miércoles, 19 de octubre de 2011

Democráticos y respetuosos de la institucionalidad republicana

Edgardo Mocca dijo (el último domingo, en 6-7-8) que el éxito del kirchnerismo tras la eclosión de 2001 estuvo basado en que efectuó una interpretación democrática y popular de aquella fractura social expuesta de la que emergió el actual ciclo posneoliberal que aún intenta definir sus características particulares.

La semana pasada Beatriz Sarlo decía en La Nación que las instituciones de la república tienen para el kirchnerismo carácter meramente instrumental, dándole connotación negativa a tal apreciación. Me llama la atención, tanto que Sarlo diga eso, como que algunos compañeros desestimen que lo que el kirchnerismo construyó en términos de mejoras de los índices socioeconómicos –el mejor, en eso, desde 1983 a la fecha- se sostiene, precisamente, en que el actual es, también, el gobierno más democrático y que con mayor respeto para con la institucionalidad republicana se condujo en la historia de este país.

Los indignados reclaman en todo el mundo que los gobiernos que eligen asuman que son los depositarios del mandato popular, cuya voluntad, y ninguna otra, es a la que debe fidelidad un gobernante. En Argentina, por increíble que suene, se suelen oír críticas al kirchnerismo porque éste rehúsa actuar los libretos de los poderes fácticos o porque los ministros obedecen y se subordinan a la autoridad presidencial o porque ha empoderado a colectivos sociales representativos de sectores con demandas sociales diversas y de larga data.

Por si hace falta aclararlo, la autoridad presidencial es la del pueblo que la sustenta electoralmente. En definitiva, los de la sociedad toda a la que representan los poderes políticos/institucionales y no los de intereses particulares: en ese entendimiento, poco hay para reprochar en términos institucionales cuando un gobierno se niega a ejercitar aspiraciones sectoriales si las considera inapropiadas.

Es clave lo que dice Mocca, el “que se vayan todos”, si bien se mira, no hay que situarlo en los dirigentes que por aquellos días ocupaban espacios institucionales (que quedan, como hace poco demostró Horacio Verbitsky con extrema rigurosidad, frente a las livianas observaciones que a ese respecto efectuó Jorge Lanata), sino –como dice Alfredo Zaiat que ocurre hoy día en Europa con los anti sistema- con los formatos de conducción del Estado que por aquellos días imperaba.

El kirchnerismo, para tener éxito, sencillamente se dedicó a actuar en sentido contrario a las recetas que habían conducido al estallido; esto es, a abandonar la estrategia de legitimar institucionalmente las conducciones de los sectores extra poder, y encarar, en cambio, la recuperación del Estado como herramienta de construcción de las soluciones que demandan los sectores populares. Es decir, a recuperar la institucionalidad republicana y llenar de sentido popular a la democracia, siendo que una y otra son, en efecto, instrumentos que pueden ser puestos al servicio de distintos sectores sociales.

Por lo demás, Cristina es la jefa de Estado que menor cantidad de vetos y DNU (aparte de haber saldado, en 2006, la mora de doce años en cuanto a la sanción de la reglamentaria que, a tales efectos, había ordenado la CN en 1994) ha utilizado en 28 años de democracia recuperada, el Congreso se ha erigido en una plataforma permanente de exposición de debates públicos, se plasmaron legalmente las medidas insigne del proyecto –Ley de Medios, reforma política, movilidad jubilatoria (redujo su discrecionalidad en la decisión de otorgamiento de aumentos), estatización del sistema previsional, etc.- y ha abierto órganos de gobierno cuyas conformaciones anteriormente dependían de la exclusividad de la voluntad del Poder Ejecutivo –nuevo COMFER- a oposición y organizaciones de la sociedad civil, gobierna sin facultades delegadas y se ha autolimitado en su capacidad de reasignar partidas presupuestarias (de la que gozan muchos gobernadores).

Agréguese a lo anterior, que ha sido durante estos ocho años que el Estado ha profundizado el cumplimiento de los compromisos que adquirió en sedes internacionales (Tratados internacionales de DDHH y de Integración regional); y el congreso nacional en particular y el debate público en general se han convertido en plataformas de exposición de discusiones que otrora estaban obturadas por el “consenso” extrainstitucional. Ni que decir de las elecciones con mayor cantidad de pauta para todos los contendientes en condiciones de igualdad a rajatabla.

En efecto, durante el kirchnerismo se han puesto en cuestión los sentidos de democracia y de institucionalidad, pero ésa es, precisamente, una meta deseable de una tanto como de otra: la posibilidad infinita del cuestionamiento a la pretensión de establecer sus significados con carácter de inmóviles, por cuanto sería un oxímoron suponer que puede clausurarse debate alguno bajo un sistema de gobierno que, renunciando a todo ideal de fijeza, tiene como nota esencial, justamente, “la posibilidad del cuestionamiento ilimitado de su organización y de sus valores, que nunca alcanzan un estatuto definitivo” (cita robada a Alicia Ruiz).

Sería bueno que comprendamos, aquellos que abrevamos en esta experiencia del campo nacional, popular y democrático, el valor inmenso que ha tenido el respeto por la institucionalidad que siempre ha demostrado este espacio en la edificación de la potencia del mismo, sobre todo desde que el propio Néstor Kirchner siempre dijo que a su gobierno lo parió… el saneamiento de la Corte Suprema de Justicia: el guardián último del imperio de la Constitución Nacional.

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