lunes, 27 de septiembre de 2010

Ricardito Alfonsín y la historia del artículo 14 bis

Se discute en Argentina la participación obrera en las ganancias, manda incluida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional argentina. Días pasados, el diputado nacional Ricardo Alfonsín sostuvo que a ese artículo “lo pusimos nosotros” en la carta magna. Es, cuanto menos, llamativo, que el hijo del ex presidente Raúl Ricardo se haya expresado en esos términos. Porque no suele hablar chabacanamente y por el recorte de hechos de que adoleció su apreciación. Las cosas fueron un poco más profundas y complicadas.

La convención constituyente que reformó la Constitución Nacional de 1853 -matizada por las pequeñas reformas que se le hicieron en 1860, 1866 y 1898- que por entonces regía el país (siendo que, en un hecho sin precedentes -y que, por suerte, no se volvió a repetir-, se había derogado por medio de una "proclama" la constitución aprobada en 1949), fue convocada por un poder ilegítimo, inconstitucional, represivo y antidemocrático.

Gobernaba la Argentina, para 1957, la dictadura de la Revolución Fusiladora, en nombre de la cual presidía el país el Teniente General Pedro Eugenio Aramburu, secundado por el Almirante Isaac Rojas. Habían desalojado del poder, dos años antes, al gobierno constitucional y democrático de Juan Domingo Perón, eran los inicios de lo que serían dieciocho años initerrumpidos de dictaduras en el país. Era asesorado, ese poder de facto, por la denominada Junta Consultiva, integrada por partidos políticos de relevancia histórica nacional, representados en figuras preponderantes del escenario dirigencial de entonces, tales como Américo Ghioldi, Oscar Allende y Alicia Moreau de Justo.

Arriba del sesenta por ciento de la población argentina (tomamos datos de 1954, un año antes de la caída del "régimen", las elecciones vicepresidenciales que Perón abrió a todos los partidos políticos –hecho único en la historia argentina-, en las que el c
andidato justicialista, Alberto Teisaire –luego traidor a Perón; y mendocino, vaya dato-, había ganado con el 62,5% de los sufragios, esto en medio de lo que luego Raúl Prebisch describiría como momento de crisis del modelo peronista, en un informe que efectuó, a pedido de La Fusiladora, cuatro meses después de haber firmado otro en el cual afirmaba exactamente todo lo contrario) tenía, al tiempo de efectuarse la reforma, 4161 mediante, sus derechos cívicos, políticos y sociales conculcados.

Dicho gobierno se había propuesto “desperonizar” -según sus propias palabras- el país, intentando algo similar al proceso de desnazificación llevado a cabo en Alemania post segunda guerra interimperialista, cual si ambos procesos políticos se trataran de la misma cosa.

La declaración de necesidad de la reforma de la constitución de 1949 había sido bastante cuestionada: Se votó, tal la postura del peronismo, con los dos tercios de los legisladores presentes en la sesión en que se debatió el tema y no con los dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso, como querían las distintas facciones opositoras. Planteo aquel que, de haber prosperado, hubiese puesto en un serio brete la institucional toda del país, ya que todas las leyes de declaración de necesidad de reforma anteriores (1860, 1866, 1898) habían sido sancionadas, igual que la de 1949, con dos tercios de los legisladores presentes en sesión, con lo cual también aquellas deberían haber caído.

Por lo demás, la reforma de 1860 se llevó a cabo pese a que en el texto originario estaba prescrito que no se podría hacer el primer retoque hasta pasados diez años de la sanción originaria, y habían pasado siete. Todo lo cual prueba cuanto más laxa puede ser la exigencia de respeto a la ley cuando va dirigida a los sectores oligarquía, inspiradores de nuestras primeras leyes fundamentales, bases legales de la instauración de un modelo de autoritarismo exclusivo de las mayorías, que cuando se trata de los sectores nacionales y populares, que no hicieron, en 1949, otra cosa que recoger el legado del constitucionalismo social que por entonces iba haciéndose lugar en el mundo.
En el marco del avance de los estados de bienestar, se ampliaba para los ciudadanos la esfera de derechos con normas referidas a lo social, cultural, laboral, salud y económico (en Argentina se conocen como "derechos de segunda generación"; se incluyeron en la CN bajo el título de "derechos del trabajo, la familia y la ancianidad"), como consecuencia de la acción de las organizaciones obreras que venían pujando por la inclusión de los mismos en los textos legales, como pacto capital-trabajo, garantía de continuidad de un capitalismo más inclusivo. Y la redefinición, además, del papel del estado en la actividad económica, ganando mucha mayor preponderancia. Para 1949, esta era una realidad cuasi total a nivel mundial.

Haber sido regidos por una constitución nacida de la voluntad de un gobierno de facto es otro ejemplo de la distinta vara con que siempre se ha medido a los procesos populares, y en cual también se repara poco, a comparación de cómo se discutieron en su momento detalles como cuantos diputados y senadores votaban por entender necesaria la reforma. El profesor de derecho constitucional Daniel Sabsay, por ejemplo, ha afirmado que la constitución de 1957 surgió de un gobierno, atentos a esto, “revolucionario”. Eso, en boca de un hombre encargado de la formación de abogados en Argentina, integrante del cuerpo docente de la UBA, para peor.

Retomando aquello de la desperonización, al tiempo de convocar elecciones de constituyentes, había comprendido la Fusiladora que su único objetivo, el de arrancar al peronismo del sentir social de las inmensas mayorías populares que lo sustentaban (en pos del cual no dudó en aliarse a Gran Bretaña, el mismo Churchill dijo alguna vez, que después de vencer a Hitler, lo mejor que había hecho era haberse cargado a Perón), se le hacía de cumplimiento imposible, y entonces buscaba una salida política al tema, no sin antes promover la confección de una herramienta legal que le permitiese seguir condicionando el juego político e institucional.

Ese, y no salvar toda la legislación social que se había ido al tacho con la derogación de la CN de 1949, era el objetivo de Aramburu y Rojas. Las elecciones de constituyentes fueron ganadas por nadie (el voto en blanco, del peronismo, ocupó el primer lugar), seguido por la UCRP y la UCRI, respectivamente, que habían partido el radicalismo al medio (pour le gallerie, por el modo en que se definiría la elección del candidato a presidente para 1958; pero, en realidad, se debió a la postura que unos y otros tomaron con respecto al peronismo).

La UCRI (liderada por Frondizi y Allende) se oponía a la reforma, no quería participar de un juego promovido por la dictadura, jugaba en eso la cercanía que estaban tejiendo con el justicialismo proscripto. La UCRP (y el resto de los partidos como el Socialismo, el Demócrata Cristiano y el Demócrata Progresista), en cambio, sí estaban en la onda de participar en la orquesta reformista, por cuanto compartían con La Fusiladora el profundo sentir antiperonista.

Pero además, aún dentro de la UCRP existían divisiones: Por un lado, los unionistas, liderados por Miguel Ángel Zavala Ortiz, máximo favorito de los fusiladores para la sucesión de Aramburu, luego fue canciller de Illia, y donde militaban Perette, Sammartino –aquel del aluvión zoológico-, Tamborini, Mosca, Mor Roig, representaban el más puro gorilismo, tanto que su nombre lo debían a su reivindicación de la Unión Democrática; por otro, los sabbatinistas, conducidos por el cordobés Amadeo Sabattini, representaban el residual sector de centroizquierda nacional y popular del partido –un poco herederos del yrigoyenismo, no tan lejanos a Perón, Sabattini hasta recibió la propuesta de ser vice de Pocho en 1946-; y, por último, el sector de Balbín, con una postura intermedia entre ambos, abiertamente antiperonistas como los unionistas, pero no del todo renuentes al legado social del texto de 1949 (sí eran refractarios del modelo económico que las había sustentado).

(Digresión: Bueno sería que R.A 2.0 dijera a cual “nosotros” se refiere, siendo que, como se ve, radicalismo, para entonces, había varios)

Reunida la convención constituyente, la UCRI y otras fuerzas menores plantearon la nulidad de la misma, sustentando la postura –correctamente- en el vicio de origen que implicaba tal convocatoria, por medio de un presidente de facto y tras la derogación de la CN anterior por medio de un decreto, se retiraron de la misma, entonces, comprometiendo el quórum. El resto de los partidos permaneció en sus lugares, postura que Alfredo Palacios fundó en un supuesto “derecho a la revolución”, incluido vaya uno a saber en que texto legal.

Lo gracioso de todo, es que, una vez asegurada la puesta de nuevo en vigencia del texto retrogrado de 1853, quedó claro que no había ganas de incluir ventaja social ninguna en el futuro ordenamiento.

Gracias a la acción de algunos de los legisladores de los bloques que quedaron presentes en la convención (particularmente importante fue la tarea de Crisólogo Larralde, jefe por entonces de la UCRP), se hizo lugar, finalmente, a reunir algunos de los derechos sociales que se habían extinguido en el artículo 14 bis, aunque en forma por demás desordenada y desprolija, muy lejos de la calidad y armonía de que supo hacer gala la constitución peronista.

Asegurado el 14 bis, los sectores de la derecha más rancia que integraban la convención decidieron retirarse la misma (“para terminar haciendo lo mismo que Perón, mejor nos vamos”, aunque no era exactamente así como para decir lo mismo). El engendro quedó sin quórum, y así, la jugada antidemocrática intentada por La Fusiladora no pudo, felizmente, quedar plasmada en nuestra constitución, bien que sí continuó en los hechos.

Esa es la historia del artículo 14 bis, que a pesar de todo lo dicho arriba, es valorado por quien esto escribe como un gran avance respecto del estado anterior de cosas, no sea cosa que se lo identifique a uno con un comunista. Dentro de él se inserta la participación obrera en las ganancias, cuya reglamentación el empresariado en su totalidad, los grandes medios -que son lo mismo- en general, y la enorme mayoría del Grupo A, pretenden desconocer y obturar.

Desde Segundas Lecturas siempre hemos reivindicado la figura de Raúl Alfonsín, en tanto rosquero, hombre los partidos políticos, orador de conceptos duros y acérrimo enemigo de las corporaciones antiinstitucionales y condicionantes de los poderes constituidos. Asimismo, reconocemos en Ricardito a alguien que sabe, a veces (muy pocas, cada vez menos), marcar matices respecto de sus compañeros de la Unión Democrática 2.0.

Y quien escribe, para seguir con las referencias personales, ha sido, es, y será, partidario inveterado de la subjetividad, por cuanto a la objetividad la ubica en la misma categoría que Papa Noel, los reyes magos y el conejo de pascuas: Simplemente, no existe. Pero una cosa es eso, y otra muy distinta es consignar los datos con una falta de honestidad intelectual tal como el “lo pusimos nosotros” denota. Es un parecer, nomás. Vaya uno a saber.

Posdata: Del mismo modo, sería bueno que Ricardo Alfonsín tenga una charla con su correligionario Oscar Aguad, quien ha calificado al proyecto de reglamentación del reparto de ganancias entre los obreros de Recalde como “ridículo y voluntarista, que espantará las inversiones”, y que ofrezcan a la sociedad una postura más unificada de la postura que asumirá el partido en el debate, no sea cosa que pensemos que tras más de cincuenta años no hayan cambiado tanto las cosas en el partido de Alem.

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