martes, 13 de abril de 2010

Dos notitas técnicas y dos posdatas

1. Dividir la cantidad de senadores del bloque propio sobre el número total del cuerpo, y ese resultado multiplicarlo por quince. Ese es el modus operandi mediante el cual se establece la conformación de las comisiones de labor parlamentaria, cuantos lugares corresponden a cada bloque.

Si uno toma la planilla donde constan las comisiones tal y como quedaron conformadas el día 3 de marzo pasado, parecería que la oposición contara con un bloque superior a los 42 integrantes. Ya que el número es tan amplio, no deberían tener ningún problema en conseguir quórum. ¿Es así? No es así. La fisonomía que rige las comisiones fue votada a mano alzada por escasas 37 voluntades entre las que se encuentran senadores de las más diversas agrupaciones políticas.

Cuando el kirchnerismo era mayoría de verdad –cerca de 41, 42 senadores propios bien articulados-, la táctica de la oposición era similar, “que primero ellos consigan el número para poder sesionar, y luego bajaremos nosotros”. La praxis es cualitativa, no cuantitativa, no dar quórum es perfectamente legal, y si hubiera que quitar dieta a cada legislador que no baja con retroactividad, Macri y De Narváez protagonizarían el descenso de nivel social mas pronunciado de la historia.

Acá el tema es que esos 37 solo sirvieron para repartirse los botines que significan las comisiones, no tienen ningún otro horizonte. El tema es que “la” oposición quiere pasar agenda sin tener en cuenta a la primera minoría, el Frente Para la Victoria, que con 32 senadores propios dobla en fuerzas a su más inmediato perseguidor (la UCR, con 16).

Ya que no les da el número, debieron acordar la conformación de las comisiones, no arrasarlas. Ya que no les da el número, no pueden tampoco querer imponer, con forceps, el hachazo al financiamiento del presupuesto re coparticipando este año el impuesto al cheque, como lo están intentando.

Es así de sencillo, depende de la buena voluntad, pero no de los senadores kirchneristas.

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2. “Que barbaridad, para aprobar una ley se exige mayor consenso que para aprobar un DNU”. Error, y grueso.

La sanción de una ley depende de la voluntad conjunta de ambas cámaras legislativas. Su derogación, ídem. Los DNU son sancionados por el Poder Ejecutivo, el Presidente. El Congreso, lo que tiene a evaluación, no es su sanción, sino si lo deroga o no.

Y es justamente en razón de que una ley no puede ser derogada sino por el concurso tanto de senadores como de diputados; y de que los DNU son homologables a ley - tienen fuerza de ley, ejecutoriedad, hacen derechos adquiridos-, que no pueden ser derogados por una sola cámara.

Si un instrumento de naturaleza excepcional como el DNU -de ahí lo de “necesidad y urgencia”-, necesitara atar la suerte de su aprobación al mismo proceso complejo –no en el sentido literal, sino técnico del término-, ¿pues para que habría de consagrarse, constitucionalmente, con tales características?

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PD1: Tarde pero seguro. ¡Fuerza, Balestrini!

PD2: Invitada personalmente a la Cumbre por la Seguridad Nuclear, sentada a su lado en el desarrollo de la misma y con reunión bilateral. CFK, recibida por lo alto en EEUU. Se ve que estamos descolgados del mundo. Sí, seguro, como no. Se puede engañar a algunos todo el tiempo; se puede engañar a todos algún tiempo; pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Va para quien lo quiera tomar. Sórbanla, está bien adentro, y síganla sorbiendo.

10 comentarios:

  1. Respecto de tu "notita técnica" número 2, vale la pena aclarar que no hay norma constitucional alguna que establezca que se necesita el rechazo de las dos cámaras para que un DNU quede sin efecto. El artículo 99(3) de la CN dejó eso a una ley especial. Fue esa ley la que estableció (la probablemente inconstitucional regla) que se necesita que ambas cámaras rechacen el DNU.

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  2. ¿Por qué es inconstitucional? El 99 inc 3º, respecto de eso, solo dice: "Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.".

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  3. Hubiera estado bueno (Buenos Aires y) el Congreso si los hubiera ido a buscar con la Policía Metropolitana (je) a Macri y De Narváez para que votaran.

    Con respecto a los DNUs. Si tuvieran los mismos requisitos de una Ley... ¿qué justificaría su existencia?
    Es claro que existen situaciones de necesidad y urgencia y que los DNU son una herramienta del Poder Ejecutivo como tantas otras. Pasa que siguen con el sueño de pasar de un sistema Presidencialista a uno Parlamentario. Para eso tienen que modificar la Constitución, muchachos.
    Pero, ¿para qué pueden querer eso?
    Simple: en un sistema parlamentarista, con presionar y dar vuelta unos cuantos legisladores (muchos ya probaron ser pusilánimes) ya harían caer a un Gobierno y debería conformarse otro.
    Mal que les pese, me parece que para la idiosincracia argentina, un régimen presidencialista es el que mejor se ajusta a la realidad.

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  4. No hace flta que un sistema sea parlamentario para que la posibilidad de sancionar leyes sea justamente del Congreso, y la de juzgar su aplicación del PJ.
    Esa es justamente la división de poderes.
    En circunstancias excepcionales y urgentes, el PE puede hacer ese engendro llamado DNU (antes se llamaban decretos-leyes). Para derogarlos por las dos cámaras no hace falta ninguna reglamentación, es algo que siepre se pudo y podra´hacer. Que la aprobación(o no rechazo) de las dos cámaras sea necesaria es un requisito bastante lógico para que quede fijo como ley. Lo que no podría decir es si lo contrario sería inconstitucional.

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  5. La CN es extremadamente restrictiva respecto de los DNU. No corresponde intentar "naturalizarlos", porque no es eso lo que se ha querido. Si fueran las dos Cámaras las que rechazaran un DNU, eso sería lo mismo a que las dos Cámaras hubieran dictado una nueva ley revocando el DNU. Esa facultad del Congreso de revocar leyes es una obviedad y para su ejercicio no era necesario que la CN dijera que se debía dar inmediata intervención al Congreso luego del dictado de un DNU. La CN no se ocupa de obviedades. Por consiguiente, la inmediata intervención del Congreso luego de dictado un DNU no es para ver si las dos Cámaras quieren dictar una ley revocatoria. Esa intervención es para ver si el DNU puede persistir como ley una vez que las excepcionales circunstancias que forzaron su dictado fueron superadas. Entiendo que la "ley especial" prevista por la CN era para resolver qué pasaba si el Congreso no se expedía respecto del DNU dentro de un cierto plazo. Pero luego esa "ley especial" salió con la peculiaridad del requisito del rechazo por ambas Cámaras. Esa disposición de la "ley especial", contraria a lo querido por el art. 99(3) de la CN es la que es inconstitucional. ESte es un comentario ajeno a los intereses políticos del momento (de hecho, los que hoy se oponen al sistema creado por la "ley especial" probablemente lo querrían tener en el futuro, o piensan que nunca serán gobierno).

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  6. La ley 26.122 es inconstitucional, aunque no se contradiga con la letra del párrafo final del art. 99.3 del CN. Hay varias lecturas de esa norma pero la que debería primar es la que parte de las siguienets premisas:
    1) La reforma constitucional se hizo para atenuar el presidencialismo exacerbado y bajo ese prisma deben interpretarse las nuevas disposiciones.
    2) En particular, la reglamentación de los DNUS quizo darle un marco jurídico a su utilización -vale decir limitarlos-. Y es por eso que la regla establecida en el 99.3 es que el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta.
    3) Ergo, la excepción que sigue, precisamente el dictado de estos decretos, se debe leer restrictivamente. Del mismo modo habría que concebir a la reglamentación legal.
    Por ende, la ley 26.122 tiene varios problemas serios en términos constitucionales: a) da fuerza legislativa a un decreto con el solo concurso de una Cámara del Congreso, lo cual entiendo que es violatorio de todo lo que dije arriba y del sistema republicano de gobierno; b) otorga derechos adquiridos desde la sanción, con lo cual si se trata de un reglamento de ejecución inmediata el control del Congreso podría tornarse abstracto -esto en algún caso solucionó a los tumbos, mediantes cautelares que lo único que hicieron fue permitir el control legislativo oportuno-; c) no fija plazo para que las Cámaras se expidan, lo que conduce en los hechos a una convalidación ficta del decreto, a pesar de que la ley 26.122 diga lo contrario.

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  7. la ley 26122 es inconstitucional porque asi lo dijo el juzgado ¿cuál? Porque hasta donde se sabe la declaración de inconstitucionalidad la hace el poder judicial.
    ¿Quienes somos nosotros para cuestionar una ley sancionada POR LAS DOS CAMARAS del CONGRESO?

    1. Repitamos todos: la reforma del ´94 se hizo para que Menem fuera reelegido, en primer lugar. En segundo lugar, en tercero y en cuarto. Después vino el frufru. Ese frufru podrá declamarse pero enfrentado a la realidad que ANTES los dnu estaban prohibidos y luego habilitados: no puede concluirse que la reforma se hizo para atenuar el presidencialismo. Menos aun cuando la reforma se hizo para ¡lograr la reelección presidencial!
    2.- salvooooo lo que continua diciendo el 99 inc 3 o lo que dice el 76 ¿no?
    3.- claro. Por eso los dnu tienen limitación de materia y son revisados por otro poder.
    Antes de la 26122, los dnu eran válidos desde su publicación hasta que alguien los cuestionaba judicialmente y ¡nadie hacía nada!

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  8. La Constitución enmarcó, no limitó, los DNU. Es decir, los contempló, los receptó, siendo que se vivía un estado de cotidianas ilegalidades, desde que era continuo el hecho de que se dictaran a montones sin que ello estuviese permitido por la CN.

    Aquello de que la reforma se hizo para atenuar el presidencialismo, justamente es cumplimentado por la inclusión de los DNU tal cual hoy lo están: se pasó de la falta de limitaciones pre reforma, a esto, que está encuadrado.

    Reitero, las cámaras no tienen la potestad de aprobar un DNU -eso corresponde al Presidente-, sino de derogarlo. El hecho de que haga derechos adquiridos y ejecutorio, es justamente en razón de la necesidad y urgencia que los inspira, la limitante -materia a evaluar por el Congreso cuando llega el elemento a sus manos-.

    La "ley especial" lo que regula es el procedimiento mediante el cual el Congreso va a expedirse, no quiere decir que por cada DNU sea necesario dictar una "ley especial".

    La nota distintiva de los DNU es ahorrar los tiempos del trámite legislativo, ergo, tanto someterlo a los requerimientos procedimentales de una ley, cuanto negarle los tipos de imperium que a la sanción de una ley en sentido estricto le siguen, es ridículo, porque entonces haría innecesario la creación de otro instrumento legal: teniendo iguales características, mejor quedarse solo con el instrumento "ley".

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  9. Pablo D, no nos vamos a poner de acuerdo, partimos de lecturas muuy diferentes de la Constitución.
    El ejercicio restrictivo de los DNU se impone a partir de la regla que sienta el propio 99.3, que además es coherente con todo el resto de la constitución (arts. 1, 29, 75.32, etc.). Y como medida excepcional de carácter legislativo, debería ser validada por las dos Cámaras del Congreso. La excepcionalidad está dada porque el Congreso no puede dictar la ley por razones particulares o porque la eficacia de la medida se perdería si se siguiera el trámite ordinario de una ley. Esto no es invento mío, fue la postura de la Corte en varios fallos -Verrochi, Zofracor y alguno más que ahora no recuerdo-.
    Al pavo del anónomimo, cuando pongas tu nombre y presentés un argumento jurídico -como hizo Pablo- discutimos.

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  10. Son distintas lecturas, Hernan. Por eso hay primeras, y segundas, como este humilde espacio, no rentado. No se peleen igual, no hace falta, si estamos charlando piola.

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