jueves, 13 de agosto de 2009

Hablemos de inflación

Para hablar de inflación, es necesario despojarse de diversos lugares comunes instalados desde los distintos sectores de la corporación mediática. Es que el actual proceso inflacionario argentino se inscribe en el marco de particularidades propias de la trama económica local que, a menudo, suelen obviarse.

Ante todo, debe quedar en claro que, tanto en las ramas de la producción así como en las del comercio, existen fuertes procesos de concentración y/o extranjerización, altamente distorsivos de los mercados de competencia perfecta lo cual atenta de lleno contra el ideal de un proceso de formación de precios. Ello da en configurar cúpulas empresariales (AEA, Mesa de enlace) con sobrada capacidad para presionar sobre el diseño de políticas públicas, o direccionándolas en función de intereses propios. Todo esto con la ventaja de poder producir sentido de pretendida racionalidad a sus catedráticas “recomendaciones”, desde que sus ramificaciones llegaron al plano de la comunicación, ventaja otorgada con las modificaciones a la 22.285, ley de radiodifusión, en cuanto a la posibilidad de conformación de mega corporaciones adquirentes de cuantiosos medios.

Muchos, o casi todos, de esos grandes empresarios recibieron en 2002, como gracia por parte del estado, la devaluación con más pesificación asimétrica, para licuar las deudas monstruosas que acumularon en la fiesta neoliberal, en lo que significara la mayor fabricación de pobres de la historia por medio de una monumental transferencia de ingresos a favor de los grandes agentes económicos. Aceptado eso como única salida posible de la recesión que acuciaba al país, y una vez puesta en marcha la reactivación comenzó, por lógica, la ampliación del mercado de trabajo con la también consecuente mejora de índices sociales, todo apoyado en las resucitadas paritarias, y el consejo del salario mínimo, vital y móvil, instrumentos centrales en la pelea por las recomposiciones salariales.

Ocurrió luego, y a partir de fines de 2006, que los distintos sectores patronales deciden acabar con la “tregua” y comienzan a presionar con aumentos de precios erosionando las mejoras alcanzadas por los asalariados desde 2003. Es decir, un sector se sienta a la mesa con ventaja comparativa a las restantes, toda vez que las descritas distorsiones de que gozan, limitan la profundización en la creación de empleo o de mejora de condiciones para quienes han sido alcanzados por la formalidad, en una carrera, sin final a la vista, por el reparto de los ingresos, en la cual no se logra poner en discusión nunca la resignación de márgenes de rentabilidad empresarios, como sí ocurrió con la renta obrera post crisis 2001. Con lo cual, el capital juega con ventaja y presiona por mantener su posición de predominio relativo en la estructura social cuando advierte que el trabajo avanza su participación el ingreso. Y todo sin mencionar a los beneficiarios de planes sociales, en peor situación teniendo en cuenta que el kirchnerismo adoptó la decisión de distribuir a través de la creación empleo. Quiénes no alcanzan la formalidad, están desprovistos de adecuados instrumentos de pelea para no sufrir la desvalorización de sus ya magros ingresos.

Las excusas, frente al proceso inflacionario, de las presiones sindicales o falta de “seguridad jurídica”, son inverosímiles, toda vez que está plenamente demostrada la mayor posibilidad de los empresarios de incidir en la puja distributiva –por su dominio de los mercados de producción, que no se corresponde con dominio de los sindicatos de los puestos laborales-, tanto como que la supuesta ausencia de previsibilidad achacada al gobierno K, es mera demagogia discursiva, pues, explica Zaiat: “Si se evalúan las principales experiencias que derivaron en la transferencia del control de compañías en manos de privados al Estado se observará que el comportamiento oficial fue diferente a un “cuco estatizador”. En Correos, Aguas y Aerolíneas, que se constituyeron en casos emblemáticos de ese proceso, los funcionarios intentaron diferentes vías de negociación con el operador privado para mejorar el servicio con más inversiones. El objetivo del Gobierno siempre fue mantener bajo dominio privado esas compañías, pero ante el fracaso de la gestión privada y su resistencia a modificar apenas un poco la lógica de su negocio que consistía básicamente en pretender aumentos de tarifas y subsidios públicos sin desembolsar fondos propios, la recuperación de esos activos al patrimonio estatal fue el último recurso para preservar esos servicios esenciales.

Desarrollo similar, aunque con otros matices, fue el que desembocó en el fin del negocio de especulación de las AFJP con el dinero previsional de los trabajadores. El recorrido no fue directo hasta arribar a esa estatización e incluso antes se había dispuesto la opción de elegir entre los dos sistemas (reparto y capitalización), pero el estallido de la crisis internacional aceleró esa medida. La debacle global dejó al descubierto simplemente el fracaso del régimen privado como esquema previsional, que expulsaba al descampado a los jubilados, actuando el Estado en última instancia como canal de salvataje de esos trabajadores que hubieran pasado a cobrar haberes misérrimos por la licuación de sus fondos aplicados en la actividad financiera.“

Al cuadro debiera agregarse no sólo el hecho de que las ganancias presentadas en balances, de 2003 a la fecha, son harto superiores a las mejoras salariales acumuladas en las sucesivas paritarias, sino que, además, no se han detenido en seis años (aún crisis financiera mediante) ni hubo compromiso de acompañarla con niveles de inversiones ampliatorias de capacidad productiva acordes en función del desarrollo y/o diversificación de la matriz económica, todavía demasiado primarizada.

Todo esto lleva a la conclusión que la raíz de la actual situación inflacionaria radica en la gula y ausencia (intencionada) de capacidad estratégica por parte del empresariado local, que lejos está de ser una burguesía calificada capaz de cargarse un proyecto de país al hombro y con conciencia de las posibilidades de rentabilidad en armonía con los intereses del todo societario, como en el caso de Brasil, por citar un ejemplo.

Frente al dilema, la administración kirchnerista ha actuado erráticamente. Diagnostica mal, pues enfoca sólo la faz económica de un problema que incluye también una matriz jurídica y requiere de una decisión política en cuanto a la decisión de desmontar los diversos y cuantiosos sectores monopolizados; por ende, resuelve peor. De modo, o bien insuficiente, pues toma medidas con las cuales se puede coincidir en lo macro desde una perspectiva progresista, pero que, aún en el buen rumbo, focalizan en sólo un sector de los que incumbe a la problemática; o, también, en forma errática, pues intenta controlar en sectores aislados de las cadenas de valor, con métodos que acaban por resultar no conexos al precio final. Para peor, ha cometido el grave error de desautorizar su palabra con los maquillajes realizados en las estadísticas oficiales. El resultado no es sino dañino para la imagen toda del estado como instrumento regulador de la interacción de los diversos actores que en su seno coexisten, y entre quienes debe mediar para evitar que surjan entre ellos disparidades considerables.

Es menester, entonces, que para solucionar este verdadero estigma de la economía argentina, sin que el remedio sea peor que la enfermedad, como en los noventa, se enfoque en el mismo de modo acabado y no sólo en lo que no es sino una foto –las medidas económicas- de un problema mucho mas complejo. El economista de CTA, Claudio Lozano, tiene al respecto una buena definición que es conveniente traer a cuento, a fin de cerrar la columna: ”Nosotros (Nota del autor: Lozano y su agrupación) no somos por definición estatistas, sino que estamos convencidos de que frente a la existencia en la Argentina –y en América Latina– de una cúpula empresarial dominantemente extranjera, la discusión sobre el futuro, que es en buena medida la discusión sobre la inversión, obliga a un papel de los estados sumamente activo, que debe evaluar cuáles son los lugares y los modos de intervención en función del compromiso que el capital privado tenga con el rumbo nacional popularmente definido”.

1 comentario:

  1. Pablo: Estamos en vías de sacar un diario digital al aire, y me interesaría que participes de las discusiones, propuestas y alternativas que estamos manejando. Si te parece, mandame un mail a gamedcolors@yahoo.com (o .com.ar, no me acuerdo)

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