lunes, 18 de abril de 2011

Es cierto: hay que hacer como hacen en Uruguay

Gracias a que el debate político argentino ha sido copado, en los últimos años, por una caterva de analfabetos en la materia que son funcionales a la estrategia de los poderes fácticos de travestir de sentido común lo que no son más que sus propios intereses de clase, se han venido ponderando actitudes como las que adoptaron Julio Cobos, Victoria Donda, Daniel Katz, Felipe Solá y una buena cantidad de otros dirigentes que, luego de haberse hecho de distintos cargos por obra y gracia de la locomotora de CFK en 2007 fueron abandonando, en distintos momentos, el programa de gobierno en apoyo del cual fueron designados por el pueblo (pero no los espacios, obviamente) para darle sustento a la ejecutora del mismo –Cristina, claro-, “por actuar conforme a sus convicciones y libre conciencia” según el relato chamuyero que se pretende cabal intérprete de nuestro sistema político/institucional.


Estoy leyendo un libro del politólogo italiano Gianfranco Pasquino, titulado “Los poderes de los jefes de gobierno”. Aún no lo termino, pero hasta donde llegué el autor se encarga de ponderar valores tales como la disciplina partidaria, que por estas pampas es denostada bajo el descalificativos tales como “seguidismo acrítico”, “levantamanos” y demás; y pretendiendo, increíblemente, elevar a altas categorías de valoración social el que cada legislador haga lo que mejor le parezca según el caso, lo cual abona a la difusión de lecturas que tergiversan el sentido del diseño institucional que consagra nuestra ley fundamental. Del mismo modo, Pasquino se encarga de señalar las bondades que encierra el hecho de que sean los jefes de los gobiernos los encargados de impulsar la enorme mayoría de las leyes que se discuten y sancionan como mejor garantía de respeto al rumbo programático consagrado popularmente (aún en sistemas parlamentarios de gobierno; en Suecia las leyes que se sancionan se originan en un 96% en “los gobiernos”; en Irlanda el porcentaje se eleva al 98%, en Alemania, 76%; Francia, 81%; Italia, 75%; Gran Bretaña, 92%; España 92%-. En Argentina el porcentaje es mucho menor, ronda el 60%, y sin embargo, durante el tiempo en que fue dominado por el kirchnerismo, se insultó al Congreso con la etiqueta de “escribanía del poder K”.


Otro tanto podríamos decir de las vedettes de los últimos dos, tres años: el diálogo, el consenso, ‘las cuatro o cinco cosas en las que todos estemos de acuerdo”, las políticas de Estado y los Pactos de la Moncloa (como si el establecimiento de una política de Estado dependiera de que sencillamente se sienten a escribirlas en un papel los ¿líderes? opositores –tengo para mí que el verdadero objetivo de movidas como la de Macri son orquestadas desde más arriba para garantizar de que habrá apoyo mediático al Grupo A a cambio de compromiso de sus distintos integrantes con programas por capital-), la seguridad jurídica como forma de obturar cualquier posibilidad de que se reflejen en las leyes los cambios que se producen en los esquemas de dominación social (estoy muy Teoría Crítica del Derecho y Foucault).


Pero volvamos a lo primero: hace pocos días, en Uruguay, el gobernante Frente Amplio logró en el Congreso la sanción de la ley que deroga la amnistía para los integrantes de la última dictadura uruguaya, que también había sido establecida por ley y refrendada dos veces en sendos plebiscitos. Dos senadores del partido de gobierno, Eleuterio Fernández Huidobro y Jorge Saravia, se mostraron en contra del proyecto. El primero, se allanó al mandato partidario y al programa gubernamental que se comprometió ejecutar cuando fue candidato y, a pesar de que personalmente estaba en contra de la iniciativa, la respaldó con su voto (resignando, como correspondía que hiciera, su parecer personal), tras lo cual renunció a su banca para expresar, de ese modo, su desacuerdo. El segundo, se empacó en votar en contra pese a la orden frenteamplista, lo que le valió la expulsión del espacio.


(Digresión: hay que dejar sentado que ya de por sí era vergonzoso y reñido con cualquier lógica poner a disposición de un escrutinio electoral la suerte de los DDHH, cosa que, incluso, comprometía acuerdos que Uruguay suscribió en el orden internacional: lo que se dice un canto al respeto por la ley y la seguridad jurídica, ¿no? Pero, claro, todo hecho con voz y modos señoriales, lo que, por supuesto, tiñe a lo actuado de razonabilidad, ¿cómo no?)


Entonces, yo, desde mi humilde espacio, también hago un voto para que muchos de nuestros dirigentes se hagan, por fin, eco del reclamo: ¡¡¡Hagamos como hacen en Uruguay!!!

2 comentarios:

  1. Bien por el Frente Amplio, porque una de las responsabilidades de los dirigentes es, valga la rebuznancia, dirigir, liderar. Y en este caso lo hicieron.
    Que el Pepe Mujica, que me viene defraudando y mal, haya dicho que no va a vetar la ley, es un avance.

    Un abrazo.

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  2. Pero, además, ponerse a pleitear sobre DDHH en ls urnas, forma parte de los más tristes artilugios a los que echó mano la derecha para eludir cobardemente sus responsabilidades.

    Pepe está muy limitado, en Uruguay acelerar cuesta mucho, la población allá es mucho más gris, digamos.

    Abrazo para vos.

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