miércoles, 23 de diciembre de 2009

Alto mix de fin de año. De las visitas virreinales al "caos reinante", pasando por fallos a gusto del consumidor

- - -

Desilusiones e inseguridad jurídica

El que esto escribe fue uno de los tantos que confió en lo que fue el “fenómeno Obama”. Un poco de retórica convocante, más una errónea percepción de que los poderes fácticos gozarían esta vez de menor poder de limitación, muy evidenciados por su clara responsabilidad en el descalabro financiero de las subprime. Ambas en combo crearon la falsa ilusión. Rápidamente el castillo se demostraría de arena. Este estudiante de derecho se recuerda hace apenas dos meses haciendo una apuesta con su profesor de Derecho Internacional Público. Ya desencantado con Obama, e indefectiblemente irreverente, apostaba con el educador –que aún confiaba en el bueno de Barack- una pizza a que el Presidente de EEUU mantendría el embargo a Cuba en la asamblea anual de ONU que se aproximaba. Los hechos le dieron la razón al estudiante, aunque nunca recibiría su paga.

Analizando el plano macro, la no regulación de la orgía financiera persiste (y encima se la premia con suculentos paquetes de salvación); la histórica política pro golpista yankee, ídem; las guerras que inició Bush gozan de buena salud (o peor, las justifica en ocasión de recibir un inexplicable premio Nóbel de la paz). Por demás, es un inútil que ni siquiera ha podido resolver sus propios problemas, como la desocupación que crece entre el pueblo norteamericano. Todos estos hechos, confirman que Obama no ha querido encarar un camino diferente, como engañó en la campaña. Y en aras de no diferenciarse de los antecedentes que lo nutren, días pasados envío un simpático virrey a este, otrora su patio trasero: don Arturo Valenzuela.

El amigo Valenzuela, como no podía ser de otra manera, vino a decirnos que con Menem estaba todo mejor. Y no mintió. Después de todo representa los intereses de sus nacionales en nuestro estado. Claramente, esos intereses durante los `90 se sentían más satisfechos. Para expresar sus chillidos, no dudo en apelar al caballito de batalla por excelencia de los sectores empresarios: la (falta de) seguridad jurídica. De tan obvio, sonó redundante. A los efectos de estas líneas, y obviando que ese concepto es poco –por no decir nada- abundado en las cátedras de filosofía del derecho, cabe aclarar que de lo que señores como Valenzuela hablan cuando refieren a la seguridad jurídica, es a que un estado no regule ni cambie las reglas, en tanto no sea en favor de la rentabilidad empresarial. Genéricamente se designa que el estado deje libre la economía, pero más bien lo que hace es operar fuertemente, solo que en beneficio de los sectores más fuertes que en ella intervienen. Entonces, es lógico que en 1996 los que le fueron a llorar a las faldas a Valenzuela se sintieran más atraídos a invertir, siendo que el gobierno de entonces produjo importantes modificaciones legales, que incluyeron, entre otros, tabla rasa con los derechos laborales y remate del patrimonio público nacional. Distinto camino el que, desde 2003, aboga por intervencionismo estatal y recuperó gruesas porciones de los derechos laborales arrasados por el menemato, con beneplácito judicial. ¿Cómo esperar de Valenzuela y sus secuaces otras declaraciones que las que hizo?

Tocó en Argentina comprobar como Obama resultó apenas una brisa de ilusión, más de lo mismo. No llaman la atención, entonces, aquellas declaraciones de Gabriela Michetti “a Obama no le llego ni a los talones”. En orden a los ideales que el sucesor de Bush ostenta, Michetti, que los comparte, está aún varios escalones debajo, como no.

- - -

Los fallos Clarín

Se desató en las últimas semanas una andanada de fallos contra la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Era de esperarse que el grupo Clarin fuera por este camino, siendo que la ley gozó de la friolera de un 146-3 en diputados y 44-24 en senadores. Resultados abrumadores pero extrañamente disociados del valor vedette de estos tiempos, consenso. Lo cual no deja de llamar la atención cuando sí mereció ese calificativo el rechazo a la 125, definido por apenas un voto de diferencia en la cámara alta.

Entre los que prestaron su firma a los deseos de Magnetto, se encuentran
un ex asesor de gabinetes dictatoriales, que además se dio el lujo de censurar programas de TV y películas en democracia; y una señora que no tuvo empacho en prohibir la llegada de Canal 7 a su provincia, Mendoza. Es decir, todos valores de la libertad de prensa. De la que Clarín sostiene, claro.

Pero no hay que valerse del ad hominem, o los auspiciosos antecedentes de los magistrados. La ridiculez de lo que han decidido lo hace innecesario. Como no podía ser de otra manera optaron por aplicar un freno al artículo nodular de la ley, el 161, el que impone en un año el plazo de desinversión a partir de que la autoridad de aplicación se conforme y dicte los pliegos que establezcan como se hará dicha desinversión. Es decir, este artículo aún no opera. Las cautelares sirven para detener la ejecución de una acción observada que pueda desvirtuar el objeto de una demanda una vez que llegue la sentencia. La cautelar no procede pues no hay nada en curso que detener. Conclusión, el juez es un burro. O está comprado. Una de dos. De mínima un ignorante del derecho, de máxima un corrupto. Grave, en cualquier caso.

Justo es reconocer que en la votación en particular, en ambas cámaras, el artículo 161 mereció menos votos que la votación en general. Incoherentes los que lo hicieron. Lo allí dispuesto es crucial para que el resto de la trama tenga algún sentido. Si no se desactiva el esquema actual, que es lo que se quiere mejorar, todo esfuerzo será nulo. Y no hay forma de desarmar un mercado oligopólico si no se agreden las formaciones distorsivas y disfuncionales de la competencia. Muchas que, incluso, estaban en falta con la difunta 22.285. Un año –a partir de decididos los mecanismos por la autoridad de aplicación- es suficiente, y siempre vale recordar el tiempo dado por el estado más neoliberal del mundo, EEUU, a Microsoft para que ésta realizase las desinversiones necesarias a los fines de adecuarse a la sana competencia de mercado: tres meses. Es decir, un tercio de lo aquí otorgado. Más tiempo es más aire para operar las adecuaciones necesarias, y entonces nada cambie.

También mereció objeciones el artículo 41, que impide transferir licencias sin permiso de la autoridad de aplicación. Hay que recordar que las licencias otorgadas en materia audiovisual representan concesiones, y no ventas. Y sobre concesiones las facultades no son (ni pueden ser ni deben ser, ni acá ni en ningún lado del mundo civilizado) ilimitados, porque la propiedad es del estado, que pasado el tiempo de la concesión recupera el ejercicio pleno del derecho, cuyo imperio nunca cede ni pierde. Con lo cual, es perfectamente lógico y razonable que se vigile la suerte de la licencia durante el tiempo que se concede su disponibilidad. Y punto.

En ocasión de evocar la reciente sanción de la nueva ley, este comentarista dijo que el camino recién empezaba, y que nada de lo hecho garantiza aun el triunfo. Los hechos son los que demuestran lo certero, aunque amargo, de aquel juicio.

- - -

Crispación y progresismo

Es comidilla de los últimos tiempos (y políticamente rentable) hablar de la necesidad de bajar las dosis de crispación, supuestamente fogoneada por el kirchnerismo, aunque son los opositores quienes no dejan de llenarse la boca de frases tremendistas y terminales. Por ejemplo, anunciar un default que nunca llegó, o que en 2009 no se venderían ni doscientos mil autos, cuando el dato final habla de más de quinientas mil unidades.

También, y a raíz de los alineamientos dados en la sesión preparatoria del 3 de diciembre en la nueva cámara de diputados, se volvió a debatir sobre el significado de la palabra progresismo, y la mayor o menor pertenencia del actual oficialismo a ese espacio.

Hay que partir de la base de que el denominador común de todos quienes se dicen progresistas (exceptuando al gobierno nacional), son las intenciones de cambiar cuestiones del estado actual de la cosa pública. Por fin, quien esto firma cree que el rasgo diferencial del progresismo pasa por la apertura de debates que los `90, enmarcados en el contexto mundial de fin de la historia y las ideologías, pretendió dar por terminadas. Debates necesarios, independientemente de quien sea que los proponga. En el gesto de echar luz a lo que estaba oscurecido, hay una evidente profundización democrática, una apertura.

Ahora, cuando se ataca un statu quo determinado, sea quien sea que del mismo goce, indefectiblemente surgirá la tan mentada crispación. Pero no es quien promueve las imperiosas discusiones institucionales quien incita la irritación, sino más bien quien se pone en postura de defensa de los intereses creados a raíz del orden anterior. Y para ello, vale repetir, basta revisar el veneno que destilan las declaraciones de los impresentables cuyos intereses han sido cuestionados, y/o sus voceros dirigenciales (UCR, PRO, CC, entre otros).

Nada de lo acontecido en Argentina, en un marco de tensión con el establishment, debería sorprender. ¿O acaso alguien pretende que estas cosas se puede discutir en paz y tranquilidad? Maquiavelo ya decía que el hombre más rápido olvida la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Más actual,
Lozano durante el debate por la ley de medios razonó lo lógico del estado de emoción violenta clarinista, pues el congreso se disponía legislar en contra de sus irregulares privilegios. Raro en boca de quienes también, en aquella oportunidad, aludieron a quienes “nada quieren cambiar”, los mismos con quienes hoy comparte grupo “A”.

Entonces: de un lado están quienes, con todas las limitaciones que se le pueden marcar del caso, han abierto una agenda de ítems sobre los que en un futuro cabrá adoptar medidas tildadas de progresistas –si es que se considera que el gobierno no la ha hecho-, cuando en el pasado no estaba permitido siquiera mencionar dichos asuntos. Y del otro, muchos que de boquilla ostentan calidad de progres, pero que no dudaron en hacer el juego a quienes en su momento no dudaron en calificar de
oposición consentida o conservadora.

A la luz de estos antecedentes, cada cual podrá sacar sus conclusiones de cuales son los alfiles del proyecto progresista dentro del actual escenario político argentino.

- - -

La yapa: el adiós del dinosaurio

Cuando terminaba de escribir esta columna, el blogero recibe la noticia, feliz a su juicio, de la renuncia de Abel Posse al ministerio de educación porteño. Lo reemplazará Esteban Bullrich, quien finalmente,
y como acá se advertía, ha sido un diputado testimonial, con apenas doce días de mandato cumplidos sobre cuatro años. Igual que Michetti, pero al revés, pues de ella en su momento se dijo que era razonable el abandono de su cargo, ya que saltar del ámbito local al nacional era avanzar. Excusa no válida para Bullrich, quien ahora emprende un camino inverso. Todo sin la condena mediática, que en otras ocasiones se mostró horrorizada.

Es glorioso que abandone la escena pública un
animal capaz de reclamar por mayor represión policial a la juventud, culpando a ésta de todos los males sociales, justo en tiempos que un pibe acaba de morir por excesos de ese tipo. O que apela a lo peor del pasado, macartismo puro mediante, como la defensa de los torturadores/represores/secuestradores/apropiadores/violadores. Que no vaciló en agitar fantasmas tales como el supuesto troskoleninismo de los K. Y ni que hablar de la ridiculez de identificar la delincuencia con el fanatismo por el rock, a cuyos recitales tildó de escenas fascistas (muchos a veces vociferan lo que ven en un espejo). Pensar que quien esto firma recibió mensajes de adhesión al personaje departe de confesos admiradores de Rolling Stones, suena increíble, pero pasó.

Hablar de inseguridad cuando se encabezaba la cartera de educación -sin contar que promovió recetas probadamente fracasadas- era todo un mensaje. Nefasto, por cierto. La (justificada) resistencia que su designación provocó instantáneamente,
fue abrumadora. Y tanto se movió el piso, que se terminó con el retorno del pasado en su peor expresión. Aunque cuidado, porque Posse es pura esencia PRO, y de aquí en más hay nueva policía. Michetti y Posse son lo mismo, a no engañarse. Victoria de la resistencia popular y los DDHH a la designación de un personaje violento, básico, rudimentario. Muestra cual es el camino a seguir. Y no es aventurado concluir que esta renuncia, es el mejor regalo que muchos chicos reciben en navidad, a pesar que ellos en su mayoría no comprenderán la dimensión de lo que representa.

3 comentarios:

  1. La cláusula de un año es esencialmente punitiva, Si esa es la médula de la ley, entonces lo que esta mal es la ley.
    En las leyes antimonopolio, los plazos exiguos son consecuencia de que los monopolios se constituyeron o llegaron a tales con posterioridad a una ley ya vigente.
    En este caso es al revés, primero se constituye un determinado mix de empresas que puede ser considerado posición dominante (no monopolio) y la ley posterior lo considera inaceptable. OK, pero el derecho a patalear, si la perentoriedad del plazo obliga a malvender una empresa, es bastante evidente.
    Ahora si el objetivo de la ley es cagar a Clarin, es otra cosa, pero no te extrañe que la jsticia no lo convalide.

    ResponderEliminar
  2. Todas las formaciones oligopólicas de la industria de las comunicaciones en Argentina estaban, reitero, en falta aún con la 22.285. Con la diferencia que aquella no contenía las penalidades necesarias para corregir esos desvíos. Ahora, y en la necesidad de un nuevo instrumento, era necesario poner un plazo. Y por otro lado no te olvidés que acá no hablamos de posición dominante de un mercado de mera raigambre privada, sino de uno que se vale para funcionar de un bien público: el espectro radioeléctrico. En función de ello, el estado da y quita porque ejerce la administración de esos bienes. Es decir, hablamos de competencia administrativa (pública) y no civil (privada) -lo cual es otra aberración de los fallos que elegí no mencionar-. En el plano administrativo no hay igualdad. El estado tiene mayores potestades que requieren compensación por vía de garantías. Esas van a estar satisfechas porque la autoridad de aplicación va a poner pisos mínimos de precio para la venta de las licencias concedidas, con lo cual no habrá la malventa concedida. Son un chiste los tres fallos http://www.saberderecho.com/2009/12/contexto-sobre-el-frente-judicial-de-la.html, ahi esta bien explicado. Saludos.

    ResponderEliminar
  3. Aprovecho el post para mandarte un abrazo de fin de anio: felicidades, Pablo.

    ResponderEliminar

Piense distinto, con pluralidad y objetivamente, aquí: