Tiene razón Lanata: todavía queda mucho de Videla

El jefe de operaciones del grupo de tareas del Partido Clarín, Jorge Lanata, dice que Cristina es igual a Videla. Y que, entonces, aunque haya muerto, aún queda mucho del genocida presidente de facto entre 1976 y 1981.

Tiene razón, debemos admitirlo aunque nos duele hacerlo, Lanata: todavía cargamos con varios residuos del paso de Videla por la presidencia de la Nación.

Según el precario texto que firmó Lanata para el diario propiedad de empresarios que en su momento estamparon sus nombres en gigantescos negociados con el dictador fallecido, el kirchnerismo es lo mismo que Videla porque conduce el proyecto nacional y popular y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, sigue diciendo, se pensaba anterior a la nación. Ocurre que, para desgracia del fundador y quebrador del diario Crítica de la Argentina, a la hora de hablar de historia y de establecer comparaciones en dicha materia interesan menos las cuestiones formales y los plazos institucionales que la composición social de intereses en nombre de los que se gobierna.

Que la política, en última instancia, es representación institucional de intereses: sociales, económicos, culturales, etc.

La asimilación histórica que se intentó en Argentina entre el nazifascismo y el peronismo nunca superó el rango de la precariedad. El fascismo gusta de los grandes actos de masas, el peronismo también; ergo, el peronismo es fascismo, fue lo más elaborado que alguna vez haya podido leerse al respecto.

Alguien que no proviene del peronismo como es Alejandro Horowicz (de filiación marxista) rebatió aquella estupidez mejor que nadie en el clásico Los cuatro peronismos.

Muy resumidamente, Horowicz explica allí que el nazismo y el fascismo fueron fenómenos de clases medias sustentados por las burguesías nacionales de sus respectivos países, que, al no tener representación política/electoral --pues a diferencia de las burguesías revolucionarias francesa e inglesa pactaron con la vieja clase dirigente italiana y alemana en vez de apoderarse de los canales institucionales--, desdibujaron los contornos del republicanismo liberal. Nada de eso pasó con el peronismo, un instrumento de clases bajas combatido por la burguesía argentina que jamás abandonó en lo sustancial el esquema constitucional clásico de 1853.

A caballo de una epistemología similar, entonces, podemos discutir nosotros el paralelismo que intentó el ex actor del Maipo entre la presidenta CFK y el ex general presidente al que sus patrones insisten en aludir como ex dictador.

Y resulta que el bloque social que se benefició con la política del mal llamado Proceso es hoy el antagonista principal del gobierno de la presidenta CFK. Aquella dictadura tuvo víctimas y beneficiarios. A estos últimos, sistemáticamente ocultados --a partir de la teoría de los dos demonios-- se los encuentra más claramente que en ningún otro lado en la nómina de AEA (Asociación de Empresarios Argentinos), cuya vicepresidencia ejerce el Grupo Clarín. Ese entramado de clases dominantes fue impulsor del diseño económico que Martínez de Hoz impuso a sangre y fuego a partir de 1976, el de la valorización financiera que los articula casi como un todo único e imposible de ser disociado, y que se mantuvo inalterado hasta 2003.

A partir de la asunción de Néstor Kirchner como presidente ese ciclo histórico ingresa en crisis: con éxito en algunos casos, como ser la ley de medios o la nueva carta orgánica del BCRA; y sin tanto en otros, pues la ley de entidades financieras permanece intocada. Y otro tanto sucede con Papel Prensa, negociado arquetípico de la alianza que vertebró al ciclo histórico que se consolidó desde el desplazamiento de Isabel Martínez de Perón de la presidencia de la Nación.

La web de Clarín titulaba, a minutos del deceso, con mucho de cinismo, que había fallecido, en la persona de Videla, “el ideólogo de la dictadura”. La realidad indica que Videla ejecutó un programa cuyos topes estaban ubicados por fuera de su voluntad personal. Fue expresión de un colectivo sintetizado por la presencia de Martínez de Hoz en el gobierno procesista, para el cual el ejército aportó la condición de posibilidad, el genocidio de 30 mil personas, de un programa que hasta entonces había sido bloqueado por la dinámica combativa de las clases populares a partir del primer peronismo.

Más adelante en su columna Lanata se pregunta “¿El sueño de Onganía de gobernar veinte años difiere en sustancia de la reelección indefinida?”. En el voto de la ciudadanía que convalidara las hipotéticas reelecciones; a diferencia de Onganía, que no fue nunca sustentado en las urnas por nadie. Pero es cierto que lo electoral es para quien denunciara a Clarín por lavado de dinero una cuestión menor: en el panfleto propagandístico que le hizo escribir Luis Majul, el conductor de PPT dice que a su entender la democracia es "el sistema con que el Estado incide para que las mayorías no le pasen por encima a las minorías".

“De ahí a los regímenes ‘democráticos’ dónde las minorías pasan por encima de las mayorías no parece haber una distancia insalvable.”, replicó a esa definición el periodista Juan Salinas, quien fuera compañero de Lanata, en su blog.

Es, la definición de Lanata sobre democracia, el tipo de afirmaciones que prueban que “la cultura autoritaria del Partido Militar aún sobrevive y atraviesa la historia argentina del siglo XX y el actual”. Y que “Falta que pase mucha agua bajo el puente hasta que Videla esté definitivamente muerto.”, según cierra su columna el empleado principal de Héctor Magnetto. Bien que de una inteligencia tal se nutrió cuanta interrupción del sistema democrático hubo en Argentina.

Un buen paso adelante sería que Clarín finalmente decidiera acatar las leyes de la república. Difícil: se hizo lo que es a través de la arquitectura jurídica procesista.

El DNU de Macrì en contexto

El jurista Gustavo Arballo advertía sobre la ley de medios, en un post de su blog, el 25 de septiembre de 2009, que los actores grandes del mercado de medios audiovisuales iban “a iniciar una guerra de guerrillas contra la Administración, litigando en sede administrativa y luego en sede judicial los mecanismos de transición. Cosa muy complicada, la cirugía bucomaxilofacial de la hidra de mil cabezas va a llevar tiempo y un pallet de anestesias y cautelares. (…) El cronograma y las bazas de esa transición no la puede controlar absolutamente el gobierno, no porque no pueda ser mayoría en la autoridad de aplicación, sino porque hay algo que se llama ‘control judicial’, que va a ser aquí persistentemente requerido y monitoreado, y uno piensa, prestamente ejercido.”

Y concluía: “Esto ocurrirá así con independencia del plazo nominal que use el legislador para ‘apurar’ el proceso” (énfasis del original).

Estas citas resultan ser, a casi cuatro años vista de escrito aquello, la mejor guía conceptual para entender el movimiento que intenta desde hace algunas horas Maurizio Macrì, el jefe del desgobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en derredor del expediente, en vías a tornarse batalla y eterna, por el cumplimiento efectivo y completo de lo dispuesto por la ley de servicios de comunicación audiovisual (LdSCA), en el que ha intervenido por medio de un DNU local que se pretende “en defensa de la libertad de expresión”.

El operador del diario La Nación Joaquín Morales Solá puso blanco sobre negro al día siguiente del mamarracho firmado por el intendente porteño: “(…) el trasiego de planteos por la jurisdicción será largo y seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia”  (énfasis nuestro).

En efecto, habida cuenta de la muy probable --y, sobre todo, próxima-- convalidación que de la LdSCA puede llegar a establecer la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín, cuyos intereses gerencia cabalmente el ex presidente de Boca Juniors como fiel exponente del bloque de clases dominantes que nunca ha dejado de ser, apuesta, ahora por medio del DNU porteño, a aferrarse de la que ha sido su táctica predilecta desde siempre: el paso del tiempo, a expensas del cual pueda operar políticamente una modificación de escenario en el que le sea posible esterilizar las pretensiones reguladoras de las instituciones de la república.

Dicho de un tirón: en la hipótesis de que la LdSCA fuera declarada constitucional en su totalidad --y no por partes como ocurrió con el fallo que a estos respectos firmó en abril último la Cámara Cautelar de Apelaciones en lo Clarín y Rural--, la sucesión de trámites que se harán necesarios a efectos de disponer la concreta aplicación de lo dispuesto en su articulado será de todo menos sencilla. Y cada nuevo acto administrativo en tal sentido abriría una numerosa cantidad de posibles litigios que operasen en función de insistir en la paralización de la actividad del órgano administrador del Estado (esto es, el Poder Ejecutivo).

Lo antedicho fue parcialmente solucionado por el Estado a través de una de las seis leyes que integraron el primer paquete de la reforma judicial, por medio de la cual se corrigió el abuso de medidas cautelares de que se servían los distintos elementos del establishment. Bloqueada esa posibilidad, Clarín podrá ahora acudir al salvavidas de la sobrejudicialización que a partir del conflicto de competencias generó Macrì con el DNU local que acaba de presentar, de evidentes pretensiones electorales y que presta enorme atención de las vicisitudes que alega el multimedios conducido por el contador Héctor Magnetto.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como cualquiera de las 23 provincias de la organización federal establecida por la Constitución Nacional, conserva para sí la competencia regulatoria en materia de libertad de imprenta. Ello es así desde la reforma constitucional de 1860, fue una de las condiciones que puso el entonces Estado de Buenos Aires para aceptar la reunificación nacional con la Confederación. Temerosos los dueños de los diarios porteños del siglo pasado de posibles represalias que pudiera querer cobrarse con ellos el general Justo José de Urquiza, líder de la Confederación, por el trato denigrante que recibía en sus páginas.

La definición, entonces, rastreada en su sentido histórico, está clara: es sobre prensa escrita que no puede establecerse la jurisdicción federal. Así y todo, las estipulaciones de la ley de medios no requieren de ser abordadas a través de analogía ninguna, tienen regulación específica en la CN artículo 75, inciso 19, párrafo cuarto, que establece como atribución del Congreso, entre muchísimas otras enumeradas en el mismo artículo, la de “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.”

Doctrina, por otro lado, compartida también por una serie de fallos de Corte Suprema de Justicia, el último de los cuales es del año 2012, en un caso en que la provincia de San Luis demandó contra las potestades del Estado nacional en materia audiovisual.  

El DNU PRO-Clarín, así las cosas, confunde --por supuesto que de manera intencional-- las competencias entre el orden federal y el local, por un lado, además de, en virtud de la excesiva cantidad de facultades que se auto atribuye en su articulado, pasar abiertamente por encima de otra legislación nacional (la ley de quiebras, por caso, con una prohibición al desapoderamiento de bienes, y también el derecho de huelga de los trabajadores de prensa) y aún constitucional (exceptuando a un tipo particular de empresas, las de medios, de la posibilidad de expropiación, lo que a su vez conlleva problemas en términos de igualdad).

Y nunca estará de más recordar la voluntad desesperada de Macrì por colocarse a resguardo de sus propias desventuras judiciales, está procesado en doble instancia por los tribunales federales en la causa por escuchas ilegales. Ésta será una de tantas bengalas que a que pueda acudir como excusa si ese asunto se le complica cuando le llegue la hora de victimizarse mintiendo persecuciones que atribuirá a su condición de opositor al kirchnerismo.

De todas formas, interesa poco adentrarse en la especificidad de la amplia gama de cuestionamientos legales que es posible señalar del esperpento jurídico firmado por Macrì. El bloque que integra el jefe del desgobierno porteño ya ha reconocido expresamente que es secundario para ellos el territorio argumentativo, tan es así que se está en medio de una suerte de psicosis social a partir de la especie de una hipotética intención por parte del gobierno nacional de intervenir el Grupo Clarín, que a esta hora no ha superado el rango de las formas verbales condicionales.

A pocas horas de anunciado el blanqueo de capitales por el equipo económico de la presidenta CFK, fracasó un nuevo intento de corrida bancaria, tanto que ahora el precio de la divisa ilegal desciende raudamente. Se hacía necesario generar una nueva línea de condicionamiento al oficialismo: el cuidado de la salud de Clarín, teóricamente en riesgo, es la respuesta. En momentos en que la confrontación del grupo dominante del mercado infocomunicacional argentino con la legalidad ha ingresado en tiempo de descuento y con pronóstico reservado.

Justo en la semana en la que se cumplieron 10 años de la amenaza de José Claudio Escribano en tapa de La Nación al entonces recién consagrado presidente Néstor Kirchner. El pliego de condiciones al que debía someterse si no quería que su gobierno durase apenas un año. Que así, después de todo, se había manejado siempre el establishment con los gobiernos consagrados desde 1983: sólo se gobernaba si era en acuerdo con el bloque de clases dominantes, al que los diarios Clarín y La Nación expresan y organizan; y si no, no. Por ese pliegue intenta ahora Macrì erigirse antagonista refutatorio del presente ciclo histórico: que la política vuelva a ser mera instancia de convalidación de negocios privados.

A la luz de lo sucedido en estos 10 años, cada cual podrá sacar sus conclusiones respecto de si finalmente Kirchner accedió o no a las amenazas que le formularon. No fue uno, como pronosticó Escribano. Ya van 10, serán 12 y quién sabe si no más. Hoy el pliego de condiciones se denomina “cotización del dólar blue” y “amenazas contra la libertad de expresión”. A partir de lo aprendido en una experiencia de la que fue protagonista principalísima, sabrá la Presidenta cómo responder a las bravuconadas de los mafiosos de 2013, según Néstor lo hiciera con los de 2003.

Sabe cuál fue el camino que permitió a su espacio dejar en ridículo por decuplicado a quienes creyeron que podrían maniatarlo. Se trata no más que de reincidir en lo que ya ha sido exitoso.

Néstor Kirchner, la película II

El 6 de enero comenté acá, luego de haber podido finalmente verla, la película sobre NK de Paula De Luque. Reiteramos lo entonces dicho al respecto: es pésima.

Ahora pudimos ver la de Adrián Caetano: tampoco me satisfizo.

Dije entonces: "Lo cuentan plano, lineal, predestinado. (...) Néstor jamás eludió --se lo puede ver en You Tube, el día que fue como invitado a 6, 7, 8-- lo que significó Duhalde como capítulo de su historia: asumió, con absoluta naturalidad, que pactó, por necesidad, con él; y con eso lo sinuoso de los carriles por los que discurre, no exenta de contramarchas, la traza de un proyecto político, por entremedio de las complejidades que dictan las contradicciones que se imponen a partir de los márgenes caprichosos que se dibujan al interior de las disputas propias de la vida misma, en general; y de la lucha política, en particular. Todo ello implica una riqueza que la película de De Luque, pintada con trocha gorda, elude, en tanto elige desatender las particularidades de, justamente, lo humano, rugoso por definición."

Caetano sí elude el endiosamiento de un Mesías que Néstor Kirchner obviamente no fue; entiendo que más bien intentó subrayar cierta coherencia histórica, sostenida en su accionar gubernamental en distintos ámbitos a través de largos años de carrera política y del énfasis dedicado a ciertos rasgos de una personalidad común, sencilla.

El amigo Lucas Carrasco, quien en su blog me caracteriza correctamente como “fervoroso kirchnerista” (de paso, agradecemos la mención, como siempre), dijo alguna vez, en un reportaje que le hicieron pocos días después del fallecimiento de Néstor Kirchner, que el kirchnerismo concitaba adhesiones multitudinarias debido a que, habiendo expuesto que el drama argentino hasta 2003 se fundaba en la dualidad que implicaba que el poder real no fuera el de las instituciones de la república, aportó la novedad de que se hacía posible la rebeldía desde el oficialismo.

Allí está el meollo que ninguno de los dos films supo abordar con acierto, en especial el de De Luque.

Demasiadas veces uno hace abuso del término complejo sin estipular con exactitud a qué hace o quiere hacer referencia.

En el caso de Néstor Kirchner, lo esencial pasa, más allá de su trayectoria particular, por la comprensión del proceso histórico de resignificación política que desató un personaje que, formado durante la frustración del tercer peronismo y habiendo escalado a la vida pública como elemento integrante estable del elenco dirigencial de la democracia de la derrota (ciclo 1983/2001), llegó a la presidencia como resultante de nada menos que el estallido del sistema político/institucional cuando la caída de Fernando De La Rúa; la más grave crisis que en la materia haya atravesado este país. Y cuya resolución, ojo, aún está en disputa.

En definitiva, y poniéndonos muy marxistas, cómo hizo un dirigente burgués para, interpelando con armas sistémicas a los topes que enmarcaron la dinámica política nacional, poner en crisis el statu quo vertebrado en veinte años de democracia post dictatorial. Uno que hizo de la, apenas, instancia de convalidación legal de negocios privados. La reversión (cuando menos los puntos suspensivos) de aquello parió el único espacio con sujeto social, militancia, capacidad de convocatoria y movilización y entusiasmo, en tanto devolvió a la política su sentido de instrumento del mejoramiento concreto de la vida de la sociedad.

Un personaje vale históricamente por su trascendencia colectiva, no por sus especificidades personales, que explican en lo menos los procesos políticos.

Ese trazo todavía está a la espera de, vaya paradoja para el kirchnerismo, un relato que lo evoque acabadamente en toda su dimensión.        

Blanqueo y renovación del litigio político esencial de la hora actual

Alfredo Zaiat explicó el sábado en P/12 que la gran diferencia entre el blanqueo actual y anteriores es la aplicación prefijada específica de éste.

No hubo entre las voces más emparentadas con el oficialismo nadie que se abstuviera de criticar, ya sea desde la perspectiva de la ética o bien a propósito de su sesgo inequitativo, lo cual desmiente, una vez más, aquello de la imposibilidad de disentir al interior del espacio kirchnerista. No es la primera vez que esto ocurre, ya había ocurrido antes; por caso, a propósito del engendro que supone la nueva ley de riesgos de trabajo.

De la amplia gama de contratos privados que admite el sistema jurídico argentino el único intervenido en términos de oportunidad, mérito y conveniencia es el convenio colectivo de trabajo. El Ministerio de Trabajo puede negarse a convalidar un acuerdo salarial, que se reitera es de carácter privado. Simplemente porque le parece mucho. Desde siempre. Bajo el pretexto de que impacta, por precios, en el bienestar general.

Resulta que en el desarrollo de su giro comercial, un empresario firma una cantidad enorme de contratos también de carácter privado, además del de sueldos. Logística, alquileres, servicios financieros, por caso. Y lo cierto es que, aunque menos, todos impactan en los costos. La realidad es que desde siempre el Estado ha querido tener bajo su control el conflicto social, combustible del Derecho del Trabajo.

Eso fue así hasta que, control de precios mediante, el gobierno nacional ha dicho que se revisarán todos los costos de la cadena, y ya no sólo el salarial. El financiero, con la famosa Moreno Card, por caso, también. El gobierno nacional corrigió en parte ese sesgo antiobrero de la juridicidad argentina.

Mariano Grimoldi explicó, sencillita, la alternativa posible al rumbo económico actual. Y lo quedó más claro de todo es quién pagaría esa otra opción.

El kirchnerismo está para salvar a los sectores asalariados del desarrollo “natural” de los esquemas económicos que seleccionan de modo arbitrario ganadores y perdedores, pero presentan teñidas de legalidad y naturalidad esas decisiones.

En el análisis de las disyuntivas económicas hay un buen auxilio para la toma de decisiones políticas. 

Lo que oculta la desmesura

Cuesta por estas semanas encontrar planteos analíticos originales acerca del escenario político actual. Cada vez se tarda menos en leer los diarios, por cuanto toda nueva edición parece una repetición de la anterior. Ésto, independientemente de la línea editorial que se quiera considerar. Las diferencias no van más allá de la exageración con que cada medio procede, en lo que lleva la delantera, y claramente, el Grupo Clarín, cuya confrontación con la legalidad ha ingresado en tiempo de descuento y con pronóstico reservado.

La desmesura comentada responde a las carencias argumentativas, o bien a la imposibilidad de asumir en su completa dimensión las razones con que se cuenta.

La ausencia de novedades, por su parte, puede que indique que las líneas dominantes que organizan el cuadro de relaciones de fuerzas no se han alterado significativamente desde octubre de 2011, última referencia disponible, dato --por cierto-- no menor: las posibilidades de que ocurran alteraciones considerables en la composición parlamentaria en una elección en la que el kirchnerismo jugará lo obtenido cuando su peor desempeño (2009) son escasas. En un contexto, aquél, además, y de lejos, peor, por la previa que lo rodeó y por el resultado final, el oficialismo elaboró el 54,11% de la reelección de la presidenta CFK.

En ese marco, la foto que agrupó a Hugo Moyano, José Manuel De La Sota , Francisco De Narváez, Roberto Lavagna y otros levanta expectativas desmedidas, habida cuenta del escaso anclaje que en términos de poder político pueden exponer los mencionados.

Moyano ha perdido peso de manera alarmante hasta en la que fuera, otrora, su cancha natural, la calle, pasando de convocar 500 mil personas en la 9 de Julio para pedir la reelección de la Presidenta --en nombre, recordemos, del descanso en paz de Perón, Evita y Néstor Kirchner--, hace dos años, a la testimonialidad raquítica de un pellizco de Plaza de Mayo el 20 de diciembre del año pasado y otro tanto de Plaza Congreso para repudiar la reforma judicial hace pocas semanas. 

De La Sota cabalga con habilidad sobre la fractura política post 2001: juega sus fichas a la hipótesis de un armado nacional para el año 2015, que por el momento no supera ese rango, en medio de un juego en el que, a excepción del Frente para la Victoria, sólo existen confederaciones de armados provinciales. Requiere, sí, de algún impulso extra para conservar la primacía en su territorio, toda vez que, como ya hemos dicho aquí, le ha costado el triunfo cuando no fue a las urnas acompañado del kirchnerismo. Pero no juega mucho (Córdoba elige diputados, no senadores, en 2013; se gana más fácil), no pondrá el cuerpo él mismo (lo hará alguien de su riñón, Schiaretti, figura también fuerte de la política local) y, lo más importante de todo, tiene reelección como gobernador a mano ante cualquier improvisto.

De Narváez sólo fue depositario del clima anti K de 2009, y Lavagna aspira al voto porteño, que lo es de por sí (opositor acérrimo al kirchnerismo), independientemente de coyunturas. Una elección de tamaño consorcio y sin contrincantes en la interna del PJ Santa Cruz fue presentada como derrota abrumadora de La Cámpora y la Presidenta.

El oficialismo carga con las dificultades propias de todo expediente sucesorio, pero a la hora de rastrear la posición y alineamiento políticos del PJ nacional, el peronismo que gobierna realmente, se encuentra con que la Presidenta consigue que se mueven gabinetes provinciales durante algunas horas a los fines de consagrar en el Congreso nacional el acuerdo con Irán, y que el partido documenta, de puño y letra, su adhesión a la figura presidencial y a sus lecturas situacionales, aún la provincia de Buenos Aires y a, apenas, dos años vista del fin de un mandato sin reelección.

Entonces, ¿qué es lo que subyace detrás de tanta humareda?

El kirchnerismo ha sintetizado la posibilidad de que la política sea otra cosa que la convalidación institucional de la expansión de la rentabilidad empresaria sin límites y a cualquier costo. No se han reconfigurado las estructuras de propiedad de modo decisivo, sí se ha discutido la captación de rentas por parte del Estado con mucha mayor fortaleza; esto es, ha existido un programa de modificación de las decisiones políticas --siempre arbitrarias, y también modificables-- que convalidan la transformación a privado del dinero para mutarlos en públicos y operar una redistribución en función social, que arroja --a la fecha-- saldos, de lejos, mejores que los existentes al año 2003.

Apenas eso, podrán reprochar desde los extremos del imposibilismo épico; lo cierto es que para Argentina ha sido bastante, considerando el pasado más inmediato y las ronchas que eso acusado de escaso levanta en sectores de privilegio. Las principales variables tarifarias y otras de distintos mercados a posteriori de la megadevaluación de 2002, libradas al dictat “natural” de la oferta y la demanda habrían implicado una herida social aún peor que la muy grave que por entonces ya se vivía. Y allí estuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para repartir las cargas de un ajuste que no habían elaborado ni compartido (Kirchner se negó a ser jefe de gabinete de Duhalde porque no acordaba con la pesificación asimétrica).

Cuando se observan las manifestaciones de AEA, el bloque de clases dominantes nacional, hace muy poquito a propósito de la discusión sobre los tribunales --su refugio último contra las pulsiones del populismo reformista--, la disputa queda clara.

Clarín recorre otras rutas epistemológicas: la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial sentenció que quedan a cargo de la libertad de expresión los elementos más potentes del negocio comunicacional, al disponer que no cabe la regulación estatal en mercados potencialmente ilimitados en su tamaño, lo que en concreto equivale a la posibilidad del actor dominante (Clarín) de expandirse ad infinitum; y que prensa independiente y autosustentación económica son sinónimos. De esa inteligencia penden hoy sus relajados topes.

Mario Wainfeld dijo este último domingo en Página 12 que la expresión programática alternativa no es condición sine qua non del triunfo electoral para ninguna oposición. Ése es el hilo invisible que sostiene la unidad entre armados partidarios adversos al de la presidenta CFK y poder real. El PRO lo hace más sencillo: promete explícitamente una devaluación de 40%, mete tiros y palos en el Borda y a otra cosa. Por eso es también que Maurizio Macrì no logra salir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no se lo invita a las fotos de familia, algunos de cuyos integrantes se le despegan sutilmente.

La imposibilidad de asumir electoralmente un relato como el de la lógica que vertebra el fallo Clarín en una sociedad transformada en profundidad en cuanto a la conciencia de sus derechos en 10 años y las múltiples posibilidades de presentar una derrota de Cristina Fernández que permite una elección legislativa de medio término hacen el resto. Al margen de lo que dispongan las urnas en términos institucionales, lo que urge a Clarín es comprar el tiempo que frene la dinámica cuestionadora de que el rumbo los negocios privados funcione como eje rector de la sociedad. 

El Congreso '09/'11 no logró sancionar ni una sola ley: el empate del establishment del que hablábamos en el último post. Y dos años son demasiado tiempo para que una república democrática los pierda en función de la vigencia de la estructura de negocios de nadie.  

Una disputa política por detrás del debate jurídico

Las inundaciones en La Plata y Ciudad de Buenos Aires expusieron dramáticamente el estatuto de posibilidades de la política argentina. Gobernado el país con el lucro privado y la libertad de comercio, en vez de con el bienestar ciudadano en sí, como epistemologías fundamentales, es ocioso reclamar otras respuestas del arco parlamentario que la carrera detrás de los desastres, en tanto que el orden material que transita la vida política y socioeconómica no permite más nada. Las tragedias son consecuencia de la contemplación de no otra cosa que la expansión sin límites de los negocios. Y frente a eso, el impacto social colateral no goza de rango alguno.

Aunque el kirchnerismo denuncia y muchas veces combate la trama arriba enunciada, lo cierto es que no ha terminado todavía de sustituirla por un nuevo y completo esquema de gobernabilidad. Ése es el drama del posneoliberalismo que atraviesa a todo el espacio sudamericano, en el que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo se resiste a morir.

Son las contradicciones que pusieron, así las cosas, en duda la victoria en las presidenciales 2013 de Venezuela del heredero del recién fallecido comandante Chávez frente a un candidato de bajísimo espesor pero que se benefició de las profundas dificultades que cada tanto acosan a la Revolución Bolivariana, todavía a la espera de perfilarse por completo como nuevo orden histórico. Y eso que son los que más lejos han ido en la tarea. Con una propuesta apenas conservadora --y no más allá del nivel de lo promisorio--, no tocar lo que el chavismo conceden que logró hasta acá, Capriles casi logra una hazaña.

Expresión cabal del establishment venezolano que añora el Punto Fijo --matriz a partir de la cual se edificaron espacio de privilegio en el país de Bolívar--, antes de desatar la violencia como consecuencia de su capricho en no aceptar su derrota --incuestionada por nadie más que por él mismo--, Capriles sintetizó perfectamente la voluntad del poder real: la apuesta a por el empate, clavar el freno a la dinámica reivindicatoria de las sectores desposeídos.

Allá tanto como acá, ése es el programa opositor. Y es cualquier cosa menos casualidad que las manifestaciones de disgusto procedan al son del batir de cacerolas. Lo definió de modo brillante Alejandro Horowicz para explicar las protestas del 18A argentino, ocurre que no es objetivo compartido ni aceptado por amplias franjas sociales el de cambiar las estructuras del poder real, lo contrario genera malestares profundos, pese a que tampoco el gobierno argentino haya pisado el acelerador todo lo aconsejable en tal sentido. Completa Lucas Carrasco, el malestar remite a lo simbólico, no se constata materialmente con dramatismo.

Cuando el impacto, agrega ya Segundas Lecturas, sí es verificable, se insiste, las exigencias de soluciones son inabarcables para el menú de opciones disponibles en el plano de lo real, tal lo enunciado en el primer párrafo. Y resulta ser que el perro se muerde la cola, llegados a este punto, pues las quejas por disgustos que por supuesto se pueden compartir perfectamente, requieren, para ser satisfechas, de que se operen cambios que al instante siguiente se denuncian como inaceptables, en tanto prologuistas de hipotéticos porvenires dictatoriales. El ciclo insatisfacción/repudio se retroalimenta con virulencia creciente.

En medio de lo que es, como repetidamente hemos venido señalando, la ausencia de voluntad opositora para interpelar a los sectores refractarios para con el oficialismo, lo que lleva a tales a las calles a tomar las riendas de sus reclamaciones por sí mismos, el juego deviene de suma cero, en tanto no se logra canalizar la tramitación de las demandas a través de ningún carril de resolución institucional. En la misma cuerda, que la matriz de intereses adversada por el kirchnerismo cuente con el plantel opositor a su disposición colabora con la elaboración de un clima social que sea capaz de fracturar o esterilizar al gobierno nacional allí donde ahora se encuentra. Justo igual que lo enunciado sobre Venezuela.

Como hemos dicho, el Poder Judicial, el menos intervenido por el ciclo post 2001, por ende el de mayores afinidades con la lógica que organiza los comportamientos del bloque de clases dominantes beneficiario del esquema de la democracia de la derrota --durante el cual el único interés contemplado era el de los negocios privados--, es el escenario de disputa más apto para reflejar los tiempos históricos que se confrontan. El Grupo Clarín obtuvo de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial un fallo consagratorio de los axiomas a los que canta serenatas incansablemente, en torno de la ley de medios audiovisuales.

Resulta notable observar cómo conforme avanzó el expediente quedó claro que se discuten, ante todo, intereses patrimoniales, a través de los cuales la prensa comercial opositora consigue determinarse como portadora esencial de valores enunciados como superiores, pero subalternados en la práctica, tal es el caso de la libertad de expresión. Cuya guarda queda conferida a quienes logran procurarse el dinero que otorga tal potestad. De otro modo, deberá resignarse a ser actor de reparto en el mercado info comunicacional. Y esa moraleja puede proyectarse a incontable cantidad de otros ámbitos de la vida nacional.

Los tribunales avalaron esta elaboración conceptual, puede asegurarse que compartida por la mayoría de sus distintos integrantes.

La posibilidad de abrir al interior del Poder Judicial espacios a la soberanía popular directa supondría una reconfiguración epistemológica estructural que inicie un camino opuesto en términos de consideración superior de los intereses ciudadanos. Frente a ello, las presiones empresariales no se han hecho esperar. Las embestidas a partir de denuncias periodísticas de sustento cuasi nulo tuvieron como corolario dos mensajes de fuerte contenido político: la voluntad explícita de atribuir en exclusivo a la corrupción dirigencial las inundaciones y de presionar pública y explícitamente a legisladores nacionales indefinidos en su voto respecto de los proyectos de reforma judicial.

En ese contexto votará el Congreso la democratización de la justicia. Decíamos la primera vez que nos referimos a las propuestas que sobre los tribunales argentinos auspicia la presidenta CFK, que implican un desafío a poner en cuestión lo conocido, la ausencia de voluntad más que para administrar lo dado, con las derivaciones que en varios sentidos de la vida pública ello supondrá.

Se trata de que la clase política defina si va a pelear por remover varios de los topes que entorpecen su capacidad de acción.  

Lanata (más que nunca) sin filtro

Finalmente, el operador político principal del Partido Clarín, Jorge Lanata, decidió blanquearse y asumir explícitamente el rol que ya ocupaba en el debate político nacional. Por medio del editorial de apertura de la emisión de su programa de radio del pasado día lunes 25 de marzo, pidió a su audiencia “cambiar” al gobierno nacional, porque "no podemos seguir así, este país tiene que cambiar. Este país tiene que recuperarse."

Casi inmediatamente, sintió la necesidad de aclarar que con sus palabras no estaba llamando “ni a un golpe, ni a una rebelión, ni nada". Y cerró prometiendo “hacer todo lo posible para que pierdan ese inmenso poder que nos está haciendo mierda, y les pido a ustedes que hagan lo posible también. Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Pero esta historia no da para más." Los términos utilizados son inequívocos.

Hay algo curioso, sin embargo, en el llamado a votar contra el kirchnerismo que hizo Lanata a caballo de una legitimidad desconocida. Elaboró el mensaje a partir de una pregunta que supuestamente le habría hecho un hombre hace unos día a la salida de la radio del Grupo Clarín, Mitre, donde presta servicios. Incomprobable, pero le sirvió como disparador. La frase de cabecera de Lanata para el año pasado en su programa de TV fue "hay que perder el miedo" --que vaya uno a saber quién tenía o tiene--, y su imaginario interlocutor quería saber cuál será la de este año.

Entonces, la sentencia que elige Lanata es "este año tenemos que cambiar". Pero resulta ser que la convocatoria es para el año 2013. Se trataría de "sacar al gobierno en las urnas" en 2013, pues. Pero lo cierto es que en 2013... no se vota presidente de la Nación, sino que habrá apenas una renovación legislativa.

¿Cómo se lograría, entonces, sacar al kirchnerismo en 2013, que es para cuando difunde Lanata su nueva prédica, si en 2013 no se vota jefe de Estado? ¿Acto fallido, acaso?

Otro dato sobresaliente del llamamiento del infotainer de Canal 13 es que La Nación y Clarín no levantaron sus dichos: ni en sus portales web ni en sus ediciones de papel, lo que no deja de sorprender, toda vez que cualquier comentario que sobre cualquier tema haga Lanata --capaz de opinar acerca del sistema de elección del presidente de AFA, a pesar de que él mismo reconoce no saber nada de fútbol-- rebota y se multiplica inmediatamente a través de sus inmensas redes de difusión comunicacional.

Es verdad, semejante giro de la principal estrella de su plantel coloca a las conducciones del duopolio en un aprieto, toda vez que reduce a cenizas la pretendida neutralidad respecto de la competencia política sobre la que mienten cabalgar, fuente de la que también bebió el fundador de Página/12 hasta que decidió sincerar lo que hace rato es una obviedad para cualquier observador que conserve una dosis mínima de honestidad intelectual. Y el apresuramiento que evidenció Lanata en cuanto a los plazos institucionales supone un apuro aún mayor cuando la necesidad de desmentir maniobras golpistas acose.

Lo cierto es que al cabo de las primeras cuarenta y ocho horas de los dichos, una búsqueda simple en Google (‘Jorge Lanata + tenemos que cambiar’) arrojaba que el rebote de la noticia no iba más allá de sitios marginales (MDZOl, Opi Santa Cruz, Contexto --de Tucumán--). Y al cierre de este post, durante el día domingo posterior al programa a que hacemos referencia, aún no se pudo encontrar una sola línea en las publicaciones principales del consorcio de accionistas privados de Papel Prensa.

La deriva en que ha degenerado el comportamiento de ciertos sectores sociales a partir de la renuncia de la oposición partidaria formal al cumplimiento de su rol constitucional de representación, lo que equivale a que las conductas no se enmarcan en códigos estatuidos, encuentra eco en expresiones antipolíticas como las de Jorge Lanata, quien indudablemente se convirtió en bandera mayoritaria de los sectores que se expresaron en los cacerolazos opositores de 2012. Es decir, existe un segmento electoral disponible a la espera de una conducción política que lo sintetice

También el año pasado, la nueva editorial de Luis Majul publicó, con la firma de su dueño, una biografía, aunque bastante precaria, absolutamente apologética del conductor de PPT, casi en línea con la maniobra de autopostulación que emprendió Jorge Bergoglio cuando comenzó a comentarse que Joseph Ratzinger podía llegar a renunciar a su papado y el ahora obispo de Roma publicó casi en simultáneo una autobiografía muy elogiosa de sí mismo. Allí Lanata --claro que sin una pizca del talento político de Francisco-- confesó al conductor de La Cornisa que aceptaría una candidatura “en condiciones extraordinarias: por ejemplo, si la Argentina estuviera en peligro de ingresar en una crisis parecida a la de 2001”.

No es un misterio para nadie que siga con un cachito de atención las coberturas mediáticas principales que la pretensión de construir en estos días un clima tipo final del mandato de De La Rúa es permanente.

Y que en los últimos tiempos ha cobrado especial virulencia contra elementos característicos significativos del elenco oficialista, en especial con los ataques delatorios contra La Cámpora, acusada de cuanto una mente perversa sea capaz de pergeñar, en el último de los casos de portación ilegal de armas a través de manejos oscuros del RENAR, a cuya conducción ha llegado la militancia juvenil kirchnerista, especie surgida de la pluma del propio Lanata a partir de las versiones del rigor documental que suponen desquiciados de la talla de Raúl Castels y Elisa Carrió.

Pero el raid se ha extendido bastante, con especial intensidad desde el masivo 8N, y toca extremos preocupantes como la tergiversación de unas declaraciones de Estela de Carlotto sobre las prácticas de las organizaciones revolucionarias actuantes durante los ’70 --expediente, este último, que ha recobrado especial relevancia en estas semanas, con la evidente pretensión de transpolar aquella situación a la actual--.

En cualquier caso, el activismo pendenciero de Clarín está funcionando a todo vapor. Sabiendo que le corre tiempo de descuento, con lo que más tarde o más temprano deberá adecuarse al Estado de Derecho en lo que hace a la ley de medios, apela a cuanto puede para intentar un reemplazo gubernamental que lo exima del sometimiento a regla que le corresponde como todo hijo de vecino. Están en la elaboración del contexto que justifique cualquier forma de reacción: desde la insistencia con el miedo a la censura de la prensa libre hasta la inminencia de un apocalipsis socioeconómico, pasando por las pulsiones nazifascistas del kirchnerismo, todo, por supuesto, en carácter de hipótesis.

Aún descartada la coordinación de movimientos a la hora de su más reciente invectiva, Lanata sabe que cuenta con terreno fértil para operar. En cualquier caso, ha decidido descorrer el velo detrás del cual escondía sus evidentes intervenciones. Está subido al ring y con los pantaloncitos cortos ya puestos.

Y ya se sabe, el ridículo es un viaje apenas de ida.

La crisis política de Clarín en torno a la democratización de la Justicia

Cuando Clarín elige el Poder Judicial como terreno esencial para el desarrollo de su respuesta a la interpelación que le es propuesta desde hace algunos años por el gobierno nacional, actúa con una racionalidad instrumental impecable.

Veamos. Hay un elemento que llamativamente se soslaya a la hora de la historización del diferendo entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. El circuito conducido por Héctor Magnetto se convirtió en actor político/económico de relevancia central en la vida institucional del país a partir de una práctica que hasta cierto punto se demostró implacable: Clarín presionaba a un gobierno constitucional para obtener un beneficio comercial bajo la amenaza de que, de no acceder aquél a la solicitud/exigencia, procedería en términos vengativos sobre la marcha de ese gobierno.

A caballo de dicha tesitura, Clarín, en línea con la operativa política de la totalidad del resto del bloque de clases dominantes, inventó que su propio éxito era a la vez el del país todo.

Ahora bien, cuando a partir de 2008, por las razones que fueren, el kirchnerismo decide quebrar el pacto de subordinación, que en el caso específico de Clarín sostuvo en línea con sus antecesores durante 5 años, del mismo modo que procedió con el resto del arco de beneficiarios del programa de Estado 1975/2001, Clarín se enfrenta a una situación inédita, y esto es lo novedoso: concretar las advertencias en los hechos.

Nunca, se insiste, hasta la ruptura con el kirchnerismo en el despertar del primer mandato de la presidenta CFK, Clarín había enfrentado semejante dilema, hacer realidad que equis cantidad de tapas del diario derrumban una presidencia, que supone un giro situacional copernicano, en tanto implica la necesidad de readecuar su lógica operativa. Esto es, cómo reconfigurar su táctica fachada, el periodismo, que en relación a su esquema de negocios observado en su completa dimensión es sólo un elemento aunque de rol principal, en función de su estrategia general, la política y comercial.

Sin que quede en evidencia su salida fronteras afuera de la ciudadela de la neutralidad, imparcialidad, independencia, objetividad, asepsia; en fin, de las pulsiones a que las referencias dominantes del oficio periodístico intentan hacer creer que debe aspirar esencialmente su práctica. Ése es su desafío; no menor, habida cuenta, se reitera, de lo novedoso del asunto.

La torpeza, entonces, de Clarín para conducirse según los nuevos términos del litigio --donde ya más de mil portadas, pese a la creencia de otrora, no han podido con Cristina Fernández--, se suma a la falta de comprensión por parte del gobierno nacional, por lo menos hasta inicios del presente año, del enfoque en que se refugió el multimedios para resistir la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual; es decir, para continuar a salvo en su insubordinación respecto del Estado de Derecho.

Esa ecuación ha dado como resultado el actual estado de insoportable indefinición situacional, de un trámite crecientemente empiojado en Tribunales.

No hace falta ser un experto en la materia para conocer que la enorme mayoría de los jueces actualmente en funciones se han formado durante el período de gobierno de la dictadura burguesa terrorista, o bien de la democracia de la derrota, que para el caso de la pertenencia sistémica ideológica conforman un mismo pack, al interior del cual no existen fisuras significativas a propósito de temáticas fundamentales, por caso el rol del Estado en materia de libertad comercial.

Y resulta ser que el sentido común dominante entiende acerca de la función judicial que debe reposar sobre valores idénticos a los referenciados ut supra para el periodismo, y no como lo que son: productos de una correlación de fuerzas concreta durante un período histórico determinado.

El teórico del Derecho Luigi Ferrajoli destruyó la zoncera con contundencia: “Los juristas --sostiene Ferrajjoli-- no se limitan a describir su objeto de estudio, sino que contribuyen también a crearlo, a definirlo, a expandirlo o a restringirlo dependiendo de sus inclinaciones ideológicas e incluso de sus afinidades políticas. (…) Si esto es así, caerían de una vez y para siempre los mitos construidos alrededor de la tarea puramente ‘científica’ de los juristas, que presentan el trabajo de los teóricos como políticamente neutral.”

Así las cosas, no resulta imprescindible para Clarín, cuya mayor relevancia política fue construida en paralelo con el ciclo histórico de apogeo del neoliberalismo en Argentina, comprar las voluntades de los funcionarios judiciales que sostienen su statu quo actual, o de reincidir en la amenaza contra ellos, aunque de hecho una y otra cosa siguen ocurriendo: se trata de coincidencias filosóficas estructurales profundas entre las partes respecto de lo que deben ser el Estado y la política.

Lo que fue mientras Clarín recogió de aquello su otrora condición de prepotencia: la institucionalización del estado de cosas que surgen de la dinámica natural del mercado por parte de las instituciones republicanas, en vez de su interpelación, que es lo que correspondería si se coincide en que la democracia aspira al bienestar general, según reza el Preámbulo de la Constitución Nacional. Entonces, si el gobierno nacional aspira a equilibrar fuerzas en el único segmento institucional desvinculado de la soberanía popular, quizás se de vuelta la página en esta historia. 

Y más allá de las particularidades específicas de la causa Clarín, también en relación a lo que como epistemología política implica en cuanto a disputa de intereses materiales.

Las profundidades del 24 de marzo de 1976 y la muerte de Martínez de Hoz

Por distintos motivos, las últimas recordaciones del 24 de marzo de 1976 han sido especiales. Este año llega muy cerca del fallecimiento de José Alfredo Martínez de Hoz, símbolo máximo de las implicancias civiles en el Proceso de Reorganización Nacional, ocurrido apenas 8 días antes del 37º aniversario del inicio del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.

¿Cómo escribir sobre la dictadura burguesa terrorista abarcando acabadamente el recorrido que desembocó en el último golpe de Estado de la historia argentina?

Nuestros historiadores suelen atarse en demasía a criterios institucionales formales para designar ciclos históricos y políticos; esto es, el inicio o el fin de tal o cual gobierno. Si bien, desde luego, tales son elementos importantes a la hora de la clasificación categorial, pueden, sin embargo, llevar a equívocos importantes si no son debidamente cruzados con diversos auxilios de otro tipo.

Por caso, mal puede hablarse del peronismo si uno apenas considera lo acontecido a partir de la revolución del 4 de junio de 1943, o bien del 17 de octubre de 1945. Mejor se entenderá el asunto si uno rastrea las novedades producidas por el yrigoyenismo durante su tránsito desde el espacio revolucionario abstencionista que representó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX hasta su integración al arco parlamentario en virtud de la ley Saénz Peña de 1914; y la primera construcción orgánica de herramientas de intervención estatal en la economía diseñada por el doctor Federico Pinedo durante el gobierno del general Agustín P. Justo.

Y conste que, arbitrariamente, elegimos en este tramo atender exclusivamente a los sucesos locales que circundaron el surgimiento del movimiento que conduciría el general Perón, dejando de lado lo aportado por el escenario mundial de entonces.

Del mismo modo, pretender la condensación absoluta de la totalidad de los golpes de Estado de nuestra historia en la fórmula de Partido Militar devendría en el error de englobar, sin matices --y he allí el equívoco--, en un mismo espacio al general Alejandro Agustín Lanusse con los integrantes de las distintas juntas militares que condujeron el gobierno del Proceso.

Con ello, quedarían asociados el presidente de facto durante cuyo mandato se esbozaran las primeras líneas del plan Gelbard, que acabaría siendo el programa del gobierno del doctor Héctor J. Cámpora, del interinato presidencial de Raúl Lastiri, del tercer período de Juan D. Perón y de la primera mitad del tramo de María Estela Martínez; junto a sus camaradas de armas que vinieron a completar la demolición de esa última versión del modelo de sustitución de importaciones iniciada, todavía con Isabelita en la presidencia, a partir de la designación del ingeniero Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía.

Es mejor consejera para la confección de definiciones la observación respecto de la composición social de intereses representados que la consideración de los plazos constitucionales.

A caballo de dicha epistemología, por caso, es fácil rebatir la asimilación que se pretende entre fascismo y nazismo, por un lado, y peronismo, por el otro: los primeros fueron fenómenos de clases medias sustentadas por las burguesías nacionales de sus respectivos países, que, al no tener representación política electoral, pues a diferencia de las burguesías revolucionarias francesa e inglesa pactaron con la vieja clase dirigente y no se apoderaron de los canales políticos/institucionales, desdibujaron los contornos del republicanismo liberal. Nada de eso pasó con el peronismo, un instrumento de clases bajas combatido por la burguesía argentina que jamás abandonó el esquema constitucional liberal.

Y nos acercamos, de ese modo, a nuestro propósito: la comprensión de las profundas y complejas significaciones de la interrupción del orden constitucional sucedido hace hoy exactos 37 años a partir de la figura de José Alfredo Martínez de Hoz.

Se reitera, entonces: el peronismo constituyó tanto otro capítulo del ciclo de industrialización nacional que comenzara con el plan Pinedo, aunque con distintas características operativas --así como sería diferente a los dos también la versión desarrollista del dúo Arturo Frondizi/Rogelio Frigerio--, como el ingreso de los sectores desposeídos a la ciudadanía a través de la resolución de la cuestión social argentina que se generara como consecuencia del modelo agroexportador, cuyo drama consta en el informe encargado por el general Julio A. Roca al doctor Bialet Massé durante su segundo gobierno.

En derredor del expediente social circuló la falla política argentina desde que Perón fuera derrocado de la presidencia el 16 de septiembre de 1955. Se inició entonces un ciclo de 18 años de inestabilidad institucional al que se caracterizó como el del empate hegemónico entre una clase dominante que era incapaz de imponerse electoralmente tanto como de revertir las transformaciones producidas y aceleradas por el peronismo, y una amplia masa de sectores populares despojada de herramientas materiales de intervención e impedida de expresarse en las urnas.

En el año 1971 se plantea la opción del acuerdo entre un sector del bloque de clases dominantes y el movimiento obrero organizado en la CGT, que fue inicialmente rechazado por las estructuras políticas mayoritarias del empresariado --porque era, decían, "socializante y estatizante"-- y también por el espectro social peronista, que no aceptaba conciliar por debajo del levantamiento de la prohibición electoral --dispuesta desde el inicio de la Revolución Fusiladora y nunca levantada hasta 1973-- y el retorno de Perón al país.

Concretado que fuera esto último, y luego de la victoria de Cámpora en las elecciones presidenciales, se acercaron posiciones entre los antes refractarios y se decidió la puesta en marcha del programa del ministro de Economía de los gobiernos del tercer peronismo, José Ber Gelbard; el acuerdo CGT/CGE, que se proponía definir la conversión de la economía nacional a un sistema con eje en la industrialización.

La dinámica confrontativa en que derivaron los contratantes desde el fallecimiento del general Perón en 1974, entre sí y al interior de sus propias organizaciones, definió el fracaso del plan Gelbard, y abrió espacio para que en el bloque de clases dominantes ganaran posiciones los sectores que postulaban la necesidad de clausurar lo inaugurado por Federico Pinedo en la década del '30; "el desarrollismo fracasó", decía el referente de la línea, José Alfredo Martínez de Hoz, desde ACIEL, único segmento industrial que no se sumó al Pacto Social gelbardiano y que capitanearía APEGE, la reconfiguración de las clases propietarias que edificó las condiciones necesarias para el clima de golpe con el lock out del verano de 1976.

El bloque social que impulsó, impuso y sostuvo al gobierno del general Videla fue también el que participó en rol protagónico de la elaboración del plan del ingeniero Celestino Rodrigo (el famoso Rodrigazo), ministro de Economía de Isabel Perón durante un par de meses en 1975 --tras el despido de Gelbard--, de corte sustancialmente idéntico --e iguales beneficiarios-- a los programas económicos gobernantes hasta 2001: Martínez de Hoz, Primavera, Austral, Cavallo I y II, Blindaje, López Murphy y demás.

Los días 7 y 8 de julio de 1975 se produjo un paro general contra las consecuencias del Rodrigazo, presionado desde las bases obreras y al que la conducción de la CGT de entonces debió adherir forzosamente una vez demostrada la irreversibilidad y magnitud de dicho movimiento, que ponía en cuestión su liderazgo sectorial, aunque aclararon que no lo dirigían contra Isabel sino sólo contra el ministro de Economía y su par de Desarrollo Social y protector, José López Rega. Fue el desencadenante de la toma de conciencia de la necesidad del genocidio para hacer posible el desarrollo del proyecto económico finalmente anunciado el 2 de abril de 1976.

Es conocido que ante la advertencia del entonces referente cegetista Herminio Iglesias respecto de la inminencia de un golpe, la presidenta Isabelita contestó que no había de que preocuparse, pues, según entendía, “ya les hemos dado todo lo que quieren”. Lo que habla a las claras de las continuidades esenciales que acá pretendemos establecer.

El Cordobazo ya había significado un cimbronazo importante en el bloque de clases dominantes respecto de la capacidad reivindicatoria de la sociedad, tanto que hizo reconsiderar a ciertos sectores de la Iglesia Católica sus posturas respecto de la revisión crítica al apoyo que habían dado al antiperonismo, que la alejaban de los sectores oprimidos de la ciudadanía, y su participación en el proceso histórico de resistencia a la dictadura gorila y promoción del retorno al país del general Perón.

Por razones ajenas a los paupérrimos resultados que arrojaba el plan Martínez de Hoz ya para el año 1983, la vía militar cedió lugar a la democracia de la derrota: hasta diciembre de 2001 hubo, sí, gobiernos elegidos democráticamente, pero no fue sino hasta la consagración de Néstor Kirchner que la ciudadanía votó, además de gobierno, programa --y en realidad debería decirse que ello sucedió con mayor claridad cuando la primera victoria de Cristina Fernández, en el año 2007--.

La trama de intereses vertebrada en siete de años de dictadura condicionó de tal forma al Estado que ninguno de los presidentes que se turnaron en el poder hasta 2003, Alfonsín, Menem y De La Rúa, alteraron el curso dibujado por Martínez de Hoz siquiera en lo más mínimo. No casualmente varios actores del elenco dictatorial desfilaron por los gabinetes de la democracia de la derrota, indistinta e independientemente del color político del partido de gobierno de turno, durante casi 20 años.

Todo lo cual fue graficado a las claras en la columna de José Claudio Escribano con que La Nación editorializó la victoria presidencial de Kirchner en 2003, a través de la cual respondió a la negativa del entonces candidato a someterse al pliego de condiciones que, en tanto representación del establishment, Escribano, director del diario, pretendió imponerle días antes de conocerse el retiro de Carlos Menem de la segunda vuelta electoral a la que debía someterse frente al santacruceño, lo que definió la contienda.

La decisión de detener la investigación judicial que desembocó en el juicio a las juntas militares en el día 24 de marzo de 1976 obedeció a la necesidad --e imposibilidad, dada la correlación de fuerzas señalada-- de ocultar el devenir histórico previo al desplazamiento del gobierno de Isabel Perón, recorrido en este post, que implica un entramado sinuoso de sucesos que resultan imposibles de ser metabolizados por medio de la linealidad de la teoría de los dos demonios, todavía incapaz de explicar la amplitud del espectro represivo, que excedió y en mucho a los integrantes de las organizaciones revolucionarias que caracterizaron el retorno del peronismo al poder en 1973.

Quien quiera oír que oiga. Por las 30 mil almas caídas durante el Proceso, y por otras tantas que murieron a manos de la miserabilización planificada como política de Estado en dicho período, impecable y premonitoriamente advertida por Rodolfo Walsh en la carta abierta a la Junta que le costó la vida, y que sintetiza a la perfección el ciclo histórico que se inició en 1975 y se extendió hasta el 20 de diciembre de 2001, cuando estalló por, sencillamente, imposibilidad material de prolongación.

Y por que Martínez de Hoz nunca descanse en paz.

¿Ella o Francisco?

Una gran cuestión de la política local por estas horas, créase o no, pasa por el interrogante respecto de la medida en que el papa Francisco podrá intervenir, en el supuesto caso que decidiera hacerlo, en el devenir de la competencia institucional interna. Más allá de que el sólo planteo de algo semejante revela por parte de quienes lo exponen --a contrario sensu de lo que pregonan-- escaso o nulo apego al Estado de Derecho, el asunto ofrece aristas interesantes.

La discusión en Argentina discurre entre lo que se denomina primera minoría, el kirchnerismo, sólida, compacta, decidida y con capacidad de acción, por un lado; y por el otro una masa inorgánica, invertebrada y por tanto estéril a la hora del debate por las decisiones de gobierno.

El dato por lejos más relevante de este escenario es que si los primeros no otorgan su concurso a la reformulación del actual contrato electoral, el sistema es incapaz de rodar.

Ese pliegue es un dato no menor, incluye a su interior las dudas en torno a un hipotético escenario poskirchnerista. Esto ya fue advertido por la que quizás sea la cabeza más lúcida de la oposición, Carlos Pagni, quien en su momento llamó la atención sobre el, por ponerlo así, peso relativo del piso de 35% oficialista (2009) si resultara quedar huérfano de representación cuando muchos exigían la salida de los Kirchner de la escena pública.

No casualmente el principal expediente opositor circula alrededor de escritorios del armado del Frente para la Victoria. No se trata de la mera necesidad de quebrar una ecuación matemática, por cierto: se requiere de algún acuerdo con al menos parte de esa fracción si se pretende alterar el rumbo actual en un sentido tal que dicho segmento, insístase que con capacidad de decisiva al menos de veto, no está dispuesto a convalidar. No a la vista hoy, al menos.

Por la contraria, lo certero de la tesis del operador de La Nación puede comprobarse en el derrotero de quienes se ubican en la vereda de enfrente al gobierno nacional.

Ante una oposición que festejó que la excluyesen del famoso 8N (“¡qué bueno que no hay política metida en esto!”, dijeron al respecto) y se coloca por fuera de la disputa representativa por voluntad propia (‘ella o vos’, dice un dirigente, sin aclarar de qué juega él en ese baile), que es lo más grave, pues renuncian al rol que constitucionalmente tienen asignado, no sorprenden las reacciones caceroleras para con el periodismo que no le hace el coro, la deriva del sindicalismo desde hace poco opositor o un ataque patotero como el que sufrió Axel Kicillof.

Se trata de la salida fronteras afuera del pacto de convivencia social.

En este último sentido, entonces sí, no resulta inesperado que se intente capitalizar en clave doméstica la coronación de Jorge Bergoglio, cuya pertenencia opositora durante su desempeño en la iglesia argentina no fue un misterio para nadie. Ahora bien: ¿qué se supone que debería o que podrá hacer para auxiliar a la derrota del oficialismo, y cómo? ¿Cómo lograría que el voto opositor disperso se uniera en derredor de un trazo proyectivo común que lo sintetice?

Las preguntas sin respuestas evocan la magnitud del dilema que tienen ante sí los restos de lo que fuera el Grupo A, al tiempo que reproduce, renueva la ausencia de voluntad de la dirigencia local para actuar en función de producir de algún hecho que pueda alterar el curso histórico.

Incluso ahora, con el advenimiento del nuevo obispo de Roma, se han sentado a esperar que llueva. Excepción hecha, claro está, y como de costumbre, de los cuadros mediáticos, que organizan el antagonismo real en Argentina, en reemplazo de la incapacidad del resto del arco parlamentario, y que por estas horas editorializan cualquier mínimo gesto del Papa como si se tratasen, cada uno de ellos, de ejercicios de antikirchnerismo militante. Entretanto, la presidenta CFK --igual que el resto de los presidentes de la región--, sin perder tiempo, ya ha iniciado el tirado de líneas de entendimiento con Francisco.

Al mismo tiempo, el episodio expone la falsedad de algunos de los términos sobre los que cabalga la marcha de nuestro sistema político/partidario. Porque no se entiende a cuento de qué estaría haciendo falta la mano nada menos que de un papa para competir contra un gobierno cuyo futuro, nos cuentan, hace rato ingresó en zona de jaque mate.

Muy por el contrario, lo que se observa con nitidez, y sin necesidad de efectuar demasiado esfuerzo, es la primacía del liderazgo de la Presidenta al interior del peronismo, siendo que es la única dirigente del movimiento capaz de convocar fuerzas con poder institucional y territorial concreto, como lo demuestran las cumbres de gobernadores e intendentes que le vienen renovando adhesión seguido en los últimos meses.

Así las cosas, no es de extrañar que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, no quiebre sus actuales pertenencias. Hacerlo implicaría saltar hacia un vacío de ecos constatado por la totalidad de los datos computados en este texto. De La Sota es un caso aparte: está habilitado constitucionalmente a una reelección que le permita aguantar en su provincia.

Y eso que acá se ha elegido dejar de lado que Francisco tendrá, en el Vaticano, cosas bastante más embrolladas de qué ocuparse que la esterilidad del archipiélago antikirchnerista. En cualquier caso, la historia de la política universal no enseña mucho sobre milagros; sí de construcciones metódicas, pacientes, trabajosas. En definitiva, de voluntad.

Y ése es un vacío que todavía no encuentra, ni parece que vaya a encontrar en lo cercano, respuestas.