materia prima con la venta que hace de la misma a sus competidores. Proyectan, Clarín y La Nación, su posición dominante en el mercado de producción de papel para diarios, sobre otros mercados.

También pasa con Cablevisión, que en muchos lugares, por ser única oferente de servicio (lo que justificó el pedido, por parte del PEN, de bajas o eliminación de aranceles en tales sitios como condición de aprobación de la fusión, por cuanto pueden compensar con el engorde de la cartera de clientes en otras latitudes), decide con que canales compite las señales de cable del grupo económico al que pertenece. Federico Bernal en Tiempo Argentino documentó la excepcionalidad mundial de que provean papel los mismos que compiten en el mercado gráfico. Se las verían en figurillas para negar la afectación del interés económico general, por cuanto necesariamente alteran la ecuación económica del competidor, con perjuicios, entonces, para los consumidores. Ya dijimos que acá no se castigan monopolios per se, sino perjuicios derivados del ejercicio de tal posición. Y no sólo por el lado de los costos viene la cosa. Porque es ridículo sostener que la empresa compite con la importación con arancel cero, cuando importar tiene complicaciones que van más allá del precio en sí. Son, todas, situaciones denunciadas desde mucho antes de la llegada del kirchnerismo al poder y sostenidas hasta el día de la fecha por un diario muy poco oficialista como Ámbito Financiero. Y que importó el copamiento, por parte de Clarín, de muchos medios del interior y la liquidación de competidores.

El 32 nació de la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación. Como los diarios de Buenos Aires se deshacían en insultos para con Justo José de Urquiza, y frente al temor de que el vencedor de Cepeda (Urquiza) se tomase venganza, la provincia de Buenos Aires, en ocasión de hacer sus propuestas de reforma a la CN 1853 en virtud de lo acordado en San José de Flores en 1859, solicitó sustraer de la jurisdicción federal en la materia. Desde allí se puede observar que el sentido del mismo hace a los contenidos, que no son tocados por esta ley, como no fueron tocados por la Ley de Medios en 2009. Damian Loretti escribió en Página 12 que en EEUU, de cuya primera enmienda a su propia CN se nutre el espíritu de nuestro artículo 32, se sostiene el mismo criterio, y cita abundante jurisprudencia que sustenta su postura en cuanto a que no está prohibida cualquier tipo de regulación sobre la producción de papel para diarios. Cuando se discutió la Ley de Medios, Alberto Rodríguez Saá pretendió enmarcar tal discusión en el artículo 32. Ridícula posición, por cuanto tal regulación, por imperio del hoy artículo 75, inciso 19, está puesta en cabeza del Parlamento (le confiere la potestad de dictar leyes que “regulen los espacios culturales y audiovisuales”). Además, ya antes existía un recorrido jurisprudencial efectuado por nuestra Corte Suprema estableciendo la potestad del COMFER en materia audiovisual en varios casos en los que disputó tal competencia con las provincias.

En cualquier caso, hay nulo cuestionamiento institucional de carácter --por llamarle de alguna forma-- técnico. “Altísima exposición y transparencia, diálogo de poderes.”, dijo, sobre el proyecto, ya el año pasado, Gustavo Arballo. En definitiva, un marco regulatorio bastante suave, como ya lo fuera el de la Ley de Medios (más permisiva que otras normativas en la materia en el mundo); y plagado de instancias de control, participación y revisión por parte de variadas instituciones y actores de la vida cívica del país: una bicameral permanente conformada por senadores y diputados; una Comisión Federal Asesora, donde confluirán representantes de los diarios privados de todo el país que no formen parte del capital accionario de la empresa --y no guarde ningún tipo de relación con ellos-- y representantes de los usuarios y consumidores y de los trabajadores (gráficos, prensa y canillitas); y un Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios.

Y por si faltara algo a todo esto, el mismo proyecto enuncia la necesidad de cubrir la cuota total de papel que insume el mercado local. Y que debe, para ello, procurarse un plan de inversiones que aumente la producción de Papel Prensa. Porque además, el Poder Ejecutivo puede, en el marco de sus facultades constitucionales, impulsar el cese de la necesidad de importar cualquier producto, entre ellos el papel para diarios, y disponer lo necesario a los fines de reemplazarla por producción nacional. Si porque los accionistas privados no quieren aportar lo necesario a tal fin, ¿Qué culpa tendría el Estado? ¿De parte de quien vendría, entonces, la restricción si los accionistas privados se negaran a aportar para cubrir la totalidad de la necesidad nacional de insumo de papel, y se manifestasen contrarios a establecer precios y tratamiento de cupos y cuotas igualitarios?

Mucho se oyó de lo que “podría hacer” el Gobierno, en adelante, siempre malo, con una ley “como esta” en sus manos, siempre presta a “castigar voces críticas”, según sostienen sus críticos. Su pasado lo condena, concluyen. Si fuera por ello, hay que decir que hablamos del gobierno que impulsó la despenalización del delito de opinión cumpliendo con un fallo de la Corte Interamericana de DDHH. Y cuya iniciativa reguladora en materia audiovisual mereció halagos de la mismísima relatoría de libertad de expresión de la ONU, por iniciativa de su titular, Frank Le Rué.

La de Papel Prensa es la historia de la piedra fundamental en la construcción de Clarín como monstruo del negocio info comunicacional en Argentina. Y como actor político ineludible, también, por cuanto fue el negocio que selló la alianza que trabó el grupo con el Proceso, que inaugurar, en 1976, el programa neoliberal de gestión del Estado en Argentina e inició el derrotero de la aniquilación de las capacidades estatales de regulación.

En definitiva, se trata de la instrumentalización del valor libertad de prensa como herramienta del avance los esquemas de negocios ampliados, complejizados y profundizados de que forman parte los integrantes de tales conglomerados. Que operaron, históricamente, en directa colisión con los intereses de las mayorías populares, y cuya domesticación y limitación es necesaria si se pretende encarar una política de reconciliación con la dignidad de aquellas. Los últimos días se celebraron los diez años del estallido del neoliberalismo atendido por sus propios dueños en Argentina. Proceso del que el bloque de poder arriba mencionado fue directo beneficiario, en buena medida porque el crecimiento de sus negocios lo fue también el de su poder de lobby con el que minaron la capacidad de decisión del Estado. El senador Marcelo Fuentes (el mejor, a mi criterio, del bloque del FPV) dio, durante la sesión, cátedra a estos respectos. Y Aníbal también, enfatizando sobre el papel de bobo que hizo el Estado durante 28 años, poniéndola toda sin poder decir ni “a”.

Ergo, es al revés de lo que se dice: para reestablecer la plena vigencia de la legalidad democrática, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho, es necesaria la reeducación de Clarín que será también la de una forma de operar en política de vastos factores extrainstitucionales de la trama de poder socioeconómico nacional.

Y ahora sí, basta para mí.

2 comentarios:

  1. Además la soberana estupidez respecto a la restricción. Lo dijimos en su momento: la vieja ley de medios de la dictadura era aún más restrictiva y configuraba algo parecido a esta ley antiterrorista que tanta espuma está levantando. Si el Estado hubiera querido, podría haber hecho usufructo de ella en 2008, cuando los medios opositores fueron cabeza de puente de la intentona golpista junto a la patronal rural.

    Muy buen post, Pablo. Como siempre, un gusto leerte.
    Fuerte abrazo y muchas felicidades.

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  2. El tema está en que aquella la redactaron ellos y el Estado militar simplemente firmó porque gobernaban juntos a punta de intercambio de favores. Eso por un lado; y por el otro, que el cambio de concepción radica en la lógica de tratamiento del derecho de comunicación, que dejó de ser considerado como un bien de mercado más.

    Gracias por los halagos. Sabés que el sentimiento es mutuo y felices fiestas atrasadas. Sorry por la tardanza en contestar, comprender el tema etílico de las fiesatsa.

    Abrazo.

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