jueves, 23 de septiembre de 2010

Sumando al debate sobre el Pacto de Olivos

Días pasados se discutió, acá y acá, sobre algunos aspectos cuestionables de la reforma constitucional de 1994. Vale decir, ante todo, que quien esto escribe piensa que la actual versión de la CN es infinitamente superior a lo que era la anterior, versión 1853/60 (atemperada por la ilegítima modificación impuesta por la Fusiladora en 1957, tendiente a validar en derecho lo que en los hechos era la proscripción política del peronismo y el silenciamiento y violencia física total y absoluto al que se sometía al más de sesenta por ciento de población que adhería al movimiento; y que por terminar, en el medio, recogiendo –de forma desprolija, claro- algunos de los aspectos de la que fue la mejor constitución que tuvo este país, la de 1949, vio truncado sus objetivos de máxima).

La superioridad de nuestra actual carta magna por sobre su antecesora (base legal sobre la que se asentó un modelo de autoritarismo de mercado excluyente, muy lejano al liberalismo, y atravesado por la violencia contra las masas populares), es casi indiscutible.

Hay, sin embargo, un par de cuestiones que deberían salvarse. Varias fueron mencionadas en los posts citados, el presente quiere tomar dos y abundar un poco más sobre ellos.

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Era -sigue siendo- sana la idea original de los constituyentes del `53, en cuanto a que sean las legislaturas provinciales las que designen a los representantes de las provincias en el Congreso Nacional. El Senador debe(ría) funcionar como agente del Gobernador en el plano nacional, el hecho de que no sea designado en forma directa no hace mella en la voluntad popular, que después de todo es la que consagra a los legisladores locales.

En la actualidad, se dan situaciones ridículas: Santa Fé, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Salta, son representadas, todas, por senadores que se identifican como opositores; Misiones, por todos oficialistas; Macri no tiene hombres propios que defiendan su gestión en el Senado; Urtubey y Schiaretti, tampoco; Reutemann y Giustiniani, compiten en sus respectivos pagos, pero son aliados a nivel nacional (ídem pasa con Verna y Marino –compiten por La Pampa-, Juez y Mestre –por Córdoba-, Torres y Viana –por Misiones-, Nito Artaza y Juez –por ser el payaso del grupo-).

Hay que reconocerlo, la innovación -nacida de la cabeza de Alfonsín para reservarle bolsas de trabajo a los correligionarios- ha hecho agua, es (atento a sus objetivos, tanto los declarados -ya expuestos aquí-, como los no declarados -que el radicalismo preservase lugares de poder-) un rotundo fracaso.

Volver al esquema anterior, o bien encontrar alguna reformulación que tienda a consolidar el predominio de los grandes partidos, ayudará a encuadrar mejor los posicionamientos políticos. Hoy en día, la Cámara es un archipiélago indescifrable, plagada de minibloques -circunstanciales en su mayoría, y otros más duraderos-, interbloques, acuerdos estilo UTE (Unión Transitoria de Empresas). Senadores que se pasan de bando: Sobre todo del kirchnerismo hacia la oposición, siete de los actuales senadores fueron electos como kirchneristas y hoy revistan en Resto del Senado (Basualdo, Romero, Escudero, Pérez Alsina, Rached, Verani, Bongiorno).

El único bloque más o menos bien conformado, y que a la sazón es mayoría por organicidad y cohesión puertas adentro, es el del FPV, y el Grupo A pretende ignorarlo.

Se ha hecho imposible, desde hace tiempo y se acentuó durante 2010, elaborar acuerdos políticos (y que encima, cuando se dan, son bastardeados de corruptos). Que haya un berenjenal en la cámara baja, vaya y pase: Es allí donde están los representantes del pueblo, y es aceptable que refleje la mayor diversidad que efectivamente hay en la sociedad. La cámara alta, en cambio, que es donde se juega la suerte de las gestiones locales, donde se desarrolla el juego político propiamente dicho, está pidiendo un cambio de lógica.

Desde acá, sugerimos volver al sistema anterior.

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Sobre el Consejo de la Magistratura ya varias veces ha sentado su postura Segundas Lecturas. Nada que implique despolitizar las decisiones de estado será acompañado desde este espacio.

Antes de la reforma los jueces eran designados por medio del visto bueno de la comisión de acuerdos del Senado, y el voto del pleno de la cámara. El político se involucra con esa decisión, y eso puede ser sopesado a su debido tiempo por el votante, como uno de los ítems a incluir en la evaluación que se hace del desempeño del mismo.

El motivo para crearlo fue que era necesario desinvolucrar de la selección de los jueces los favores políticos. Como si los jueces no hiciesen política.

Por otro lado, nada de lo que se proponía logró, ni con la conformación actual –la resultante de la reforma de 2006-, ni mucho menos con la anterior.

No existe razón alguna que justifique el hecho de que la corporación de jueces y la corporación de abogados tengan voz y voto en la designación y remoción de Sus Señorías. Años se ha pasado la teoría rompiéndose la cabeza para ver como se hace para acercar más al único poder no electivo del estado, el judicial, al pueblo. El Consejo de la Magistratura, tira todo ese recorrido al demonio.

La obra de Montesquieu no implicaba, como muchos pretenden, la división de poderes, porque el poder es uno, lo que se dividen son las funciones. Y así y todo, ello no significa que deban operar como compartimientos estancos. Hay interconexión: el poder legislativo ejerce funciones similares a las del poder judicial cuando lleva a cabo el juicio político; el poder ejecutivo es colegislador, y tiene a mano la potestad del decreto, como función naturalmente legislativa.

Y se ha previsto la vigilancia interconectada: el legislativo revisa los DNU; el ejecutivo tiene que prestar su acuerdo a las leyes, en virtud de su función co legislativa, mediante el veto o la promulgación.

Los jueces, Consejo de la Magistratura mediante, no son vigilados por ninguno de los otros dos poderes, se controlan a sí mismos.

Desde acá, sugerimos ídem que el apartado anterior.

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Feliz primavera atrasada para todos.

3 comentarios:

  1. Hola Pablo
    Muy interesante tu post. El Pacto de Olivos tiene la virtud de mostrar lo que estuvo dispuesto a hacer Alfonsín para salvar a su partido del incendio.
    Un Abrazo

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  2. Soy Pablo, no me loguea:

    Yo no lo condeno a Alfonsín por haber hecho el Pacto de Olivos. Insisto, aún tratándose de una maniobra para resguardar el peso del partido radical en la escena nacional, la resultante fue más buena que mala. Lo que sí me molesta -y mucho- es que hablen de Alfonsín cual si se hubiese tratado de un tipo que estaba por encima de escaramuzas, cuando la realidad indica que ha sido uno de los rosqueros más grandes. Se ha tergiversado mucho su figura. Demasiado se ha mentido y dicho boludeses a su respecto: Padre de la democracia al tope. Yo lo valoro enormemente, le tengo cariño como figura de nuestra historia, me dolió su muerte (porque sus sucesores dan para el vomito, sobre todo), pero las cosas como son. Utilizó el miedo para autojustificarse: Que Menem se reeligiera por medio de un plebiscito, sólo el creyó en esa posibilidad. Aparte, no hubiese sido posible, aún cuando algún loco lo hubiera deslizado. Y por otro lado, cuando hoy se habla de respeto a la ley para oponerse al actual oficialismo nacional, bueno sería que se estudie aquella reforma: Votar a paquete cerrado el Núcleo de Coincidencias Básicas es inconstitucional; el Senado hizo reformas a lo acordado en Diputados, debía volver a la cámara de origen, y no pasó: también inconstitucional. Cuando el consenso, es decir, los acuerdos tras bambalinas, se dan, aún -como en este caso- para burlar la ley, nadie dirá nada.

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  3. Pablo
    Comparto con vos los sentimientos y la apreciación del gobierno de Alfonsín, en un momento muy difícil, y también el asco que me dio lo que hicieron de él a su muerte.
    Pero hay que soslayar que él tampoco hizo demasiado para no tener el partido vomitivo que es la UCR.
    Un Abrazo

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