lunes, 8 de marzo de 2010

Políticos o Gerentes

Cuando el proceso de remoción de Redrado había suspendido la discusión de fondo por el Fondo, se reavivó un debate que se hizo presente (aunque siempre secundario) en varias de las innovaciones planteadas por CFK desde su asunción en 2008.

Se sabe del terreno que ha ganado en los últimos, digamos, veinte años la idea de “despolitizar” distintos órganos de la administración del estado. La discusión en torno al BCRA lo patentiza casi a la perfección, pues habría que, dicen muchos, dar el manejo del mismo a “técnicos no ligados al mundo de la política, no comprometidos con partido ni dirigente alguno, que, por ello, actuarán de modo más racional, cosa esa imposible cuando las preocupaciones electoralistas guían los cursos de acción”. ¿Se puede discutir esto? Acá sí.

Primero, la premisa entre comillas supone que son sólo los partidos políticos los que disputan y pugnan por el diseño de las políticas públicas. Discutible, cuando menos. Los intereses en juego trascienden lo meramente partidario, sobran presiones por parte de los intereses privados en busca de ecos en los representantes del pueblo. Y cuando no lo consiguen, directamente se busca copar los poderes del estado (o más bien de los órganos que estos, luego, crean). El BCRA es un caso. Ninguno de sus presidentes ha venido de la nada, todos tienen contactos previos con intereses creados varios, sino es que compartidos. Ni es un pecado (más bien es imposible pensar evitarlo), ni está de más tenerlo presente. Lobby o, directamente apropiación, distintas formas de lograrlo, el objetivo es el mismo. La consigna, política o corporaciones.

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Dos postulados:

1- El campo de los poderes establecidos del estado supone que su existencia se nutre de la necesidad de conciliar diversos intereses individualidades.

2- La sola idea de pensar en personas carentes de toda subjetividad es por demás antojadiza. Pertenecer a o provenir de, por caso, el mundo de las finanzas, no cumple el requisito de ascetismo a que supuestamente se aspira. Conlleva, más bien, la voluntad de privilegiar a la actividad financiera por sobre la productiva.

¿Qué hay de 1, si se da 2? Cualquier decisión adoptada en el marco del estado implica una toma de partido, la búsqueda de construcción de una alianza determinada.

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El ex diputado Carlos Raimundi señaló, días atrás, como grave el hecho de que el manejo de las comisiones de agricultura en ambas cámaras del Congreso hayan quedado en manos de las entidades más poderosas de las patronales del agro (Buryaile, CRA, en la baja -aquel que supo decir que había que cerrar el congreso si no se votaba lo que a él se le antojaba respecto de la 125, nada menos-; Meabe, SRA, en la alta), pues eso impide interpelar con la suficiente libertad el poder de lobby de las mismas, tal el fin último de los poderes establecidos. Este comentarista suscribe.

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Otro aspecto dudoso del planteo tecnocrático es el de la supuesta superioridad de formación de los cuadros provenientes del, concédanse las comillas, “establishment”. Y también, superadores serían los objetivos a los que aspiran.

¿Por qué serían superiores intelectualmente Prat Gay o Pignanelli a Marcó Del Pont? ¿Por qué mas loables los sectores a los que buscan privilegiar unos que los otros? La respuesta a estas preguntas, respuestas que uno no tiene, tal vez acerquen más del fondo de las distintas cuestiones del debate público, siempre sutilmente disfrazadas o evadidas por los opositores.

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Este comentarista es confeso partidario del oficialismo, pero hay sin embargo una discusión en la que no lo defiende: la del Consejo de la Magistratura. No porque la conformación anterior del mismo lo satisficiera más, de hecho la reforma promovida por el oficialismo nació de una coyuntura crítica de aquella. El hecho no es una u otra conformación, sino la desconfianza misma que le genera el Consejo en sí. Tiende a la corporativización, aleja del llano aún más al que de por sí es ya el poder menos representativo de la voluntad popular. El sistema anterior a la reforma de 1994 no era perfecto, pero a esto, preferible, es la conclusión del bloguero. Por otro lado, no es cierto que la reforma de 2006 haya favorecido al oficialismo otorgándole el poder absoluto sobre los jueces: a las pruebas remitirse con los últimos (y cuestionados, seguro exageradamente desde el gobierno) fallos.

Cuando no, la Ley de Medios tuvo algo de esta divergencia. El temor era la posibilidad de que el gobierno de turno gozara de mayorías amigas. La experiencia comparada compraba lo hiper moderado de la propuesta oficialista, felizmente aprobada.

Respecto de todos los temas, ¿quién está en condiciones de garantir que un funcionario concursado, tal el mundo ideal postulado por algunos, será carente de amiguismos en los ámbitos donde tenga que actuar como árbitro, una vez ya sea parte del estado?

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La conclusión del firmante, es que nada resulta más efectivo que la sujeción al escrutinio popular. El grado de democratización de los organismos con mandamases no electivos, es escaso. El principio democrático debe ser revalorizado. Es engañoso el criterio que supone un funcionario está más limitado cuanto menos interpelado por la sociedad (que es lo que a fin de cuentas se busca con la tan mentada despolitización), toda vez que las causales de remoción se ven severamente recortadas.

Es una discusión poco explorada por el gobierno esta. Adentrarse en ella, tal vez le rinda no pocos frutos, expondría más las matrices de pensamientos que lo diferencian de sus adversarios. Déjase esta propuesta en mesa de entradas.

6 comentarios:

  1. Pienso que el corporativismo de la familia judicial se podría romper desde la base si se implementa un sistema de ingreso al poder judicial por merito. Transparente. Bah, en todo el Estado. Como en el ISEN. Necesitamos un "servicio civil".

    pd. ¿vos decis que la nueva ley de arrendamientos rurales no sale con Buryale?

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  2. Pablo, me gusta el post, pero no termino de comprender, y quisiera hacerlo. Respecto a "El grado de democratización de los organismos con mandamases no electivos, es escaso": en lenguaje llano, cuál sería la contrapartida de esta sentencia llevada a la práctica en las instituciones en general?

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  3. Anónimo 1: Con Buryaile en la comisión de agricultura, gracias si sigue vivo el estatuto del peón rural.

    Anónimo 2: A ver, lo que quiero decir es que mientras más directamente involucrado esté el pueblo en la elección de cada uno de sus representantes, más democrático será el ámbito de representación. El contrapunto sería voto popular - concurso. De todos modos no reniego de los concursos, quizá lo mejor sería mixar ambos modelos.

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  4. no me quiero ni imaginar la elección por sufragio de un juez. El poder judicial que es tan amante de no sentirse presionado por un político van a saber lo que es bueno con la presión de la opinión pública.

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  5. No, ojo. Un Juez elegido directamente por el pueblo, no. Ahora, la intermediación del Consejo pre elección, no me termina de cerrar. Prefiero que los elija el Presidente a propuesta del Senado. Que la terna la haga el Senado, no el Consejo de la Magistratura. O que se reformule el Consejo, pero ni el anterior ni el actual modelo me convencieron.

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  6. a mi la responsabilidad final en el presidente en este tema no me gusta. ¿Cuánto tiempo fue asi? ¿190 de los últimos 200 años? le daría un poco más de tiempo al "ensayo-error" con el sistema del Consejo-concurso.
    El tema es que el artículo constitucional es un aquelarre de buenas y malas intenciones.
    Por otro lado, insisto, es más accesible para el que ya trabaja en Tribunales llegar a las ternas finales. Y entrar a trabajar en Tribunales tiene mucho que ver con pertenecer a la familia judicial.
    saludos

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