martes, 13 de julio de 2010

Muchos debates, el mismo debate

Entre las más importantes cuestiones que tiene a evaluación el Congreso por estos días (82% móvil, Consejo de la Magistratura, eliminación de los superpoderes del Jefe de Gabinete, supresión de las facultades delegadas, disminución de las retenciones, matrimonio igualitario), y por loco que suene por las diferencias existentes entre todas ellas, subyace una misma intentona: poner en cuestión el papel del estado como regulador y arbitro de las relaciones sociales.

Luego de desechado, por su rotundo fracaso, el paradigma neoliberal que logró reducirlo a la más mínima expresión de que se tenga memoria, actualmente el estado interviene más, con mayor diversidad e intensidad, y –aunque, es cierto, no todo lo que uno quisiera- mejor.

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Se plantea la necesidad de llevar de un saque los haberes jubilatorios desde el monto actual al famoso 82% móvil (¿por que esa será la cifra mágica?), sin hacer referencia a la fuente de financiamiento –o dejando picando las ganas de hacer volar por los aires la administración recuperada de ANSES, o quitándole al gobierno la herramienta que representa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de donde no se paga ni nunca se pagaron las jubilaciones, se lo mismo-.

Algún sector de Resto del Congreso ha planteado cubrir el bache –o sea, reconocen que lo habrá- por medio de la suba de los aportes previsionales al nivel que tenían en 1993. Pero mueve a la risa creer que la derecha del Grupo A acompañará en esa al sector que juega a que es de izquierda, si uno recuerda como se hicieron en los pantalones cuando la rebelión de la corporación agro-mediático-financiera en la disputa por la 125.

Tanto como mueve a la risa que esto lo propongan quienes cuando fueron gobierno se ocuparon de desquiciar el sistema previsional, lo privatizaron, se negaron a re estatizarlo, o que, directamente, cuando se vieron en la supuesta necesidad de hacer un recorte, por lo primero que fueron fue por el haber jubilatorio (el 13%).

Todo esto, al tiempo que se busca desfinanciar las arcas nacionales de lo que percibe por derechos de exportación –consagrado, mal que le pese a muchos, en el artículo 4º de la Constitución Nacional, y no por CFK-, y se quiere atar de pies y manos a la administración nacional con la imposibilidad de reasignar partidas por un monto escasísimo, moviéndolas allí de donde no están siendo usadas, para destinarlas adonde llaman las necesidades.

“O forzamos el veto impopular, o estalla todos por los aires mientras ellos pagan el costo político”, es el pensamiento de cualquiera de los gerentes que las corporaciones del establishment tienen alquilados y que están anotados en los diversos “partidos” del Grupo A.

Así las cosas, de un lado tenemos a aquellos que lograron para el estado mayor capacidad de acción -y con eso, grandes resultados: baja de la pobreza, de la desocupación, de la deuda externa, la mayor cantidad de aumentos de la mínima, llegar a la cobertura previsional más amplia de Latinoamérica-.

Y del otro, quienes promueven un imposible porque está ausente el amplio debate que merece la reformulación del sistema previsional todo –hoy in sustentable, aquí y en todo el mundo-, a pedido de las corporaciones agro-mediático-financieras que desean tener a mano ellos el dinero que hoy bien se invierte para alimentar el circulo virtuoso del crecimiento económico –que lleva siete años consecutivos, y contando-, como hace días se reveló hizo Clarín, en lo que constituyó, eso sí, una verdadera estafa al sistema previsional.

Vale la pena recordar que vivimos en un sistema presidencialista, en el cual es el ejecutivo el que genera el proyecto de gobierno, el cual el Congreso debe limitarse a aprobar o no, más nunca a elaborar uno alternativo y en contra de lo consagrado como potestad al ejecutivo.

De lo que se trata, es de un estado sometido. En este caso, en el plano económico.

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Segundas Lecturas ya varias veces ha sido claro al respecto del Consejo de la Magistratura: aquí se está en contra de la existencia misma del órgano. Repugna la sola idea de que haya minorías elegidas por nadie decidiendo al respecto de cuestiones institucionales. Esa es y debe ser tarea únicamente de los representantes del pueblo, en honor al escrutinio popular y al principio de control entre los poderes: pareciera que los jueces tienen el derecho de controlarse a sí mismos, mientras para los poderes políticos rigen los controles cruzados.

Años ha perdido, en el buen sentido de la palabra, la doctrina jurídica en buscar la forma de cómo involucrar lo más posible al pueblo en la elección del menos representativo de los poderes, el de los jueces. En ese sentido, el Consejo de la Magistratura, el K o el de “la” oposición, va en contra de toda lógica de sustentabilidad popular del mismo.

Lo ideal sería promover una reforma constitucional en la que se retorne al sistema anterior de designación y remoción de jueces. Mientras tanto, el proyecto que tiene media sanción del Senado, incrementa la participación corporativa de organismos que, encima, prestaron inestimable colaboración durante las distintas dictaduras que se sucedieron.

Las argumentaciones esgrimidas por las facciones de “la” oposición para sustentar la supuestamente impostergable necesidad de reforma del Consejo de la Magistratura, reflejan la canallada de que se trata: desde acaecida la reforma K de 2006, en un porcentaje superior al 95% las decisiones tomadas por el órgano lo fueron en forma unánime.

Estado dominado por las corporaciones, aquí en el plano institucional.

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Lo más aberrante que este comentarista haya visto desde que tiene memoria es la cruzada entre asquerosa y vomitiva que han emprendido los sectores más retrógrados de la sociedad, en contra de la igualdad de derechos para las parejas homosexuales movilizados por la iglesia de Bergoglio –no solo, pero sí mayoritariamente-, quien sabe mucho de ocuparse de convocar a guerras “de dios”, desprestigiar a los poderes constituidos, o calificar como representantes del diablo a quienes a él se le ocurra, pero poco de ocuparse de la pedofilia en que incurren sus secuaces, o, por poner otro ejemplo, del trabajo en negro que promueven sus socios de la UIA y/o los caporales la Banda de Enlace.

Basta ver el manifiesto cuasi martinezdehozista que Bergoglio (que sería de entre los sacerdotes moderados, ¿como serán los duros, pues?) se dio el lujo de ofrecer a la sociedad en compañía de la plana mayor de las fracciones más reaccionarias de esta sociedad, representados por Roberto Dromi: impresionante. Da miedo solo de leerlo. Uno se reafirma oficialista ante la sola imagen de tanta basura, y encima fracasada, toda junta.

No se han oído razones respetables para sustentar el rechazo, por fuera de apelaciones a cuestiones retrógradas, cuestiones supuestamente naturales, tradiciones precámbricas, negaciones de la realidad, defensa de una familia que ya no existe como tal –al menos no únicamente-.

Ok, cada cual puede pensar lo que le de la gana. Lo que resulta a todas luces inadmisible, es que la iglesia, de cualquier credo que sea, se arrogue el derecho de ir a apretar legisladores como ya tienen por costumbre sermonear presidentes en esa ceremonia entre monárquica y esperpéntica que son los Tedeum.

¿Quiénes creen ser Bergoglio y los suyos para darse el lujo de mandonear a los representantes del pueblo? ¿Y pueden estos ser tan pelotudos de dejarse? ¿Todo esta presión y creación de clima beligerante -creado por la iglesia, que quede claro, no el gobierno, que encima ni es autor del proyecto- por una palabra de mierda?

Es la historia de este país, en el que la iglesia católica, en un estado laico, se ha opuesto, sucesivamente, a la integración de la unión marital al Código Civil, a la primera inclusión de la posibilidad de divorciarse sancionada durante el primer peronismo, a la equiparación de los hijos matrimoniales con los extramatrimoniales, a la segunda sanción de ley de divorcio, durante el alfonsinismo. Todo, como es de rigor y costumbre, anunciando catástrofes nunca cumplidas: en general la destrucción de la familia y la sociedad.

Rige la confusión entre lo que es la ley de la iglesia y la ley civil, de ahí que se hable del matrimonio como “sacramento”, cuando lo que aquí se trata es de modificar un acto jurídico propio del derecho de familia. Que sean homónimos, poco importa. En todo caso, con o sin ley, la iglesia podrá persistir en su negativa a tratar a todos por igual y negarle la entrada a la casa del santísimo –a pesar de que este jamás se haya pronunciado en contra de la homosexualidad-. Lo que no puede es pretender tener al estado haciéndole sus caprichos.

El Grupo A en su casi totalidad –más allá de la teatralización radical, con un par que juegan a que están de acuerdo- y los alfiles mas conservadores del Frente Para la Victoria están muy con la postura de las jerarquías eclesiásticas.

Parece mentira que haya que explicar que extender la protección jurídica del matrimonio a los ciudadanos homosexuales no creará más de ellos: de lo que se trata es de operar sobre una realidad a la que el estado, a diferencia de la Iglesia, no puede darle la espalda, las miles de personas que están borradas de la protección legal de que sí gozan los heterosexuales, discriminación a todas luces irrazonable, en tanto el estado no debe ni siquiera sugerir un modelo de vida a seguir, este camino es de libre opción para la ciudadanía.

Mucho menos se puede sostener que sea posible legislar la posibilidad con un nombre distinto, el engendro de la unión civil, que encima no contemplaba, como se decía, los mismos derechos que el matrimonio. Significa que el estado acepte diferenciaciones en base a criterios demasiado discutibles, no es exagerado compararlo con el apartheid sudafricano. El colmo de la barbaridad fue la propuesta de plebiscitar la ley: bien justo para que la mayoría sepulte a la minoría que clama ser atentido legalmente. ¿Como era eso de lo aberrante de llevar gente en micros a los actos públicos?

Al final, minga de diálogo y consenso cuando de defender la posición de privilegio se trata. Y menos de respeto por las opiniones diferentes: al que esto promueve lo manda el diablo, y si nos lleva la contra se va para afuera de la casa, como le pasó al sacerdote cordobés.

Estado maniatado por corporaciones, ahora en cuanto a derechos y libertades.

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Uno cree que en esta etapa, bastante particular por cierto, de la historia, todos los debates están atravesados por la misma disyuntiva: profundizar el modelo democrático y ponerse del lado de un poder consagrado popularmente que sirva de contrapeso del poder de los actores más poderosos de la sociedad. O nos resignamos a someternos a la cadena de la dominación y tomarla como perpetua, natural, racional, y otras tantas… verdades más.

3 comentarios:

  1. Una propuesta interesante sobre el financiamiento para esta medida sería aplicar impuestos al juego y a la renta financiera entre otros. La misma la hizo Pino Solanas, lejos de este "grupo A".
    Pero no lo veo a Cristobal Lopez muy contento con la iniciativa...

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  2. Pablo: postazo.

    Deben estar lamentando el momento en que lo dejaron hacer a Kirchner para que levantara al país de las ruinas en que lo habían dejado los mismos que hoy hablan. Luego, cuando quisieron apretarlo para que el Estado dejara de intervernir en Economía, ya era tarde porque estaba fructificando este modelo y buena popularidad les había valido a los "satánicos K".

    La 125 fue un intento más (el más exitoso, seguramente) de cuestionar el rol del Estado como articulador. El ajuste por el que pataleaban a fines del año pasado y el Redradogate de principio de año lo mismo.

    Se trata además de un reaccionarismo frente a cualquier cosa que cuestione el status quo ("sus derechos adquiridos").
    El Matrimonio para Todos, aprobado gracias a que supieron algunos estar a la altura de la Historia, es otro capítulo más en la saga esta en la que siguen cayéndose la caretas y mostrándose todos tal cual son.
    Y fue un capítulo con final feliz (gracias a Dios, je).

    Abrazo grande.

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  3. La 125 debería ser redactada de esta forma en afirmativo: "se aprueba la deslegitimación del estado para intervenir en la economía". Fue nefasto, por suerte Néstor reconoció hace días los errores que tuvimos durante esa batalla: no hacer política, no salir con furia a la cancha como salimos ahora por cualquier pequeño tema. Por lo demás, estamos de acuerdo en todo.

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