martes, 15 de junio de 2010

La ley de medios será aplicada, se terminó la impunidad

La ley más debatida -y en cuya confección mayor cantidad de personas, y de los más diversos sectores, participaron-, en la historia de la democracia recuperada desde 1983, fue suspendida en forma ridícula por la justicia mendocina, que se arrogó el derecho de determinar que todo el país se quedase sin legislación en materia de servicios de comunicación audiovisual.

Ese mamarracho jurídico fue impulsado por un diputado que ofició de felpudo de un grupo de su provincia cuya conformación empresarial es claramente disfuncional para con los postulados de la libre competencia y pluralidad informativa. El mamarracho es que ese diputado tuvo sobrada cantidad de oportunidades para expresar su rechazo a la ley (de hecho, es ridículo decir que no hubo posibilidad de leer la ley y que al mismo tiempo se presenten cuatro dictámenes de minoría. ¡Cuatro!), en donde le corresponde, su lugar de trabajo, que es la cámara donde presta servicios (aunque en modo bastante deficiente, por cierto).

Hoy, 15 de junio de 2010, día histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mandó al demonio la intentona antirrepublicana que se pasaba por el escroto la división de poderes -un juez de primera instancia derogando leyes sancionadas por el Congreso-, el control de constitucionalidad de las leyes, la naturaleza de las medidas cautelares -que no pueden valer del modo en que los admitieron los magistrados mendocinos-, los procedimientos legislativos -nunca tan profundos, plurales y concurridos- y el buen sentido jurídico. Y no lo hizo así nomás. Basta entrar a revisar un poquito el decisorio de la Corte para descubrir que, en buenos modos, la Corte tildó de burros y serviles a quienes se prestaron a la maniobra.

Para la letra chica del fallo mejor remitirse a Gustavo Arballo, acá se abordará otro aspecto.

Era tan manifiestamente absurdo el planteo que tenía la Corte a examen, que cuesta no creer que lo presentaron de tal modo por dos opciones, una no excluyente de la otra. Primero, porque se confiaron en el aura de impunidad de que se vieron beneficiados durante tanto tiempo al amparo de la 22.285 (decreto ley de radiodifusión derogado por la nueva ley de medios, firmado –siempre hay que recordarlo- por Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy; Presidente, Ministro de Economía y Ministro del Interior del Proceso de Reorganización Nacional, respectivamente). Tantos años de vivir haciendo lo que se les cantó, de creer que tenían licencias especiales para burlarse del estado de derecho, de no reparar en forma alguna (tanto que hoy claman a por ellas), que creyeron también que podían sacarse de encima la ley que viene a poner coto a sus desmedidos intereses así como así.

Y resulta que no.

Segundo, porque es tan indiscutible la ley, tan irreprochable, que era imposible entrar por lado alguno como no fueran por meros defectos formales -que queda dicho, no existen, no existieron-, nunca por el fondo. O bien, tendrán que salir y ver como hacen para sincerar que están a favor de la concentración de la información, de la ley de la dictadura, y de todo lo que realmente están defendiendo. Primero era cuestión de obturar el debate, luego de negar su existencia. Derrotados por números abrumadores en el Congreso, hoy la onda pasa por deslegitimarlo a como de lugar. También el fallo de la Corte fue abrumador, siete a cero.

Ganar tiempo, en definitiva, a los fines de ver como hacen para ponerse a resguardo del propósito desconcentrador del texto de la ley. De ahí que en su momento se machacase tanto con aquello de que la CSJN nunca aceptaba tratar cautelares, ni tiene tiempos para expedirse.

No falta mucho para que las voluntades sean sinceradas.

P.D: Emocionante lo de Diego y Estela juntos en Sudáfrica. Todos cruzamos los dedos. Por el mundial y por el Nóbel de la paz.

1 comentario:

  1. Estaba esperando tu post al respecto.
    Excelente. Amén.

    Abrazo.

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