martes, 20 de diciembre de 2011

De 2001 a 2011 y lo que hemos cambiado

El contraste entre la lógica con que operan los tiempos políticos actuales y la que llevó a la salida de De La Rúa del poder de manera anticipada es abrumadora. Y muy edificante recorrer una y otra época en forma comparativa, para comprender los cambios acontecidos en diez años, en especial a partir de la llegada del populismo peronista en su fase kirchnerista al poder.

De La Rúa fue, para Argentina, el eslabón final de una cadena en la que lo precedieron Alfonsín padre –el inteligente y talentoso políticamente- y Menem, cuya característica principal es la de haber ejercido la primera magistratura del sometimiento de la legalidad democrática, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho a los planteamientos de distintos sectores empresariales de la vida socioeconómica de nuestro país a sus planes de negocios particulares.

La más mínima noción de gobierno representativo, durante los años que fueron de 1976 a 2003, fue totalmente aniquilada. A partir del golpe de Estado perpetrado por el grupo genocida del Proceso, se consolida un esquema jurídico dispuesto a los fines de consagrar por tal vía (la jurídica) un sentido de gestionar el Estado en beneficio únicamente de los intereses de lo que Eduardo Basualdo denominó como oligarquía diversificada. Durante aquel período, los ocupantes de turno de los distintos espacios institucionales no decidían por sí ni ejercían los programas de gobierno que consagraba la soberanía popular, por cuanto los márgenes de acción eran mínimos –por obra y gracia de las sucesivas reformas legales que se le practicaron al Estado para ponerlo a operar en función del bloque de clases dominantes: lo que es muy distinto a la tan agitada como incorrecta versión de la “desaparición del Estado- y la voluntad política para construir la correlación de fuerzas necesaria en función de subvertir tal situación, inexistente.

El estallido final de la Convertibilidad (que significó poner un moño de regalo a la entrega de lo poco que ya quedaba de capacidad de decisión estatal) se produjo en medio de la puja de dos conglomerados del poder económico, que perseguían objetivos distintos. Ninguno de ellos, faltaba más, tenía en miras la resolución de los dramas sociales que la instalación del modelo económico financiero neoliberal había legado, sino la definición de un nuevo patrón de acumulación que resolviera sus dilemas dinerarios particulares; básicamente, si tenían nominadas sus deudas en pesos o en dólares: esto fue, dolarizadores versus devaluadores, siempre con el descargue de los costos sobre las espaldas de los sectores asalariados (los pocos que iban quedando y desprotegidos de la sociedad) como variable de ajuste de la posibilidad de instalar uno u otro.

Así se caminó hasta las elecciones de 2003. Néstor Kirchner desechó la oferta de ser jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde puesto que discrepaba con la decisión del entonces presidente interino de hacer frente a la recesión a partir de la creación de pobreza más rápida y profunda de la historia nacional. Eso es, en concreto, lo que significó el detalle de la pesificación asimétrica en la decisión, necesaria, que se tomó de devaluar y poner punto final a la economía de valorización financiera para pasar a otra que anclara en los sectores productivos. Claro que sin el agregado que haría Kirchner a partir de 2003: encarar la inclusión social y el pase de facturas por los desastres socioeconómicos a los causantes de los mismos. Clave, esto último, en el surgimiento de mayor involucramiento militante, especialmente juvenil, que ha madurado en estos tiempos, fundamentalmente a partir de la convicción de que hoy se puede creer en que un proyecto político interpretará los sentires populares y que entonces a partir de ellos es posible pensar en algo distinto al "consenso" que reinaba, presuntamente incuestionable, en lo previo.

De resultas de su cambio de postura, hubo, en veintiocho años de recuperación democrática, el único ciclo de reducción sostenida en los niveles de pobreza (caída del 54,7% al 22,3% de 2003 a 2011), indigencia (reducción del 27,6% al 5,7% en igual período) e inequidad (la brecha entre ricos y pobres se redujo de las 31 veces al año 2003 a 17 veces actuales). Quizás la mejor muestra de las distancias que separan a uno de otro modelos.

Hace falta observar con un poco de ganas, nomás, al actual período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para darse cuenta, a partir de las voces que se alzan en contra de las distintas iniciativas que van tratando los representantes del pueblo en estricto cumplimiento de las promesas de campaña de la recién reelecta presidenta CFK, del cambio de época que, en cuanto a gestión de intereses materiales concretos, todo esto supone. Que son las quejas de los mismos que se beneficiaron con el orden anterior solamente en razón de que ahora no se legisla más a la carta (de ellos). No sin olvidar, en el ir y venir epocal, las recientes presiones y operaciones periodísticas montadas desde diversos sectores del poder fáctico en pos de que se designaran operadores de sus propios intereses en el nuevo gabinete de ministros. La respuesta de Cristina a todo ello fue la especialidad de la casa: ni bolilla a nadie.

En buen criollo, decidió la Presidenta, como corresponde en virtud de la letra y el espíritu constitucional. Lo que no ocurría en otros tiempos, cuando los Gabinetes, especialmente el económico, los ocupaban representantes de diversos grupos de interés. En el caso de De La Rúa, recordemos, batió récords de economistas en la función que fuera: José Luis Machinea, en la propia cartera económica, luego reemplazado por Domingo Cavallo; Adalberto Rodríguez Giavarini, en Cancillería (aceptable, era tradición, triste, pero tradición al fin, designar economistas allí); Juan José Llach, ¡en Educación!; Ricardo López Murphy, ¡en Defensa! Más tarde llegaría Chrystian Colombo a la jefatura de Gabinete, que casi pasa a Interior entrando Cavallo a su puesto luego que De La Rúa descartara el regreso allí de Chacho Álvarez para mantener a López Murphy en su puesto –no se sostuvo, al final-. Bien que lo sabemos, ahora no hay presidencia de las corporaciones. Ni para ellas tampoco.

Por último, vale reiterar lo que acá ya he dicho varias veces, hoy que estamos de recuerdo, respecto de Hugo Moyano. Que en aquellas épocas se paró de manos contra el sistema que destruía ciudadanía social. Y denunció el pisoteo que las instituciones sufrían por haber asumido el papel de gendarme de la rentabilidad empresarial. Pero, fundamentalmente, y porque estaba por la correcta estratégicamente, no por las formas chanchas, sino porque todo aquello se hacía a costa de los intereses de la clase trabajadora argentina, que ya por entonces caminaba rumbo al estado vegetativo.

Confiemos en que el aniversario del estallido del esquema de empobrecimiento planificado contra el que combatió con valentía y éxito lo hagan recapacitar, justamente, respecto de los contrastes con los tiempos presentes, y del rol distinto que, entonces, le cabe en todo esto.

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